La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, senora Mary Robinson, presentó el 14 de abril el Informe sobre Colombia correspondiente al año 1999. El documento fue entregado a la Comisin de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante su 56 período de sesiones en Ginebra, Suiza.
El Informe contiene observaciones y análisis sobre aspectos específicos referentes a la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario que vive el país. Así mismo, formula recomendaciones de carácter constructivo, que buscan el mejoramiento de dicha situación mediante la cooperación estrecha con las autoridades y la sociedad colombianas.
Si bien se reconocen aspectos positivos por parte del Estado, tales como la exclusión de los menores del conflicto armado, la presentación del documento de política gubernamental en materia de DH y DIH, así como la nueva directiva presidencial para la protección de los derechos humanos, en el documento se revela que durante 1999 continuaron presentándose graves violaciones a los derechos humanos con efectos devastadores sobre la población.
El Informe señala con preocupación la expansión del fenomeno paramilitar, el incremento de las masacres y otras graves violaciones a los derechos humanos por parte de estos grupos, así como la falta de una política de Estado para combatirlos.
Entre las acciones atribuidas a la guerrilla, se resaltan los homicidios, los ataques indiscriminados, el reclutamiento de menores y los secuestros, incluyendo los secuestro masivos.
Asi mismo el documento reseña que la degradación del conflicto armado llego a niveles aberrantes de crueldad.
También se destaca el agravamiento de la situación del desplazamiento interno, así como la preocupación porque el Estado no ha proporcionado los recursos necesarios para los programas de protección a la población amenazada, a pesar de las advertencias de la Oficina para que se adopten las medidas de precaución necesarias.
Igualmente llama la atencion el hecho de que los diálogos de paz no siempre estuvieron estrechamente vinculados a los derechos humanos.
Con respecto a la agenda legislativa, se evidenciaron posiciones poco claras debido a las objeciones presidenciales al proyecto de ley sobre desaparición forzada, genocidio, desplazamiento y tortura. A lo anterior se sumó la objeción presidencial al nuevo Codigo Penal, así como el reemplazo de la justicia regional por la «justicia especializada» que mantiene varias restricciones a las garantías judiciales y el hecho de que el nuevo Código Penal Militar recoge insuficientemente las recomendaciones internacionales sobre la materia.
Finalmente, el Informe incluye veinte recomendaciones, entre las cuales:
* Se reitera al Estado la importancia de dar prioridad a los DH y poner en práctica una política efectiva, coherente e integral para su protección y respeto.
* Se insta a todas las partes del conflicto armado a respetar el DIH, mediante la protección de la población civil.
* Se alienta al Gobierno, a los actores en el conflicto y a la sociedad colombiana a continuar los esfuerzos para llegar a una solución negociada del conflicto armado.
* Se «insta nuevamente al Estado a combatir efectivamente el paramilitarismo y a lograr su desmantelamiento definitivo, mediante la captura, el juzgamiento y la sanción de quienes lo inspiran, organizan, comandan, integran, apoyan y financian, incluyendo a los servidores públicos vinculados al mismo».
* Se reafirma la obligación del Estado de actuar de manera urgente frente al grave problema del desplazamiento.
* Se exhorta al Estado a asumir la responsabilidad de fortalecer los programas de protección.
* Se reafirma la obligación del Estado de luchar contra la impunidad, así como de tipificar la desaparición forzada y otras violaciones a los DH y al DIH y aplicar los principios internacionales en materia de Justicia Penal Militar.
* También se hacen recomendaciones con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de la mujer, los niños y las minorías étnicas, entre otros.
