Rueda de prensa en Cali

Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos,
Michael Frühling

Visita de dos días a la ciudad de Cali

23 de Junio de 2004

Es un gran gusto estar en Cali, el día de ayer y el día de hoy hemos estado en una serie de reuniones con nuestros colegas de la Sub oficina, trabajando aquí entre colegas internacionales, colegas colombianos y con casi todas las autoridades municipales y también regionales, civiles y militares, con agrupaciones de la sociedad civil, con la Iglesia y con el sector empresarial.

Estamos aquí en Cali para interrelacionarnos de nuevo como solemos hacer con estos diferentes sectores en cumplimiento de nuestro trabajo que estamos llevando a cabo con base en el acuerdo que existe entre nuestra sede en Ginebra, Suiza, y el gobierno del presidente Uribe. En particular, en esta visita hemos tratado la importancia de las recomendaciones que están contenidas en el Informe anual del Alto Comisionado que ha trazado unos procedimientos, según las costumbres en Ginebra, Suiza, en el mes de abril.

Estas recomendaciones para Colombia son asumidas por parte del gobierno de Colombia, por parte del Estado de Colombia y nosotros en la Oficina estamos tratando de asistir, de acompañar a los propios esfuerzos del Estado colombiano en llevar a la práctica las recomendaciones que tienen como meta aliviar y mejorar una situación compleja de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el país.

También hay aquí en las recomendaciones algunas medidas como exigencias directamente a los grupos armados ilegales, llámense FARC, ELN, AUC u otros grupos guerrilleros o paramilitares que tienen que respetar la vida de los civiles, que tienen que evitar cometer secuestros, que tienen que evitar reclutar menores o cometer actos de terrorismo.

En las reuniones que hemos tenido hemos visto una gran apertura por parte de las autoridades regionales y locales, un gran interés por asumir también estas recomendaciones y hacerlas realidad a nivel regional y local y nos vamos esta noche de regreso a Bogotá con la esperanza de que se va a poder seguir trabajando muy fructíferamente entre nuestra Sub oficina aquí en Cali y las autoridades, asistiendo como debe ser conforme el acuerdo que tenemos, a las propias acciones en diferentes niveles del Estado colombiano en hacer realidad las recomendaciones y siempre defender y promover como debe ser, los derechos humanos.

También pensamos que con las organizaciones de la Iglesia, de la sociedad civil, del empresariado se va a poder seguir adelante en un trabajo fructífero para la defensa y la promoción de los derechos humanos en esta parte del país.

Les invito a exponer algunas preguntas, dudas o reflexiones.

PP: Con respecto a los últimos acontecimientos que se han registrado en el país donde se han visto involucradas las fuerzas armadas, donde se ha manifestado hasta cierto punto que ha habido violación de los derechos humanos ¿Cuáles serían las recomendaciones específicamente en este aspecto?

Nosotros pensamos que la Fuerza Pública no tiene una tarea fácil para cumplir. Es muy importante en todas sus acciones que se guíen entonces por las normativas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Si surgen dudas o si surgen tragedias donde se necesita investigar, hemos dicho desde hace tiempo y lo decimos en una de las recomendaciones de este año también, que es muy importante recordar para supuestas graves infracciones al derecho internacional humanitario y supuestas graves violaciones a los derechos humanos, que sea la justicia ordinaria la que se encargue entonces de las investigaciones y de llevar a la justicia, si es necesario, a los responsables. En ese sentido hay una recomendación muy clara que dice que hay que limitar la actuación conforme a los instrumentos internacionales para la jurisdicción penal militar.
Segundo, nos parece también muy importante que siempre los superiores jerárquicos ejerzan sus funciones para asegurar que todos realmente en la cadena de mando cumplan con la propia normativa que tiene el Estado colombiano conforme a los instrumentos internacionales a que se ha adscrito, entonces esperamos que varias de las tragedias recientes que se han llegado a conocer, se puedan resolver en la forma debida porque es necesario esclarecer los hechos cuando ocurren estas tragedias y no sólo judicialmente llegar a establecer lo que pasó para evitar la impunidad, sino también prevenir para que no se repitan este tipo de actos.

¿Qué recomendaciones le han hecho ustedes al gobierno y cuáles no han sido tenidas en cuenta, además de las detenciones masivas?

