Algunos aspectos de la nueva disposición en vigor dan respuesta a recomendaciones y preocupaciones ya adelantadas por la Oficina en el contexto del debate de la propia Ley N°975 del 2005. En particular, se cuestionó el haber hecho depender la reparación a las víctimas únicamente de los bienes y recursos que los victimarios quieran declarar y entregar.
El Decreto N°1290, en este contexto, merece ser recibido como un primer paso para reconocer la importancia de un acceso efectivo a la reparación de una parte de las víctimas. La Oficina considera sin embargo que la norma puede seguir siendo mejorada para atender plenamente los principios internacionales y, entre otros aspectos, no limitarse a beneficiar sólo a una categoría de víctimas.
En su último Informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que la disposición de buscar las mejores respuestas a las expectativas legítimas de las víctimas es una obligación permanente del Estado. La Oficina alienta al Gobierno a continuar ampliando este esfuerzo, a fin de garantizar reparación integral para todas las víctimas del conflicto armado interno que enfrenta Colombia.
La Oficina reitera su disposición para seguir trabajando a favor de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, así como las garantías de no repetición, que son esenciales para la recuperación de condiciones de convivencia respetuosa y de vigencia de los derechos humanos de todas las personas en el país.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2008/04/cp0811.pdf
