Este Informe se presenta un año después de ocurridos los trágicos hechos de Bellavista, en Bojayá (Chocó), lugar en donde las FARC-EP lanzaron una pipeta de gas que estalló en la iglesia parroquial, donde se refugiaba gran parte de la población de localidad. En la masacre murieron 119 personas.
El Informe se ha elaborado con el fin de dar a conocer los resultados del seguimiento hecho por la Oficina a la puesta en práctica de las recomendaciones formuladas, el 20 de mayo de 2002, en el informe rendido tras concluir su misión de observación en el municipio de Bojayá (Chocó).
Este Informe de seguimiento tiene el propósito de contribuir a impulsar la actuación de las instituciones estatales en el Medio Atrato, para dar respuesta a las necesidades de la población de aquella zona, en especial a los sectores más vulnerables, como las comunidades indígenas y afrocolombianas.
En el Informe se evalúa la manera como el Estado ha cumplido las recomendaciones formuladas en 2002 por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en materia judicial y disciplinaria de orden público, de desplazamiento, de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, de cumplimiento del derecho humanitario, de paz y, finalmente, de cooperación con la Oficina.
El Informe señala que un año después de ocurridos los trágicos hechos del 2 de mayo de 2002 la población de la zona continúa viviendo en condiciones muy poco satisfactorias de calidad de vida.
El Informe destaca que esa población se enfrenta a condiciones precarias de seguridad, padeciendo, en particular, numerosas y graves infracciones del derecho internacional humanitario cometidas por integrantes de las FARC-EP, el ELN y los grupos paramilitares.
El Informe da cuenta de denuncias sobre infracciones de la normativa humanitaria atribuidas a miembros de las fuerzas militares.
El Informe señala como positivo el hecho de que en mayo de 2003 el Presidente de la República haya tomado la decisión de acelerar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en Bojayá, y de fortalecer la coordinación entre las distintas entidades estatales involucradas en tal esfuerzo.
Las recomendaciones complementarias del Informe de seguimiento de la Oficina son las siguientes:
§ Acelerar la ejecución de los programas previstos, en coordinación permanente con las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región, garantizando la disponibilidad de los recursos necesarios y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Igualmente, debe asegurarse la asunción oportuna por parte de las autoridades departamentales y municipales de sus responsabilidades en la materia, así como la determinación clara de las competencias institucionales para dar respuesta efectiva a las comunidades indígenas.
§ Completar la respuesta estatal ya prevista con la adopción de programas y acciones que garanticen una respuesta integral, incluyendo proyectos productivos y programas para mejorar la atención de salud y el acceso a la educación y a otros servicios básicos. Esos programas deben igualmente atender las necesidades de las comunidades más vulnerables no comprendidas en los programas actuales, como es el caso de las comunidades indígenas y de aquellas del área rural. Asimismo, es urgente la definición de una política para responder a las necesidades específicas de la población desplazada no retornada, principalmente en la ciudad de Quibdó, y adoptar las medidas correspondientes.
§ Definir e implementar, de manera complementaria, y con el fin de consolidar el impacto de los programas arriba mencionados, una política que prevea acciones a corto, mediano y largo plazo para contrarrestar progresivamente el tradicional retraso del departamento del Chocó en materia de desarrollo y de goce de los derechos económicos, sociales y culturales.
§ Satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Para ello debe avanzarse prontamente en el proceso de identificación de los cuerpos de las personas fallecidas en Bellavista el 2 de mayo de 2002. Asimismo, debe adelantarse la pertinente investigación exhaustiva de todos los hechos y responsabilidades denunciados, pues ello representa un factor determinante en la realización efectiva de los derechos ya mencionados.
§ Afianzar las medidas de seguridad ya adoptadas, mediante una mayor participación de las instituciones civiles del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil en la definición y puesta en práctica de las políticas y medidas de prevención y de protección. En este sentido, resulta fundamental continuar en el proceso de concertación para racionalizar y moderar las restricciones impuestas a la movilización de las personas y al transporte de bienes de primera necesidad, restricciones que hoy afectan indiscriminadamente a la población civil.
El Informe exhorta de nuevo a los grupos armados al margen de la ley presentes en el departamento del Chocó, en particular a las FARC-EP, al ELN y a los grupos paramilitares, a respetar a la población civil y a abstenerse de actos que vulneren o pongan en peligro la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de los civiles.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2003/07/cp0314.pdf