Nuestro Alto Comisionado en su Informe sobre el año que pasó dijo que en cuanto a la implementación de las recomendaciones del año pasado y que siguen siendo bastante parecidas este año, se pudo ver que había habido ciertos avances en algunas recomendaciones pero hubo también, dijo nuestro Alto Comisionado, una serie de recomendaciones donde no se logró avanzar en nada el año que pasó. Hubo también una recomendación donde se tomó, por parte del país, decisiones en contra de la recomendación que como todos sabemos tiene que ver con dar facultades de policía judicial a los militares. En ese último aspecto sabemos que todavía falta tratamiento que está por darse de parte de la Corte Constitucional. En cuanto a ese grado de implementación de las recomendaciones tenemos la esperanza y estamos confiados en que este año se va a poder avanzar mucho más consistentemente y mucho más coherentemente por parte del Estado. Es muy necesario que se haga porque si no se logra hacer, no se van a poder tomar las medidas que podrían aliviar y que van a aliviar y a mejorar una situación compleja y difícil. Además hay un compromiso solemne por parte del gobierno de Colombia ante la comunidad internacional en la reunión anual en Ginebra en el mes de abril, donde también los otros Estados presentes en Ginebra se comprometieron a ayudar a estos esfuerzos del Estado colombiano para cumplir con las recomendaciones. Entonces esperamos que en los seis meses que quedan de este año haya avances consecuentes y consistentes en cuanto a la implementación de las recomendaciones.

¿Usted qué recomendación le está haciendo al Estado en cuanto a las negociaciones con los grupos paramilitares y usted cree que en el gobierno actual se ha fortalecido más la autoridad militar o la autoridad civil?

En cuanto a lo último, me parece que el Estado colombiano, como un Estado de derecho, necesita fortalecerse en todos los sentidos conforme a los rectos principios del Estado de derecho y de eso tratan varias de las recomendaciones. Se necesita una presencia de diferentes instancias del Estado en todos los municipios, pero se necesita una presencia de lo que llamamos una cara redonda del Estado; se necesita no solamente una fuerza pública sino también diferentes instituciones civiles y por eso hay recomendaciones que señalan que es necesario que estén también la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y otras instancias importantes del Estado en todas las partes conflictivas y difíciles del país y en particular donde hay un número mayor de desplazados o de comunidades en riesgo o donde hay comunidades afro colombianas, comunidades indígenas o muchas otras de diversa índole a veces expuestas a riesgos.
Entonces se necesita un fortalecimiento sano de la autoridad del Estado, civil y militar, pero queremos hacer énfasis en lo civil conforme a las mismas reglas del Estado de derecho.
Por el otro lado, en cuanto a las negociaciones que se van a llevar a cabo en una nueva etapa con los grupos de las AUC en la zona de ubicación, nuestro Alto Comisionado desde el año pasado con mucha claridad, ha dicho al igual que nuestro secretario general el señor Kofi Annan, que es necesario buscar establecer diálogos y negociaciones entre el Estado y cualquier grupo armado ilegal. Pero, y esto es muy importante, no cualquier tipo de diálogo ni cualquier tipo de negociación, no se debe negociar por negociar, ni dialogar por dialogar se necesita estructura y contenido real. Por ende, hay una recomendación que ha incentivado a que se establezcan negociaciones sanas, se asegure que muy arriba en la agenda debe estar el tema de los derechos humanos, el tema del derecho internacional humanitario porque no debe seguir la guerra en la forma en que se está llevando a cabo con métodos totalmente degenerados.
Y segundo, dice nuestro Alto Comisionado también que es muy importante que el gobierno y el congreso aseguren que se honren plenamente tres derechos importantes en cualquier negociación con grupos armados ilegales: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación a las víctimas. Y creemos entonces que es muy importante en la nueva etapa entre el gobierno y las AUC en la zona de ubicación, que estos derechos sean asegurados por parte del gobierno, que sean honrados plenamente. Sin esto no se va a poder sentar la paz sólida para un proceso necesario de reconciliación en el país.

