Transcripción Rueda de Prensa de presentación del Informe Anual sobre la situación de Derechos Humanos en 2008

Llevo en el país muy pocos días y es un honor para mí representar a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia y por cierto una gran responsabilidad que asumo con mucho entusiasmo y con mucho sentido de responsabilidad. Tal vez quisiera empezar diciendo algunas palabras sobre mi fondo profesional, lo que he trabajado. Yo trabajé en UNICEF por muchos años, ahora llego como Representante de Unicef en Irán, antes fui Representante adjunto de Unicef en Vietnam y antes de eso en Guatemala. También trabajé para agencia de cooperación alemana, la GTZ, como asesor en derechos humanos y juventud en Guatemala, después de la firma de los acuerdos de paz en este país. Tengo un doctorado en ciencias políticas y una maestría en comunicación, economía y filosofía. Mi especialización en derechos humanos, es sobre todo, en derechos de la niñez.

He trabajado muchos años en enfoque de políticas públicas y programas de cooperación. He prestado servicios, apoyo, asesoría a diferentes entes de derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la Comisión de Verdad de Guatemala, la comisión de la verdad de Sierra Leona. He trabajado como perito en caso de violaciones de derechos humanos en la Corte Interamericana para los Derechos Humanos, una experiencia para mí muy particular, muy importante fue el apoyo que tuve la oportunidad de dar a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, bajo el liderazgo del entonces de monseñor Gerardi que es un ejemplo para mí en la vida, en mi vida profesional.

Es decir es un poco mi fondo. Tal vez podría decir que desde mi llegada voy a tener la oportunidad para encontrarme, entrar en diálogo con el mayor número de sectores de la sociedad en Colombia. Tanto con el gobierno, organización judicial, parlamento, también reuniones amplias con la sociedad civil, los empresarios, la iglesia, con ustedes los medios de comunicación. Porque para mí en esa fase, obviamente, que yo vengo de tierras muy lejanas estoy en fase de orientación, de aprender sobre el país, conocer los diferentes actores para ver dónde puede ser útil. Esta semana básicamente ya se inició con reuniones con el Vicepresidente, con el Canciller, pero también con representantes de organizaciones de víctimas del país, defensores de los derechos humanos. Así que esta es mi idea, después de esta jornada de esta semana voy a viajar muy pronto al interior porque me parece importante conocer Colombia y las visiones de los colombianos fuera de Bogotá. Como ustedes saben, tenemos Oficinas en Cali, Medellín y Bucaramanga. Voy a visitar esas Oficinas lo más pronto posible, tanto para conocer los colegas que hacen el trabajo de nuestra Oficina pero también para reunirme con autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil.

Como ustedes ven yo soy realmente novato y vengo de tierras muy lejanas bastante diferentes que Colombia entonces yo pido su paciencia y obviamente también su comprensión que la presentación del informe del alto Comisionado sobre los acontecimientos del año pasado es algo que solo realmente voy a introducir con algunos comentarios, unas ideas muy generales y la presentación sustantivas y las respuestas a la mayoría de preguntas que ustedes puedan tener sobre la situación Colombia las va a poder responder mi colega Javier, que es el adjunto pero ustedes saben que lo han visto, que él ha estado al mando de esta Oficina por un largo período todo el año pasado y un poco más incluso. También están mis colegas del equipo de trabajo. Aprovecho la ocasión para felicitar el equipo de la Oficina acá por su trabajo y en especial a Javier por el liderazgo.

El informe tal como lo presentamos hoy fue puesto en público en la página web ayer, pero la discusión formal en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra se llevará a cabo el 25 de marzo, sin embargo lo presentamos hoy ante ustedes.

Introduciré algunos comentarios generales. Primero sobre el contexto internacional porque este informe si se presenta en un período de especial atención de la comunidad internacional por la situación de derechos humanos en Colombia. Hay una serie de eventos que ustedes algunos conocen otros no, como saben la Alta Comisionada ha visitado el país en octubre, fue su primera visita después de su nombramiento, puso mucha atención a la situación del país y al trabajo de nuestra Oficina. Colombia también fue uno de los primeros países que se presentó a un nuevo mecanismo de evaluación de derechos humanos que se llama el Examen Periódico Universal. Había unos acontecimientos muy importantes el año pasado. También nos han informado que el gobierno colombiano aceptó la visita de cuatro relatores especiales de derechos humanos para este año 2009. Por ejemplo el Relator para ejecuciones extrajudiciales, el Relator para la independencia de los jueces, Relator para los defensores de derechos humanos y el Relator para pueblos indígenas.

Para nosotros es una expresión de buena voluntad del gobierno de Colombia de seguir colaborando con el sistema internacional de derechos humanos y esperamos que pronto se fijen fechas para que estos relatores puedan venir. También en 2009 Colombia será revisada por cuatro órganos de tratados de derechos humanos en Ginebra. Va a haber mucha atención. La hubo el año pasado y la va a haber este año y este informe se presenta dentro de este marco de atención a la situación que nos parece muy positivo. Al mismo tiempo, el mundo a traviesa por la mayor crisis financiera que se ha visto desde muchas décadas y es razón de preocupación para nosotros porque el cumplimiento con los derechos humanos tiene en su centro la voluntad política de cambiar las cosas pero también se necesitan fondos, y tenemos cierta preocupación de que puedan haber recortes de fondo tanto en el presupuesto estatal pero también de la cooperación internacional. Y lo que se necesita en términos de inversión, en fortalecimiento institucional, por ejemplo el sector de justicia que es importante para lograr cambios estructurales a largo plazo es algo en lo que queremos llamar la atención y lo hemos dicho también a los embajadores antes de esta reunión que por favor protejan los presupuestos para derechos humanos para Colombia.

Un segundo comentario es sobre el proceso de elaboración de este informe que lo hemos discutido con los colegas. Es importante resaltar que es un informe que representa el trabajo de la Oficina con todos los actores institucionales del país en materia de derechos humanos. Es decir, es la expresión de la colaboración, del diálogo estrecho de la Oficina con las diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales en Colombia. Este informe es la expresión del compromiso de la Oficina de ejercer su mandato completo en observación, cooperación técnica, etc en Colombia.

Un tercer comentario, van a ver que sí reconocemos y valoramos mucho que hay algunas mejoras en materia de derechos humanos en Colombia. Lo valoramos, lo reconocemos, la Alta Comisionada lo está haciendo también y es bueno señalar eso para continuar con las mejoras en los años que vienen. Al mismo tiempo, el informe también señala que la situación sigue grave, que hay muchas dificultades, que el país tenía que confrontar en materia de ddhh. Señalo algunos temas: las ejecuciones extrajudiciales, la dificultad de las víctimas de acceder a justicia, verdad y reparación; la situación de los defensores de derechos humanos en el país que están enfrentando amenazas contra su vida, su propiedad, desapariciones, que es algo inaceptable realmente; la situación y el sufrimiento de las personas secuestradas y de sus familiares. Yo me encontré ayer con familiares de personas secuestradas e impacta en uno lo que viven, lo que cuentan.
Realmente quiero aprovechar la oportunidad de expresar mi solidaridad, tanto con los defensores de derechos humanos que están con mucha presión como con los familiares de quiénes sufren un largo tiempo en cautiverio, que sufren el secuestro.

