Comunicado sobre el Informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

El informe anual del Alto Comisionado sintetiza la labor de observación que realizó la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos durante todo el año 2003, de conformidad con lo establecido en el acuerdo de cooperación con el Gobierno de Colombia, prorrogado en agosto 2002, por petición del presidente Uribe, hasta octubre de 2006.

La presencia permanente en el país de una oficina central y de dos suboficinas regionales ha permitido un conocimiento concreto y detallado de la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el país. Ello se logró mediante frecuentes y sistemáticas visitas in situ, la recepción de quejas, la continua interlocución con las víctimas, familiares, autoridades civiles, políticas y militares, miembros de las iglesias y de la sociedad civil organizada, tanto en el nivel nacional como departamental y municipal.

El informe muestra que durante el año 2003 Colombia continuó sufriendo por el conflicto armado interno. Este incidió negativamente en el goce de los derechos humanos de los colombianos y disminuyó los recursos con que cuenta el Estado para responder eficazmente a su compromiso de protección y garantía de los mismos.

Los grupos armados ilegales – FARC-EP, ELN y AUC – no acataron en lo más mínimo las recomendaciones del Alto Comisionado en materia de conflicto armado, de observancia del derecho internacional humanitario y del respeto por los derechos humanos, y continuaron perpetrando homicidios en personas protegidas, tomas de rehenes, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y siembra de minas antipersonales.

Las FARC-EP, el ELN y las AUC agudizaron la gravedad de la situación al perpetrar actos de terrorismo que afectaron a la población civil. Las FARC-EP continuaron su estrategia de aterrorizar a la población civil, cometiendo actos de violencia indiscriminada y secuestros. Las FARC-EP y el ELN no sólo se negaron a liberar sin condiciones a los rehenes en su poder, sino que en algunos casos les dieron muerte. Los grupos paramilitares, continuaron ejecutando masacres y dando muerte a sus víctimas después de privarlas de la libertad, torturarlas y desaparecerlas con el propósito de aterrorizar a la población civil, incumpliendo compromisos adquiridos con el Gobierno. Hubo casos de infracciones del derecho internacional humanitario por parte de miembros de la fuerza pública. En ocasiones, integrantes de ésta fueron responsables de infracciones por irrespeto al principio internacional de distinción, incluyendo casos de ametrallamientos indiscriminados y de homicidios.

El informe toma nota de que el Gobierno y una parte significativa de los grupos paramilitares ampliaron sus contactos y diálogos durante el año anterior. El informe pone de presente que se suscitaron varios interrogantes sobre el tratamiento jurídico que el Gobierno ha propuesto ofrecer a los desmovilizados. Señala que el proyecto de beneficios penales presentado en agosto a consideración del Congreso no honra adecuadamente los principios y normas internacionales en materia de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.

En relación con el seguimiento de las recomendaciones dadas en el informe el año anterior, en este nuevo informe, se destaca que en los últimos meses de 2003 el Estado colombiano comenzó a implementar varias de ellas, aunque el grado de implementación no fue uniforme. En cuanto a otras recomendaciones el informe señala que no se avanzó durante el año 2003. El informe advierte que los cambios introducidos en la Constitución por el Acto Legislativo No 2 de 2003 (el llamado estatuto antiterrorista) en lo atinente a la recomendación de no asignar funciones de policía judicial a los militares, contrariaron recomendaciones expresas del Alto Comisionado y de otros órganos de la ONU y de la OEA. También señala que el Estado y el Gobierno no han integrado en una forma consistente las recomendaciones del Alto Comisionado dentro de las políticas oficiales.

