La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia tuvo un carácter parcial. Los mandos medios y los reductos paramilitares que persistieron después de cerrado el ciclo de negociación fueron el reservorio de las nuevas bandas criminales.
En agosto de 2007 a través de la Policía Nacional el gobierno del presidente Uribe acuñó la denominación Bandas Criminales –Bacrim-para designar a los diversos grupos del crimen organizado que aparecieron en el país después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Dijo en su momento que se trataba de organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico que nada tenían que ver con los antiguos paramilitares. Quería el gobierno despojar a estas expresiones delincuenciales de cualquier connotación política y social. Quería señalar que la negociación con las Autodefensas había sido un éxito completo y bien podíamos doblar la página del paramilitarismo en Colombia.
A partir de esas definiciones el general Óscar Naranjo, en ese entonces director nacional de la Policía, trazó una estrategia de combate a las bandas criminales cuyo elemento central era la captura o baja de objetivos de alto valor. Se trataba de perseguir a las cabecillas de estos grupos mediante sofisticadas operaciones de inteligencia y dar partes de victoria con mucha frecuencia. Naranjo que, además de haber liderado la inteligencia desde los años noventa, es un comunicador excepcional, logró un gran impacto en la opinión pública y generó confianza en la ciudadanía con la captura de más de una centena de jefes de las bandas. Se pensó entonces que le estábamos ganando la batalla al crimen organizado y que era cuestión de pocos años la desaparición o reducción definitiva de las grandes estructuras criminales.
Pasados siete años, por encargo de Conflict Prevention, nos hemos ocupado de hacer un estudio de la situación de las bandas criminales para descubrir la presencia territorial, los mercados y rentas que controlan, la influencia social y política que tienen y la manera como están asumiendo las negociaciones de paz que el gobierno nacional adelanta con las guerrillas. Sobre esa base queremos contribuir a dibujar una política del Estado colombiano y de la comunidad internacional frente al crimen organizado en función del postconflicto con las guerrillas.
El estudio ha tomado los departamentos de Valle, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Meta y Magdalena como casos a partir de los cuales hacemos una radiografía general del fenómeno. Se realizaron entrevistas con autoridades locales o con líderes sociales y políticos de las zonas más afectadas por las bandas, se establecieron contactos con personas cercanas o participes de ellas, se recogieron los informes que entidades públicas y privadas han hecho sobre las bandas en estos últimos años y se utilizaron los estudios y reportes que año tras año ha hecho el equipo de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación que es el mismo que antes le hizo el seguimiento a este tipo de organizaciones desde la Corporación Arco Iris.
Las conclusiones no son muy alentadoras. Ahora podemos decir que la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia tuvo un carácter parcial y que los mandos medios y los reductos paramilitares que persistieron después de cerrado el ciclo de negociación fueron el reservorio de las nuevas bandas criminales.
Estas fuerzas florecieron en la mayoría de los territorios donde dejaron las armas los bloques paramilitares, sólo que ahora ponen mayor atención a los centros urbanos y han cambiado sus modalidades organizativas acudiendo a un funcionamiento en red en vez de las estructuras verticales que habían tenido en la fase anterior. Persisten en el negocio del narcotráfico, pero derivan con gran eficacia hacia el microtráfico en las grandes ciudades y al tiempo han ampliado su participación en la minería ilegal, en el contrabando de muy diversos productos, en la trata de personas, en la extorsión, en el robo de celulares y de autopartes, componiendo un portafolio diverso y potente.
Insisten en la infiltración y en la cooptación política y social en varias regiones del país, sólo que en las elecciones de 2010, 2011 2014 la forma principal de su influencia fue la movilización de grandes sumas de dinero en función de candidatos afines a sus intereses y no la presión violenta. Las amenazas y la muerte a líderes de la restitución de tierras, a defensores de derechos humanos y a promotores de las negociaciones de paz, son actividades que ligan, abiertamente, a las bandas criminales con el pasado paramilitar, pero ahora sólo, en ocasiones, apelan a un discurso antisubversivo y en algunas zonas son palpables las alianzas con las Farc y el Eln.
También hubo variaciones en el entronque con el crimen transnacional y acoplándose a las nuevas realidades nacionales ampliaron sus alianzas con los carteles mejicanos de las drogas y migraron hacia al sur del continente participando en redes criminales tanto en la Zona Andina como en Brasil y Argentina.
Lo encontrado en las seis monografías regionales dice entonces que hay a la vez continuidades y diferencias entre las bandas criminales de hoy y la organización que adoptó el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia a finales del siglo pasado y principios de este. La minimización de las continuidades y la exageración de las diferencias de estas organizaciones con los antiguos paramilitares, ha llevado a los organismos de seguridad del Estado y a la dirigencia política del país a cometer errores en las estrategias para Combatirlas. Asignarles el rol exclusivo de narcotraficantes y no ver la diversidad de negocios que tienen en sus manos y el control social que ejercen en muchas zonas del país, lo mismo que las diversas relaciones que ostentan con sectores políticos y empresariales y con miembros de la Fuerza Pública a los más altos niveles, ha limitado el alcance de las estrategias para buscar el desmonte de estos grupos.
http://www.elespectador.com/noticias/politica/bandas-criminales-y-el-posconflicto-articulo-618625