Finalmente comento la preocupación de esta Oficina del surgimiento de nuevas bandas, de nuevos grupos armados y la violencia que desatan en contra de la población es otro tema importante que este informe subraya.

Es a manera de introducción, espero incorporarme rápido al equipo, serle útil al país, contribuir al avance de los derechos humanos, en diálogo y trabajo constructivo con todos los actores de la sociedad colombiana, nacionales e internacionales porque estos temas sólo se solucionan cuando se traba de la mano con todos los entes de buena voluntad que quieran ayudar. Paso la palabra a mi colega Javier.

JAVIER HERNÁNDEZ VALENCIA (Representante Adjunto)

Buenos días. Gracias a todos por su presencia. A Cristián Salazar, nuestro nuevo Representante por sus palabras introductorias y quiero hacer la presentación del contenido del informe de este año.

El informe continúa el trabajo de monitoreo iniciado en 1.997 con la instalación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. No quiero ahondar sobre el mandato de la Oficina pero quiero rescatar el hecho de que en estos ya casi 12 años de trabajo ininterrumpido, la Oficina se ha fortalecido y ha logrado extender sus capacidades profesionales, técnicas, de monitoreo, de asistencia técnica, asistencia jurídica e información pública de manera considerable. La Oficina es hoy la segunda Oficina más grande del planeta, de la estructura de la Alta Comisionada.
Es para nosotros un honor contar ahora con la dirección de una persona tan calificada y con tan vasta experiencia como Christian Salazar. La Alta Comisionada visitó el país el año pasado, y esta breve introducción respecto a qué somos en su estructura de trabajo se vio respaldada por su presencia en Colombia. Para ella, quién asumió el cargo el primero se septiembre de 2008, hacer una visita de terreno era una decisión y un mensaje estratégico. Y decidió que esa primera visita se hiciera a Colombia, por la importancia de la Oficina, por la centralidad de su mandato, por la importancia que tiene para ella mantener en alto la preocupación internacional respecto a Colombia en un mundo tan lleno de dificultades en otros lugares del planeta.

La Alta Comisionada fue recibida por el presidente y le expresó que, su preocupación por la persistencia de retos estructurales en derechos humanos era permanente. Destacó también la mayor atención que se ha prestado por parte del Gobierno a algunas de las políticas sugeridas por la Oficina. Pero esta atención internacional no se limita sólo a la Alta Comisionada. Recordemos que el año pasado visitó el país la señora Radhika Coomaraswamy quién es la representante especial, del Secretario General de Naciones para la cuestión General de los niños y las niñas en situaciones de conflicto armado. Deben ustedes tomar nota que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado una resolución, la Resolución 1612, que es un mecanismo de reporte ante el Consejo de Seguridad por parte del Secretario General a través de esta Representante suya, y en la lista de países sugeridos como países bases de monitoreo se encuentra Colombia.

La visita de la señora Coomaraswamy ha permitido luego de fructíferas negociaciones, que el gobierno acepte la instalación de un mecanismo nacional de Naciones Unidas para reportar ante el Consejo de Seguridad sobre esta situación. Otras visitas importantes han sido la del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria y en visitas no oficiales, Colombia se ha beneficiado con la presencia del relator para independencia de jueces, fiscales y abogados, el señor Leandro Despouy, que participó en Décimo segundo encuentro de la jurisdicción ordinaria en Cartagena el año pasado. El Relator de las Naciones unidas para Libertad de Expresión, señor Frank La Rue quién también ha emitido un pronunciamiento sobre la situación de unos de vuestros colegas en el país. El Relator para el Derechos a la Educación y el Representante del Secretario General para los Desplazados. Igualmente el año pasado, cerrando este ciclo de atención internacional, de los diversos órganos de Naciones Unidas, tuvo lugar el 10 de diciembre con la presentación voluntaria de Colombia ante sus pares, miembros del Consejo de Derechos humanos y otros Estados, que atendieron esa cita, en el Examen Periódico Universal.

La Alta Comisionada estuvo en Arauca e hizo alusión a esto que les menciono. Para nosotros además la importancia de llevarla más allá de los horizontes de la meseta cundiboyacense, y llevarla a uno de los lugares donde la situación de goce y disfrute de los derechos humanos y el impacto del conflicto armado son de los más graves, es importante.

Quiero entrar a los temas que se desarrollaron en el índice del informe.

El primero es la protección del derecho a la vida y el estudio que hacemos sobre ejecuciones extrajudiciales. Como saben, el año pasado, fruto de la confluencia de varias preocupaciones, instituciones, voluntades y, sobre todo, las voces de las madres, se pudo dar un debate sobre las llamadas ejecuciones extrajudiciales, por ustedes bautizadas como ‘falsos positivos’. Quiero recordarles que esta situación, estos elementos nuevos de un patrón de conducta ilegal, fueron detectados desde antes en el informe correspondiente al año 2007, cuando nuestro propio informe señaló que en el caso de Toluviejo, muchos de los elementos de reclutamiento, oferta que se habían hecho a jóvenes, ninguno de ellos menor de edad, desmovilizados de las autodefensas, que aparecieron en el término de 24 y 48 horas, luego reportados como ejecutados muertos en combate por unidades de la fuerza Pública, configuraban un patrón de preocupación que merecía ser atacado de manera inmediata y urgente.

Los hechos de Soacha y otros, demostraron que esa preocupación era claramente legítima. En la discusión de las medidas de remedio a este situación hemos constatado que la Fiscalía he asumido un rol activo y preponderante. En el informe se reporta al cierra de la fecha del informe un total de 716 casos que obran en poder la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH de la fiscalía General. Estos casos se remontan algunos, hasta 1.985. pero el hecho de que se hayan concentrado en la Unidad de Derechos Humanos revela, no sólo la explosión de las implicancias penales de esta situación sino una decisión de que uno de los organismos más calificados y especializados de la Fiscalía lo tome de manera directa. Las estadísticas señalan que, al cierre del informe, está hablando unas 1.171 víctimas, entre ellos 50 menores. Todos estos casos están siendo objeto de investigación. El corte estadísticos no es que todos esos casos sucedieron en el año 2008. El más grande número de casos se reporta desde el año 2.005, donde la estadística reporta 107, el año 2007, donde se agregan 193 adicionales, el 2007 donde se agregan otros 366 y el año 2008 había registrado 81 casos.