El informe destaca la necesidad de seguir avanzando en el proceso de implementación de las recomendaciones. Por ende, formula, al igual que el año anterior y con las actualizaciones pertinentes, 27 recomendaciones concretas y prioritarias para el año 2004. El Alto Comisionado manifiesta su firme convicción de que es necesario y benéfico que el Estado avance en una implementación consistente de las recomendaciones. Ellas están dirigidas a las autoridades nacionales de las tres ramas del poder público y de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, a todas las partes en el conflicto armado interno, y a los sectores representativos de la sociedad civil, y se agrupan en:

1. Prevención y protección

2. El conflicto armado interno

3. El Estado de Derecho y la impunidad

4. Las políticas económicas y sociales

5. La promoción de una cultura de derechos humanos

6. El asesoramiento y la cooperación técnica.

El informe destaca como positivo el establecimiento de distintos canales de interlocución entre la Oficina y las autoridades colombianas. El informe invita a seguir desarrollando tal interlocución para contribuir mejor a la implementación de las recomendaciones. Para ello el Estado debe hacer mayor uso de la asesoría de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El informe reconoce que la política de seguridad del Gobierno tiene como propósito «reforzar y garantizar el estado de derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática» y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos por igual. Observa, sin embargo, que en la aplicación de esa política se evidenciaron procedimientos incompatibles con los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de protección y garantía de los derechos humanos. También señala que durante el 2003 no se apreció, por parte de los órganos de control, una actuación sostenida y coherente para limitar abusos cometidos por parte de los servidores públicos. Igualmente señala que a lo largo del año el Estado de derecho y sus instituciones no se fortalecieron como era de esperar.

El informe mira positivamente las cifras oficiales que muestran, durante 2003, la disminución, del número de homicidios, masacres, ataques a la población civil, ataques indiscriminados, tomas de rehenes, actos de terrorismo y los nuevos desplazamientos forzados. El informe destaca también como positivo que el Gobierno lograra extender la presencia de la fuerza pública a casi todos los municipios, y hace énfasis en la necesidad de la presencia de otras instituciones del Estado como la Procuraduría y la Defensoría. Hace notar que en algunas regiones con mayor presencia de la fuerza pública continuaron los problemas de gobernabilidad y de orden público. El informe reporta un aumento de denuncias sobre nexos entre servidores públicos y grupos paramilitares.

En materia de derechos humanos la situación siguió siendo crítica, aun tomando en cuenta la disminución de varios indicadores. Durante el año se registraron denuncias de violaciones de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y seguridad personales, al debido proceso y a las garantías judiciales, a la independencia e imparcialidad de la justicia, al respeto de la vida privada y de la intimidad, y a las libertades fundamentales de circulación, residencia, opinión y expresión, y de los derechos políticos. Se recibieron denuncias de violaciones con responsabilidad directa de servidores públicos y, en particular, de miembros de la fuerza pública, en varias ocasiones conjuntamente con miembros de la Fiscalía. Se registró un aumento de denuncias de detenciones arbitrarias o ilegales, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de violaciones al debido proceso y a la intimidad. Hubo un aumento de denuncias de torturas y maltrato. En varios casos se observó la responsabilidad del Estado por omisión o por connivencia de servidores públicos con grupos paramilitares. Los derechos económicos, sociales y culturales continuaron siendo afectados por la gran brecha en la distribución de la riqueza, la extrema pobreza, la exclusión y la injusticia social.

En cuanto a la situación de los grupos particularmente vulnerables (las minorías étnicas, las mujeres, los niños y las niñas, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, los periodistas, y los desplazados) el informe anota que ella continuó siendo crítica.

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El Informe, que se puede acceder en su totalidad en la pagina www.hchr.org.co, analiza el contexto nacional, las dinámicas del conflicto, las políticas y las medidas que el gobierno adoptó e implementó, y de la respuesta del Estado colombiano en la adopción de las recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en su informe de 2003. Describe y analiza también las infracciones al derecho internacional humanitario, la situación de los derechos humanos y de los grupos particularmente vulnerables, y propone una serie de recomendaciones cuya implementación significaría una mejora en la situación de derecho humanos y derecho internacional humanitario.

Complementan el informe cuatro anexos en los cuales se evalúa el estado de implementación de las recomendaciones, se mencionan casos representativos de las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, se analiza la política legislativa del Estado colombiano y finalmente se destacan las actividades de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.