El uso de medios y métodos de combate que no pueden dirigirse de manera precisa contra un objetivo militar concreto y cuyos efectos no es posible limitar constituyen per se ataques indiscriminados. La Oficina reitera que los ataques indiscriminados son un grave incumplimiento de los principios de limitación, distinción y proporcionalidad y todos los grupos armados ilegales deben respetar, sin excepción, la vida, la integridad y los bienes de la población civil. Además, reitera que la ubicación de estaciones de policía y bases militares debe respetar la normativa internacional y no establecerse en las cercanías de bienes protegidos, como las escuelas.
La Oficina recuerda con preocupación que la situación de riesgo en el municipio de Roberto Payán no es inesperada y que fue objeto de informes de riesgo y seguimientos por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, el último el 8 de enero de 2009, e incluso el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) emitió una alerta al respecto. La presencia y accionar de varios grupos armados ilegales en la zona, el alarmante número de minas antipersonal, así como las reiteradas amenazas a líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos y líderes indígenas siguen poniendo en riesgo a la población civil no sólo de Roberto Payán, sino también de otros municipios aledaños como Barbacoas y Magui Payán.
Las valoraciones de riesgo, que todavía siguen siendo de extremada gravedad para la población de esta zona de Nariño, exigen una respuesta enérgica, pronta y eficaz de las autoridades competentes. En este sentido, la Oficina alienta a las autoridades a hacer un mejor uso de las detalladas alertas formuladas por el SAT y el CIAT y a emprender estrategias integrales para enfrentar a todos los grupos armados ilegales sin involucrar y poner en riesgo a la población civil.
La gravedad de los hechos ocurridos y su previa advertencia pone de manifiesto la importancia del SAT. La Oficina reitera la necesidad de que el SAT cuente con todo el respaldo y recursos necesarios por parte de la Defensoría del Pueblo y del Estado para continuar su labor con eficacia en todo el territorio nacional.
La Oficina expresa su más sentido pésame y solidaridad a las familias de las víctimas.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2009/01/cp0901.pdf