El patrón más preocupante que se ha dado a conocer de manera profusa a través de los medios, no abarca sin embargo todas las modalidades sobre las cuáles se han cometido posibles ejecuciones extrajudiciales. No todos los casos bajo investigación responden a la modalidad de presentación de un combate. Por lo tanto, creo que es importante que se mantenga el interés, no sólo de la Oficina sino de la opinión pública respecto a la evolución de estos casos. La Oficina ha insistido en que estos casos no sólo sean llevados ante el fuero ordinario, es decir la justicia civil, sino que se implementen políticas públicas que fueron anunciadas desde el año 2.007 y cuyo impacto y efecto no se hacía notar de manera evidente en el 2.008. en el diálogo con el gobierno, en la visita y discusión de casos específicos con las unidades del ejército hemos empezado a ver que esas políticas tienen por fin, un escenario de aplicación. Más evidente han sido las decisiones disciplinarias tomadas de manera tan drásticas para que estas políticas se cumplan.

El siguiente elemento que nos ha preocupado es el tema de la libertad y por ello de las detenciones ilegales arbitrarias sigue estando en el eje de las preocupaciones. El año pasado, lo dijimos ya, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias realizó una extensa visita al país con varias de sus miembros y el patrón de violación que se ha configurado es el uso intensivo, pero no calificado, es decir, no expuesto al tamiz de una crítica exhaustiva de testimonios de desmovilizados. Esos testimonios muchas veces han estado generados por alicientes e incentivos económicos o de otro tipo de beneficios y lamentablemente hay una serie de casos en las cuáles las órdenes de detenciones, lamentablemente inclusive, algunos casos de sentencia en primera instancia se han motivado única y exclusivamente, sin mayores elementos probatorios, en los decirles de estas personas.

El elemento siguiente es nuestra preocupación por el derecho a la integridad física, la tortura y otros casos crueles o inhumanos o degradantes ha sido un tema en el cual hay una recomendación específica al gobierno que es su adhesión, la ratificación del Estado Colombiano al protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura que permite que casos de tortura sean reportados y examinados directamente ante el Comité de el pacto. Casos que hemos detectado en Antioquia, Cauca, Chocó han afectado también en algunas instancias a los pueblos indígenas, a los grupos afrocolombianos y en general el maltrato de despliega sobre sectores muy deprimidos en contextos de protesta social. Y obviamente, y este es un tema que vamos a continuar trabajando, de los casos de tortura que están asociados a violencia sexual contra mujeres y niñas.

Dentro del tema de la preocupación por la integridad personal, los casos de desapariciones forzadas siguen siendo materia de observación. Los desaparecidos configuran un amplio espectro, de muchos años continuos de drama y preocupación de sus familiares. Las nuevas generaciones de desaparecidos no son ya los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales, los defensores de derechos humanos, los líderes de base. Son también jóvenes desempleados, pertenecientes a familias sin recursos que moran en barrios marginales o en zonas rurales apartadas. Siguen siendo, lamentablemente también defensores de derechos humanos y en algunos casos también, sindicalistas. Un segmento de estas desapariciones, parece responder a una práctica de intimidación entre grupos armados en el contexto de disputas por territorios en ciertas áreas específicas, muchas de ellas, áreas de desmovilizaciones, de los paramilitares y otros de ellos en donde la confrontación guerrillera, la confrontación con estos grupos y la confrontación con la fuerza pública sigue generando condiciones para la desaparición.

La Fiscalía ha asignado, el año pasado, 111 nuevos casos de desaparición a la Unidad Nacional de Derechos Humanos que es su unidad de élite para la investigación de estos casos. 111 casos que pertenecen a este movimiento de concentración de los casos más graves dispersos, a veces, no avanzando homogéneamente muchas veces en las fiscalías regionales, en Bogotá en la unidad Nacional.

Hay algunos elementos que merecen ser reforzados y necesitan de voces de aliento. Algunos desarrollos institucionales positivos, las comisiones de búsqueda urgente, los proyectos piloto, particularmente la experiencia del Magdalena Medio, que han dado resultados positivos en algunos casos y que ahora necesitan del apoyo no sólo político sino financiero estructural para que se puedan replicar y extender en todo el territorio nacional. Decimos, la ratificación de El Protocolo General de la Convención contra la Tortura sería deseable.

El otro gran campo de nuestro mandato es el derecho internacional humanitario. Un punto de partida de trascendente preocupación para la Oficina, reportado a lo largo de estos 12 años, es la negativa del Ejército de Liberación Nacional y de las guerrillas de las Farc a aceptar su obligación de sujetarse a las normas del DIH. Ese rechazo de principio a los límites de la guerra ha hecho que las acciones y muchas de ellas documentadas, imputadas a estos grupos abarquen desde los asesinatos selectivos, las masacres, los ataques indiscriminados, actos de terrorismo, uso de minas antipersonal, reclutamiento de niños y niñas, el desplazamiento forzado, la violencia sexual contra mujeres y niñas, el ataque a las misiones médicas y la toma de rehenes. Hechos de enorme impacto tienden a olvidarse con el paso del tiempo. El informe abunda en algunos de ellos, queremos solo resaltar los acontecimientos en Ituango, en agosto de 2008 en el que 55 personas resultaron heridas, 7 muertas. De estos 7 fallecidos un menor. Este menor y otros menores víctimas del conflicto armado serán materia del informe ante el Consejo de Seguridad por el Secretario General de Naciones Unidas en el marco de la Resolución 1612.

El tema del secuestro o toma de rehenes, en el marco del DIH, ha tenido sin duda, desarrollos, retos, planteamientos muy importantes a lo largo del año. Ha habido operaciones militares que han logrado el rescate indemne de los secuestrados, ha habido liberaciones unilaterales decididas por las Farc, ha habido escapes de personas sometidas a este flagelo con sus captores y ha habido otros que se han producido fruto de condiciones producto de la presión militar. Para nosotros el tema del secuestro, es un tema que no se limita a esas liberaciones o a la discusión sobre las condiciones de un acuerdo para la liberación de un grupo limitado de secuestrados. 2820 personas están en condición de secuestradas por multitud de actores armados y no solo las guerrillas. La Alta Comisionada ha expresado en reiteradas ocasiones, que la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas secuestradas, incluyendo aquellas que, retenidas por razón del conflicto sufren retenciones prolongadas en completo desprecio por las estándares internacionales mínimos de humanidad y dignidad, es una exigencia en la que no vamos a cejar.

Es también importante señalar que el DIH rige también para las fuerzas del poder Público y ha habido casos que se han podido documentar sobre infracciones cometidas por la fuerza pública que abarcan desde homicidios en persona protegida, desplazamiento forzado, ataques indiscriminados, ocupación de bienes civiles y, no reclutamiento de niñas y niños, pero uso de niñas y niños sobre la base de ofertas, regalos, para que den información. Esta exposición al peligro de niños y niñas es también un tema vedados por el DIH.

