Declaración de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Navi Pillay en la celebración del Día Internacional del Migrante

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que fue aprobada en 1990, tiene sus raíces en la Declaración Universal y su principio esencial que todos los hombres y las mujeres son iguales y no pueden ser tratados de manera diferente sobre la base de su nacionalidad o país de origen.

Desafortunadamente, pasaron 13 años antes de que la Convención consiguiera un número suficiente de ratificaciones para entrar en vigor y el número total hoy, 18 años después de su aprobación, sólo ha llegado a 40. Sesenta años después de la adopción de la Declaración Universal, la noción de que los no nacionales pueden gozar de los derechos humanos en condiciones de igualdad con los nacionales no ha sido todavía aceptada por la inmensa mayoría de los Estados.

Los migrantes siguen siendo discriminados de manera inaceptable en casi todas las sociedades y son por lo general sujetos a condiciones de trabajo y pagos muy por debajo de los estándares de los que gozan los ciudadanos. A los migrantes se les niegan sistemáticamente los derechos a la seguridad social o la vivienda y son excluidos del empleo y otras oportunidades. En resumen, pareciera que los Estados, mientras dependen de su labor para una amplia gama de servicios siguen estando satisfechos en tratar a los migrantes como una segunda clase de seres humanos.

Además, a pesar del impresionante conjunto de estándares internacionales diseñados para ofrecer protección a todos los seres humanos, existe una tendencia cada vez mayor a criminalizar la migración irregular. Esta penalización está vinculada en muchos países a un aumento de sentimientos contra los migrantes que casi siempre se reflejan en las políticas y los marcos institucionales diseñados exclusivamente para restringir los flujos migratorios. La colaboración transfronteriza por parte de la policía y otras autoridades también ha resultado en un aumento violaciones de los derechos humanos de los migrantes, incluido el retorno forzado de personas que posiblemente serán refugiados. Me temo que este fenómeno sólo aumentará en tanto los efectos de la presente crisis financiera generan presiones sobre el empleo tanto en los países de origen como de destino.

Por esta razón, hago un llamado hoy a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en primer lugar a comprometerse seriamente con la universalidad de los derechos humanos y utilizar las normas contenidas en la Convención sobre los trabajadores migratorios para orientar sus políticas y legislación. También invito a aquellos que aún no han firmado o ratificado la Convención a que lo hagan más temprano que tarde.