Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2010
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena y repudia la muerte violenta del señor Óscar Maussa, líder campesino que reclamaba la restitución de la finca “La Esperanza”, de la Cooperativa de Trabajadores Agropecuarios de Blanquicet (Cootragroban).
El señor Maussa murió violentamente, como resultado de un golpe contundente, el 24 de noviembre, en la vereda Cañito, municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar. La víctima y su familia fueron desplazados en 1997 del corregimiento de Blanquicet, municipio de Turbo, Antioquia, junto a otras 11 familias pertenecientes a Cootragroban, por miembros de grupos paramilitares. Desde septiembre de 2006, contaba con medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2010 la Oficina ha conocido y condenado amenazas, hostigamientos y asesinatos de otros líderes y lideresas campesinos y desplazados que adelantaban procesos de restitución de tierras en Antioquia, Cauca y Sucre, como los asesinatos de Hernando Pérez, Alexander Quintero y Rogelio Martínez.
“Es urgente que el Gobierno defina e implemente una política de protección integral al proceso de restitución de tierras. La protección de las víctimas que reclaman tierras, así como de sus organizaciones, debe tener la misma prioridad que la restitución como tal, porque el Estado ante todo tiene la responsabilidad de proteger la vida”, manifestó Christian Salazar, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Ante esta alarmante situación, es necesario un mayor esfuerzo del Gobierno para prevenir la violencia y, si ocurre, impedir que quede en la impunidad. La obligación de prevenir es ineludible cuando, como en este caso, hay un conocimiento de un riesgo real e inmediato, contra un individuo o grupo de individuos determinado y el Estado tiene posibilidades razonables de minimizar o evitar ese riesgo.
La Oficina recomienda al Estado la adopción de un programa de protección integral que complemente las medidas necesarias de seguridad pública, incluyendo análisis de riesgo a nivel local y apoyo político, técnico y financiero a personas y organizaciones comunitarias y de víctimas que reclaman la restitución de sus tierras.
La Oficina expresa sus condolencias y solidaridad a los familiares del señor Oscar Maussa y a las personas que trabajan en la restitución de tierras en el país, en particular a las familias agrupadas en Cootragroban.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2010/11/cp1037.pdf