En esa misma línea de preocupación subsiste una preocupación prioritaria para la Oficina: su monitoreo sobre la actividad de los GAI algunos de ellos no desmovilizados, es decir, Grupos paramilitares que no participaron de los procesos de diálogo y las ventajas ofrecidas por la ley 175 de Justicia y Paz, y los grupos surgidos en nuevas y las mismas regiones donde operaron los grupos anteriores.

En este mapa se pueden ver algunas de las regiones donde operan estos grupos y sus denominaciones. El informe de la MAPP-OEA, hecho público el lunes, va un poco más allá de este mapa y adelanta la identificación de 25 zonas de alta conflictividad donde operan estos grupos. Grupos que involucran 153 municipios del país. En las filas de estos grupos se encuentran un número importante de ex miembros desmovilizados y no desmovilizados, reclutados voluntaria, y reclutados forzadamente de las organizaciones paramilitares. Y es ampliamente conocido que a la cabeza de algunos de estos grupos se encuentran hermanos o altos o importantes lugartenientes de los híper conocidos líderes paramilitares de la desmovilización de las AUC.

El reclutamiento de los desmovilizados se produce no solo por las ofertas que se les hace sino también por las amenazas que se les hacen para reincorporarse a la actividad armada. Varios cuadros medios de esas antiguas Autodefensas hoy van a la cabeza de estos grupos. Entonces surge el contexto general de cómo enfrentar estos grupos y por qué estos grupos deben ser enfrentados y en qué marco. El informe señala que las estructuras de estos grupos, los intereses, las maneras en que operan, pueden diferir de región a región. De hecho, eso hace que en algunas regiones sus vínculos, actividades o expresiones sean fundamental, predominantemente criminales. Sobre todo cuando se refieren al tráfico de drogas del crimen organizado. Pero, en otras regiones lo que hacen los grupos armados ilegales, es asesinar, amenazar de muerte, cometer otra serie de delitos como aquellos que tiene el carácter de limpieza social, jóvenes expresiones de contestación social, expresiones de diversidad sexual, que no se explican, ni se revelan solo como un ajuste de cuentas del narcotráfico.
En otras regiones, estas violaciones, victimizan a defensores de derechos humanos, a sindicalistas o a organizaciones de víctimas que han identificado tierras de esas regiones que han sido usurpadas por grupos paramilitares y entonces esa reivindicación por esas tierras los hace vulnerables. Es entonces importante destacar que el goce de los DDHH está siendo frontalmente afectado por la existencia y operación de estos grupos y por la extensión que han logrado. Entre esos grupos hay algunos que han adquirido claramente estructura y jerarquía de orden de combate y que nosotros señalamos, corresponden a las operaciones en Guaviare, Meta y Vichada de las ERPAC (Ejército Revolucionario Popular de Colombia), Las Autodefensas Unidas Nueva Generación que operan en Nariño. Esa zona de gris, de la cuál hablábamos empieza a definirse con colores propios de estructuras paramilitares para nosotros en estos casos. Y esas estructuras son capaces, no sólo de ejercer esa violencia contra la población civil, sino además de planear, ejecutar y mantener una intensidad de sus operaciones, que las equivalen a operaciones de tipo militar, y que no requieren, no es un requerimiento que tengan un discurso ideológico persé para que sean materia de nuestra preocupación.

Hay entonces un debate que predomina en este campo que va más allá de el rótulo con el cuál denominemos estos grupos, que es el de la violencia que generan que no puede ser considerada más como mera criminalidad común.

El otro gran eje de monitoreo y reporte es el tema de la justicia y en particular de las avances logrados con la Ley de Justicia y Paz. La desmovilización abarca dos grandes universos: las desmovilizaciones colectivas, fundamentalmente nutridas de desmovilizadas de las autodefensas, y las desmovilizaciones individuales que siguen nutriéndose de algunos grupos paramilitares o de algunos grupos surgidos después de la desmovilización paramilitar y de las guerrillas. De los 50.500 desmovilizados en total, todos incluidos, 35.000 son paramilitares desmovilizados colectivamente.

Pero es aquí donde esa enorme expectativa frente a ese desmantelamiento de la maquinaria de muerte que fue el paramilitarismo, encabezado por las Autodefensas Unidas de Colombia, tiene un chequeo de realidad que es importante y que da ciertas alertas y lecciones. Solo el 10 por ciento de esos desmovilizados ha sido postulado a los procesos de Justicia y Paz. Como saben es un proceso de justicia transicional, ofrece beneficios a cambio de confesiones, datos, bienes y arrepentimiento. Ese proceso de justicia Transicional tiene una primera etapa que es la versión libre, que no es un juicio, es la declaración de todas las acciones cometidas por estos individuos y la posibilidad de documentar esas acciones.

1.600, es decir, un poco menos de la mitad, iniciaron versiones libres. Hay toda otra mitad de postulados que todavía no ha sido citado a versiones libres y no están detenidos porque de esos, más de la mitad, que no han dado versiones libres, hay casi 800 o un poco más, que no ha sido plenamente identificados, es decir, que no hay manera de ubicarlos, no se sabe dónde están. De los que han iniciado versiones libres, la versión libre permite al versionado dos cosas: decir la verdad o no decir nada. Y muchos, tres cuartos de ellos, no han icho nada, es decir, no han dicho la verdad y, por lo tanto, solo quedan versiones libres en proceso 460, que es solo, el 1.22 por ciento del total de la cifra de desmovilización colectiva y de ellas, solo 7 versiones libres han sido finalizadas.

El año pasado la corte, frente a este cruce de caminos y esta imposibilidad de avanzar a la medida de las expectativas profirió una resolución que permite el llamamiento a juicio sobre una acusación parcial. 20 acusaciones parciales y llamamientos a juicio han sido hechas. Pero por dificultades y demoras procesales hasta ahora ningún juicio ha sido iniciado y este año cumpliremos 3 años y medio, de vigencia de la ley y uno se pregunta legítimamente la necesidad de que la Fiscalía, los organismos técnicos, los organismos políticos y la sociedad civil inicien un debate para ajustar, reformular, poner al día la Ley de Justicia y Paz.

Hay entonces conclusiones obvias: la cantidad de personas que serán procesadas en esta ley, tal como está, será muy inferior a la inicialmente calculada. No todos los postulados están acusados por delitos graves porque los delitos obran en archivos de la fiscalía muchas veces incompletos y cuando el versionado no dice nada, la Fiscalía se queda con la carga de la prueba solo sobre la base de sus archivos. Y no hay certeza de que todos los desmovilizados que cometieron delitos graves estén postulados. Es decir, fuera de los 3.600 postulados, de los otros 30 y pico e mil, hay una posibilidad de que individuos que cometieron delitos graves, que en algún caso pudieran incluso invocar, que obedecieron órdenes, estén hoy no sólo en libertad sino fuera del radar.

Nuestra recomendación es que, dadas estas condiciones, se consideren reformas que mejoren y aceleren la implementación de los procesos y el resultado de justicia. Hay unos resultados, sin embargo, que proveen un mensaje, una cantidad limitada pero importante de verdad, de reparación al menos simbólica para las víctimas. En ese sentido, fosas que han sido declaradas por los paramilitares que han hablado, han permitido la recuperación de restos y la entrega de casi 250 de ellos. Es, a veces, en la magnitud de la cifra, es complejo entender lo que para una familia, una familia, significa la devolución de un desaparecido. Y a medida que logremos esos pequeños pasos que reivindiquen las memorias de esas víctimas, aún cuando hasta ahora el gran número de ellas no han sido identificadas, creo que avanzamos un poco.

Es urgente revisar la ley pero es urgente, sobretodo, que los líderes paramilitares extraditados contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Las noticias de ayer sobre las dificultades para continuar las versiones libres y además, la cero cooperación de varios de estos líderes son preocupantes.

El tema de la ley de justicia y paz tiene un capítulo particular que no es el que se limita a las desmovilizaciones de las vanguardias militares sino también a la identificación de las conexiones y redes políticas de las AUC. El informe destaca la importantísima labor de la Corte Suprema de Justicia en continuar las investigaciones de los funcionarios electos que tienen fuero especial. Un tercio de ellos, ha renunciado al fuero y se encuentra bajo investigación de la Fiscalía. Pero la Fiscalía, Amén de esas dos docenas de parlamentarios, tiene también bajo investigación a 250 funcionarios que no tiene fuero que incluyen gobernadores, alcaldes, concejales y otros funcionarios públicos. Ese capítulo, de la verdad del paramilitarismo goza de buena salud pero debe ser reforzado, apoyado por la sociedad colombiana sin titubeos. Hay un capítulo aún que no está abierto en totalidad, que es el de las conexiones que políticos y paramilitares pudieron haber tenido con fuentes de financiamiento. Algunas versiones libres han empezado a sugerir esas conexiones. Solamente si desbloqueamos estos problemas mayores de Justicia y Paz podremos apostar que esa otra pata de la mesa, ese otro capítulo de la verdad en el paramilitarismo sea plenamente esclarecido.

El tema de justicia abarca también la importancia de fijar los límites, competencias, e impacto de la Justicia Penal Militar. Y decisiones políticas tomadas a nivel de gobierno, particularmente del Ministerio de Defensa han incorporado esta línea de responsabilidad. De manera incremental, el año 2008 permitió que se duplicara el número de casos enviado de la Justicia Penal Militar a la Justicia Ordinaria. Pero quedan aún un grupo de casos, 127, que deben ser rápidamente remitidas a la jurisdicción ordinaria.

Otro tema es el de la violencia sexual cometida en el contexto del conflicto armado interno y entendemos y alentamos a las víctimas a que puedan expresar sus dolencias y sus quejas ante los organismos públicos y los organismos humanitarios. En los procesos de la Ley 975 de Justicia y Paz la profusión de delitos, que muchas veces algunos de estos versionados reportan, tiene una muy ínfima reproducción o confesión de delitos de violencia sexual. Pero estos delitos de violencia sexual no es que serán documentados simplemente por una decisión política, porque tienen una naturaleza tal que es imposible exigir a sus víctimas para que los reporten no solo de manera inmediata sino hasta con retraso. La única manera de que víctimas de violencia sexual reporten sus delitos, es que nosotros despejemos todas las dudas de señalamiento, de estigmatización y de protección que requerirá para esas víctimas expresar de manera directa de lo que han sido víctimas. Y por ello hay medidas no solo de reforma jurídica en los procesos sino también de reparación que deben impulsarse.

El año pasado en abril el gobierno expidió el decreto 1290, para iniciar el proceso de reparación administrativa. Quiero abrir un paréntesis para recordarles que en el año 2007 y en el reporte nuestro que se presentó en marzo de 2008, dimos cuenta de un cambio en el debate. Los criterios de diálogo o debate con el gobierno para el tema de reparación habían estado, desde la expedición de la Ley 975, habían estado circunscritos a que la reparación se haría únicamente con bienes incautados o declarados por los victimarios. Cuando el gobierno decide cambiar de rumbo en este tema abre el espacio para una reparación administrativa, es decir fondos del Estado para atender las necesidades urgentes, inmediatas. No totales y no simbólicas, por lo tanto no una reparación integral solo una reparación administrativa inicial a víctimas que no pueden permitirse el lujo de esperar hasta 10 años para que los tribunales diluciden sus situaciones.

El decreto abre esa puerta pero la abre incompleta porque hace que en el debate subsiguiente de la ley o estatuto de víctimas, no se haya podido ampliar la protección de esa norma a todas las víctimas. Hay un sector de víctimas que han sufrido de posibles violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales que no tiene cabida en el lay y la Asamblea General de Naciones unidas ha establecido con claridad que en el tema de reparación a las víctimas la línea de base no es quién victimizó, sino la condición de la víctima. Y víctima es tanto el que fue victimizado por un agente estatal como el que fue víctima de una acción de la guerrilla o de los paramilitares. En ese sentido, aunque el debate legislativo sigue su curso y está aún pendiente, la Oficina va a insistir en que en el proyecto de ley no se excluya a nadie en estos beneficios y por lo tanto el derecho a la reparación sea un derecho que ofrezca resarcimiento individual o colectivo, que ofrezca resarcimiento al sufrimiento emocional, a las pérdidas económicas, al menoscabo de sus derechos fundamentales, pero también sea de reconocimiento moral, resarcimiento simbólico. Así es que no se limite a la entrega anónima de cheques son al reconocimiento que para las instituciones públicas tiene la verdad y la justicia para las víctimas. Recuerden ustedes, que en nuestro informe del año pasado que abrir el capítulo de víctimas fue una apuesta fuerte. Un mensaje claro de la Oficina y sigue siendo un mensaje claro este año.

Hechos importantes como el informe sobre los hechos de Trujillo que fue un esfuerzo compartido de intelectuales, académicos, instituciones y las propias comunidades de víctimas que desembocaron además en un reconcomiendo público de responsabilidad por parte del gobierno en boca del vicepresidente de la república son parte de las obligaciones y las expectativas que se tiene frente a la reparación.

La Oficina tiene un capítulo que hace un vuelo de pájaro sobre la situación de los Derechos Económicos, Sociales y culturales y se sugiere que los indicadores para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio que están en la posibilidad de no ser alcanzados a pesar del crecimiento económico, y esto, al cierre del informe. Como lo ha dicho nuestro Representante, las señalas muy preocupantes de la crisis económica seguramente obligarán a todos a que cerremos filas en torno a una orientación del gasto social en función de la atención de estas necesidades centrales de los DESC y de una protección más intensa de los sectores más vulnerables. Estos sectores vulnerables incluyen a los defensores y defensoras de derechos humanos, a los sindicalistas, la protección de defensores, la definición de defensores incluye a los periodistas, incluye a los activistas sociales. Todas estas expresiones de defensa pública de derechos, de expresión libre de opiniones ha tenido dificultades y ah sido vulneradas a lo largo del año y aún cuando, existen estructuras institucionales que nosotros reconocemos, no solo el enorme esfuerzo fiscal para fortalecer el programa de protección del Ministerio del Interior y los efectos que eso ha tenido para controlar y minimizar los riesgos para algunos miembros que participan de esos programas, subsiste el problema de la estigmatización contra todos esos grupos sociales. La estigmatización genera las condiciones, crea el clima, es un caldo de cultivo, no el único, para que actores en la ilegalidad atenten contra los derechos de los grupos vulnerables. Y uno de los grupos vulnerables más importantes sobre los cuáles mantendremos nuestra atención son las comunidades indígenas y afrocolombianas que en términos no sólo de la violencia directa sino también de las consecuencias de la violencia que los afecta en particular el desplazamiento forzado, muestran índices de afectación más altos, en algunos casos 3 o 4 veces más altos que su peso proporcional en la población general de Colombia. Los indígenas y los afrocolombianos, en cifras oficiales representan el 15 por ciento de la población, pero esas poblaciones se ven afectadas por los desplazamientos en un 40 por ciento. Y esto es porque muchos de sus territorios están en las zonas de mayor intensidad del conflicto. Hay en particular preocupación por las situaciones en chocó y Nariño y la de los pueblos indígenas Awá, Nasa, emberá Katíos, Kogui, Guayabero y Nukak Makú, estos dos últimos en vías de extinción.

Y el desplazamiento en general que afecta a todo tipo de población sigue siendo el gran alerta de la situación del país. Cifras oficiales dan cuenta de más 200.000 desplazados, solo el año pasado cifras oficiales revelan que se pasan de más de 2 millones de desplazados. Otros sistemas de medición reportan en años anteriores de 3y 4 millones de desplazados. Independientemente del debate sobre las cifras, la situación de los desplazados en Colombia está entre las dos o tres más graves del planeta.

Y por último la Oficina hace unas recomendaciones. La primera de ellas es el respeto del Derecho Internacional Humanitario de todas las partes en conflicto.
La otra es la implementación estricta y rápida de todas las políticas de sanción y control dentro de las instituciones armadas para erradicar las prácticas de les ejecuciones extrajudiciales pero sobretodo, la rápida actividad de la Fiscalía en que estos casos puedan ser aclarados. La Fiscalía necesita de recursos financieros extraordinarios para poder dar resultados de ese universo de acumulados casos. Las cifras del informe hablan de 741, las cifras actualizadas a febrero de este año han aumentado esto hasta 941. Y aún cuando saludamos a la fiscalía en esta clara señal de acción frente al tema de ejecuciones, lo que necesitamos es que la fiscalía pueda resolver estos casos en términos mucho más perentorios que los que regularmente existen.
Hemos hablado ya de la reforma de los procesos de Justicia y paz. Se necesitan mejorar la protección de los defensores y sindicalistas pero, sobre todo, se necesita cesar la estigmatización, la polarización ese debate que los vulnerabiliza. Y frente a ellos, obviamente, no podemos dejar de señalar que nos toca un nivel de responsabilidad para pedir medidas inmediatas de protección y prevención en el tratamiento de los grupos armados ilegales posdesmovilización que incluyen protección de desmovilizados amenazados para reintegrarse alas filas. Los programas de reinserción, los proyectos productivos, se encuentran muchos de ellos en zonas de conflicto, muchos de ellos serán arrasados por el conflicto si es que no prestamos atención a la protección de estas personas.

Por último las medidas de protección y prevención sobre los delitos de violencia sexual va a ser un tema en cual vamos a trabajar con otras agencias hermanas del sistema, el reconocimiento de la ley de víctimas a los derechos iguales de todos los ciudadanos al acceso a estos beneficios y ayudas y por último en el tema de DESC, la priorización de los ODM en un momento de contracción del gasto público y de crisis financiera global.

Con este informe completamos un ciclo de trabajo que no es solo el de los contenidos del informe, hay temas que probablemente no hayamos podido presentar en extensión, en detalle en esta presentación pero que están referidos en el informe. El tema de las minorías sexuales, LGBT, el tema de los periodistas, de tercera edad. Y algunos otros que son parte de la agenda de la Oficina y que ojalá podamos desarrollar en informes temáticos a lo largo del año
Muchas gracias por su atención.

Sesión de preguntas

Vladimir Carrillo de Telesur: ¿Desde cuándo se están investigando las ejecuciones extrajudiciales? Y si según el criterio de ONU estas conductas son de carácter sistemático. Y la otra cómo ven ustedes la extradición de un paramilitar como HH y para las víctimas, como se pueden ver perjudicadas para la reclamación de sus derechos de verdad, justicia y reparación.

Javier Hernández (JH): Voy a comenzar por la segunda parte porque la Alta Comisionada respondió ya la pregunta durante su visita y la sistematicidad que es un elemento constitutivo para calificación de un crimen como de lesa humanidad, supone que el delito sea generalizado y sistemático y la opinión de la Alta Comisionada es que habría elementos para explorar esa posibilidad. El tema que toca aclarar es que nosotros no somos un organismos judicial, La alta comisionada tampoco representa a un organismo judicial. Esa expresión la dio en su calidad de haber sido miembro de un tribunal internacional, por lo tanto cuando esto llegue a la consideración de un órgano que tiene esa capacidad de calificación, efectivamente uno de esos elementos, el de la sistematicidad tendrá que ser central.

Respecto a la pregunta sobre nosotros desde cuando nosotros venimos detectando estas modalidades. Yo he tratado de ser explícito, las ejecuciones extrajudiciales están reportadas de los informes de esta Oficina desde el primer informe en al año 1997 cuando abrió esta Oficina, en marzo de 1998 ya señala una línea de continuidad sobre ejecuciones. La modalidad actual, que ha sido documentada y que ha impactado tanto a la opinión pública que se ha bautizado como falsos positivos, es una modalidad nueva. Pero no ha resuelto las otras modalidades y los hechos anteriores que vienen siendo documentados desde el 97. Cuando refería las cifras de la fiscalía mostraba que la cifra que está en el informe no es una cifra del año pasado, es una cifra que viene de 1985, inclusive antes de la existencia de la Oficina.

Sobre la extradición de HH, y en este sentido la Oficina tiene una posición técnica sobre los estándares. La extradición en materia de DIH y persecución del derecho, es una herramienta de persecución del delito. La extradición persé, por principio, no puede ser criticada. Los efectos de la extradición cuando entorpece procesos de verdad, justicia y reparación son evidentes. La pregunta es si por eso la extradición debe ser anulada. Nuestra posición ha sido que la extradición cuando entorpece procesos de verdad, justicia y reparación obliga a que se remedie y se tengan los mecanismos para llegar al nivel de verdad y reparación que eso exige. Nosotros insistimos en que no se pierda la capacidad de los organismos nacionales para continuar los procesos que se abrieron aquí también ante territorios fuera de Colombia. Eso supone que el gobierno facilite a las víctimas que puedan participar de esos procesos extraterritoriales y mientras la posición del gobierno y de las autoridades colombianas sea que los procesos de justicia y paz continúan a pesar de que algunos de esos sindicados en el extranjero, es obligación del Estado facilitar no sólo a la fiscalía y a los jueces que vayan a estados unidos sino facilitar que los abogados defensores y las víctimas participen activamente de esos procesos en el extranjero.

Juan Camilo Hernández de la AP: Quisiera puntualizar desde su perspectiva,, haciendo paralelo entre el informe de 2007 y este informe de 2008, ¿cuáles son los principales temas en los que usted ve que hay avances y cuáles en los que hay retrocesos:

JH: los temas de avances en medio de la dramática situación de conocer hechos tan lamentables y trágicos, son en el campo de ejecuciones extrajudiciales son la clara señal de que las políticas públicas deben ser respetadas y que quiénes no las sigan deberán responder ante la autoridad política. Ha habido destituciones que no están dadas en función de la responsabilidad penal directa sino en función de la no adhesión total, plena a las políticas establecidas de tolerancia cero frente a ejecuciones extrajudiciales. Para nosotros es importante que en los varios ciclos de trabajo de la Oficina no solamente tengamos decretos, no solamente tengamos normas sino que el poder política exija el cumplimiento de estas normas y a quiénes no las cumplan los llame a calificar servicios por el no cumplimiento de las normas. Temas en los cuales la crisis, las dificultades, la preocupación no puede sino mantenerse sino incrementarse es el tema del desplazamiento. Con todos los elementos de desactivación en ciertas áreas de las vanguardias armadas del paramilitarismo y las reconversiones nuevas y actuaciones de los nuevos grupos no desmovilizados del paramilitarismo es evidente que los índices de mortalidad ligada al conflicto armado han disminuido y es obvio a la sumatoria. Pero los índices de desplazamiento no han disminuido y entonces la herramienta de uso para provocar el desplazamiento no son, como lo era hace cinco años, las grandes masacres o el asesinato selectivo y sistemático de líderes o pobladores en las regiones de conflicto que generaban desplazamiento hoy el desplazamiento sigue siendo generado por las amenazas, por el enclaustramiento por el continuo presión de operaciones militares de todos los grupos armados ilegales.

Si por un lado vemos que, a pesar de los impactante, el tema de ejecuciones extrajudiciales podemos hoy decir que ha ¿y señales medidas, acciones que cambian los parámetros de entendimiento de cómo las autoridades asumen este tema y eso es positivo. Pero por el otro vemos que hay elementos que siguen generando gran perjuicio al goce de los derechos humanos y uno de ellos es el desplazamiento. Y un tercer elemento sigue estando ligado a la polarización y nosotros creemos que eso tendría que poder manearse con gran consenso nacional respecto a cuáles son los términos que definen cuál es el adversario político y cuál es el enemigo. La polarización vulnerabiliza a los sectores que tiene menos capacidad de vocería, que tiene menos acceso a la opinión pública y que después de los momentos en que presentan sus denuncias vuelven a la vida cotidiana y siguen siendo sometidos a las amenazas.
Luis Jaime Acosta (Reuters): al inicio habló del impacto de la crisis económica global en los derechos humanos, me gustaría que nos dijera qué impactos podrían tener la reducción del presupuesto de las Naciones Unidas y de los países donantes en el tema de DDHH en un país que sufre mucho con esto como es Colombia.

Christian Salazar: yo día en dos áreas porque si hablamos de DH hablamos de Derechos Económicos, sociales y culturales, es obvio que un país como Colombia con índices de pobreza y desigualdad a nivel nacional, en tiempos de ajuste presupuestal siempre la reducción del gasto social es una realidad y es un gran riesgo y por eso estamos poniendo énfasis en eso. Lo que mencioné es que muchos órganos del aparato judicial es un trabajo que carece de recursos. Si queremos que estas instituciones amplíen su trabajo es necesario garantizarles los presupuestos necesarios. Pero en crisis financiera ahí está el riesgo, que las instituciones que administran justicia sufran de cortes presupuestales. Obviamente esto no va afectar en la observancia y protección de los derechos humanos.

Constanza viera: IPIS:
Tengo una pregunta para el señor Salazar y otra para el señor Hernández: Al señor Salazar: Cómo percibe el canje entre combatientes, en relación con el tema de secuestros, etc. El canje únicamente entre combatientes, unos prisioneros en las cárceles cumpliendo condenas judiciales y los que están en la selva.

Al señor Hernández: dos preguntas quiero saber si la Oficina ha recomendado a la fiscalía la unificación de procesos de ejecuciones extrajudiciales dado que la Oficina habla en este informe de ‘patrón’ y a eso adicionamos las declaraciones de la alta comisionada el año pasado, unificar proceso en la fiscalía es algo que ha sido planteado por las víctimas esta semana en una rueda de prensa. Y, me llamó la atención en el informe, una afirmación de la página 15, los militares que estarían siendo amenazados por los paramilitares y por eso colaboran con éstos?

Cristian Salazar: Le tengo que pedir comprensión en el sentido de que, después de 3 días en el país yo carezco de información para responder su pregunta sobre canjes como lo está haciendo. No sé si la Oficina ha tenido posiciones sobre eso pero tal vez Javier puede indicar eso mejor que yo.

JH: La posición ha sido documentada desde hace varios años, en un comunicado público que no se sujetó a la limitación de una página. Es un documento conceptual y tiene 4 páginas. Son los diez criterios para avanzar en una política que permita el avance en la liberación de personas retenidas en razón de conflicto. No quiero ahondada en ello, pero la Oficina tiene una posición a favor de ello pero la Oficina no puede dejar de insistir en la obligación primaria que recae en el victimario y la obligación es liberar. Quiero además recordar que hay un debate que respetamos y tenemos que aportar sobre la terminología y las condiciones, pero hay una realidad que también da razones de expectativa y esperanza para que se destrabe el debate. La realidad es que hay liberaciones unilaterales que se han producido y que por parte del gobierno, y a solicitud de un gobiernos extranjero, se produjeron liberaciones. Y en la medida en que esos canales y circuitos a veces olvidados se mantengan ,. Siempre podremos encontrar condiciones a lo largo del camino político para esto.
Las otras dos preguntas: comienzo por la segunda o la línea en que se habla de por qué podrían estar produciéndose. Aquí hacemos una distinción: aquí hay lugares en los que es sólo la policía la que está presente. Y la capacidad de la policía difiere enormemente. Puesto en los que con 8 policías se debe surtir las necesidades de una población 24 horas al día. Significa que tres policías están en activo en un determinado momento por turnos de 8 horas. Entonces la vulnerabilidad de esta presencia policial hace que en contextos de comisión de otros tipos de delitos, ellos se sustraigan.

La otra parte: la unificación de procesos es una decisión técnica de los que están en control de la investigación porque suponen que hayan elementos de tiempo, modo y lugar que conectan casos. Lo que hemos sugerido es que haya concentración en una Unidad Especializada. El diálogo entre fiscales permitirá que esa conectividad pueda ser realizada. Pero siendo los expedientes y ahora con la vigencia de la ley 906, en materia de un régimen de reserva. Nosotros no podemos pretender conocer los expedientes y pronunciarnos sobre su contenido. Pero obviamente, en los lugares en los que por razones de tiempo, modo y lugar pueda hacerse una conectividad, los casos no deberían ser manejados individualmente. Es mucho más difícil hacer una conexión entre un individuo como autor, un ejemplo Neiva, con otro individuo como autor o el mismo como autor en Ocaña. Pero eso dependerá del material probatorio que los investigadores tengan a su disposición.

Lenna Hansson (Revista Fokus): las medidas que ha tomado el gobierno para acabar con falsos positivos, ustedes piensan que es suficiente?. La segunda: qué importancia tiene la política de recompensas en ese contexto?.

JH. Las medidas tomadas por el gobierno son un primer paso, porque las medidas centrales son las que se tomen a nivel de justicia. Si solo las medidas del gobierno son lo que vamos a obtener para, no solo corregir, sino obtener justicia obviamente no hay vía ante el juez. Todo esto se resuelve cuando todos los elemento del proceso de protección de derechos humanos y de garantía de los derechos humanos entran en juego y producen su resultado. Nuestra gran alerta es que la fiscalía tenga los recursos para acelerar lo más posible y aclarar y sancionar donde toque, no los aplazados de hasta cinco años que a veces suponen sino que puedan haber recursos extraordinarios sino que eso que no sea solo tolerancia cero sino justicia 100 por ciento.

En cuanto a la política de recompensas es un tema pero no es el único tema. La política de recompensas es un elemento que permite el reconocimiento de una evaluación considerar positiva si en las investigaciones se demuestra que eso que se premió no debió premiarse, hay no solo un tema mayor y más denso que se llama de comando y control. No es solamente el de insectoría, es decir, lo que hacemos después de sucedidos los hechos, es lo que hacemos antes. Cómo se piensa una operación, como se asignan los recursos, cómo se instruye al personal que va a participar de la operación, cómo se lo controla en medio de las ejecuciones de la operación y ese es el tema fundamental. Obviamente el tema de la política de recompensas es un tema anexo a eso pero no cubre el tema fundamental que estamos discutiendo con el gobierno que es el tema de comando y control.

Vladimir, de Telesur: La Fiscalía y Unicef presentaron informe sobre los más de 2.00 niños víctimas de las Autodefensas, cuál es la mirada que Naciones Unidas le da este tema?

Christian Salazar: no conozco el informe pero obviamente la Convención sobre Derechos del niño protege lo más fundamental de los derechos del niño y si se cometen crímenes contra ellos es algo totalmente inaceptable. No sé cuáles son las consecuencias en Colombia. Lo que he leído es sobre el reclutamiento de niños, sobre el cual hay una decisión del Consejo de Seguridad que la ONU monitoreé esto e informen al Consejo para tomar medidas. La niñez en cualquier país del mundo debería ser excluida de cualquier ataque. Los hogares, las familias, las escuelas, los hospitales están protegidos por la legislación internacional.

JH: Oficialmente las autodefensas al desmovilizarse en las listas de los 35.000 desmovilizados no incluyeron niños, es decir, no los declararon. Surgen entonces varias hipótesis: una tesis negada: nunca hubieron niños en las filas de las autodefensas, negada porque el monitoreo de la Oficina a lo largo de los años, nos probó que habían niños. Segundo elemento: no habían niños porque fueron reclutados como niños y cuando se desmovilizaron ya no eran niños. Pero el delito fue cometido cuando fueron reclutados como niños y la tercera hipótesis que toca a las autoridades investigar es, si había niños que se hizo de ellos. La hipótesis benéfica es que fueron desmovilizados por fuera de las estructuras jurídicas y de atención humanitaria que existen para recibirlos, en particular el ICBF. Este instituto tiene como 3.800 niños desmovilizados que todavía algunos son niños, otros llegaron a la adultez y provienen de varias entidades: FARC, paramilitares, ELN. La única cifra cierta no es especular sobre cuál es el porcentaje de niños, porque ni los guerrilleros ni paramilitares entregaron listados, sino ver cuáles son los que están abajo el paguas de atención humanitaria que ofrece el Estado y 3.800 niños es un dato cierto y pone a Colombia en el enfoque de la preocupación internacional sobre el tema de los niños.

Constanza Vieira: sobre la violación sexual por parte de grupos guerrilleros, quiero saber desde cuando están observando este tema?

JH: los casos están en los anexos de casos y están documentados desde 2007, 2006 opero la fuente fundamental y eso yo creo sería el reto de ustedes sería recoger los testimonios de son niñas que están en ICBF. El problema es que los niños merecen protección, incluso de ser abordados en contextos que no son los médicos de apoyo psicosocial que los desestabilizan. La documentación jurídico penal es lenta y difícil y tratamos de no irrumpir en la dislocada vida de estas niñas. Para mayor abundamiento, mujeres adultas, desmovilizadas que se incorporaron las filas de los grupos armados, relatan, documentan, dan testimonio de historias que lindan con la esclavitud sexual. Hay desmovilizadas que han hablado de servicios sexuales, por ordenes de sus superiores, situaciones que han sido documentadas en la prensa.

Constanza V: por qué darle credibilidad a ellas si son desmovilizadas y no creerle a los testigos en los casos de desmovilizados que reciben algo a cambio.

JH: es que hay una cosa que se llama la perspectiva de género y se trata de menores y entonces no podemos dejar de tener el radar a lo que los menores nos dicen y mayores nos dicen siendo menor y adulto yo tuve o fui forzada o me sucedió, obliga a que tomemos esa información con un alto grado de importancia y la documentemos debidamente. Si tengo una niña desmovilizada embarazada mi documentación es autoevidente y dejar a los hijos de lado no es parte de la visión holística de una visión de género con énfasis en las voces de las mujeres y, esto es algo que las metodologías están abriéndose paso en el planeta. Las mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de conflictos han logrado hacer que este delito sea incluido dentro de las categorías de delitos que son materia de investigación de la Corte Penal internacional. Ese paso no se habría podido dar si partimos de dudar de la palabra de una mujer que dice que ha sido violada porque ese punto de ´partida lo que hace es silenciar a las mujeres.

Muchas gracias!!!!