¿De qué manera?
La manera es seguir los consejos que hemos podido intercambiar durante mucho tiempo por parte de nuestra Oficina en cumplimiento de nuestro mandato con las autoridades del país. Aquí hay pautas, aquí hay conocimientos en cuanto al derecho a la verdad se necesita, por ejemplo, considerar la posibilidad de tener una comisión extrajudicial de esclarecimiento histórico sobre los diferentes factores políticos, económicos, sociales, militares y culturales que han influenciado y entre comillas posibilitado la existencia de un conflicto armado del índole que tenemos en Colombia todavía y por qué este conflicto se ha reproducido. En cuanto al derecho a la justicia, muy importante que se asegure que haya procesos judiciales adecuados donde se logra también tomar en cuenta que para los crímenes de lesa humanidad, para los crímenes de guerra, no pueda haber como ha dicho el señor presidente impunidad. Pudiera haber alternatividades legales, pudiera haber en un proceso genuino de paz ciertos beneficios jurídicos pero dentro de un cierto marco y de unas ciertas limitaciones, no se puede solamente olvidar de todo lo que ha pasado.
Y finalmente el derecho a la reparación a las víctimas es muy importante. En primer lugar los victimarios que han cometido los peores crímenes, sean quienes sean, necesitan contribuir a la reparación a los sobrevivientes a los familiares de las víctimas y allí se necesitan instrumentos adecuados para asegurar que también contribuyan directamente materialmente para un fondo nacional de reparación porque en última instancia el Estado colombiano tiene que garantizar que haya una reparación en primer lugar por los propios victimarios dentro del marco de que tengan los recursos y muchos de ellos tienen los recursos que necesitan ser proporcionados a un fondo estatal de reparación en la medida en que eso no alcanza, el Estado siempre atiende en últimas su responsabilidad para asegurar que haya reparación adecuada a las víctimas y los familiares de las víctimas.

¿El presidente Álvaro Uribe ha dicho que con algunas de las recomendaciones de las ONG parecería que quisieran que el terrorismo continuara, qué opina usted de eso?
Aquí no hay que mezclar las cosas. Las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tienen que ver con una base compartida entre el gobierno de Colombia y nuestro Alto Comisionado. Estas recomendaciones que el gobierno de Colombia ha recibido están en un proceso de implementación. Estamos invitando, sugiriendo muy respetuosamente pero muy claramente y francamente, que el Estado colombiano necesita en los meses que restan del año agilizar la implementación, hacerla más consistente en cuanto a estas recomendaciones. Otra cosa es el trabajo importante que llevan a cabo defensores de derechos humanos. Hay una cantidad en Colombia hay internacionales también. Es muy importante que haya una atmósfera, un ambiente de distensión entre un Estado y sus diferentes organizaciones de la sociedad civil. Por ende hay también recomendaciones este año que tienen que ver con que tanto el Estado colombiano como las organizaciones de defensores de derechos humanos deben esforzarse por tender puentes, por distensionar el ambiente y tratar de lograr intercambiar entre sí sólo la temática compartida que es la agenda de los derechos humanos. Ya vimos finalmente que no hay ninguna organización no gubernamental seria y trabajando con derechos humanos que esté a favor de actos de terrorismo, todas las organizaciones serias de derechos humanos sean de este país o de otros países están siempre en contra de estos hechos y podemos también constatar que entre todas estas organizaciones que existen, Amnistía Internacional es una organización seria.

En este momento varias comunidades indígenas están denunciando que son víctimas de ocupación de su territorio tanto por parte del Ejército como de los grupos armados ilegales…

Nosotros esperamos, sin conocer exactamente los detalles de lo que usted acaba de decir, que es muy importante tratar de hacer realidad estas recomendaciones que ha asumido el Estado colombiano a sugerencia de nuestro Alto Comisionado porque varias de estas recomendaciones justamente tienen a asegurar que haya el respeto debido entre el Estado y la población civil de diferente índole y que haya también un acercamiento necesario entre todos los civiles también un acercamiento respetuoso entre la fuerza pública, la población civil y organizaciones de la sociedad civil.

Entonces vemos con muy buenos ojos en el departamento del Valle del Cauca que se haga mayores esfuerzos que nos parece que podrían estar en camino para hacer realidad también a nivel regional estas recomendaciones. Hemos tenido pláticas muy interesantes con el señor gobernador el día de ayer, nos hemos visto también con los comandantes militares en la Tercera Brigada, con los comandantes de la policía Metropolitana y también del departamento, nos vamos a ver en la tarde con el señor alcalde y nos hemos visto con instituciones importantes del Estado como la procuraduría, la defensoría, el personero y con organizaciones de la Iglesia. En la tarde de hoy nos vamos a ver con representantes de organizaciones de la sociedad civil y hemos podido vernos también con representantes del comité inter gremial todo esto en aras de contribuir a que haya realmente un ambiente lo más distensionado posible donde se trata conjuntamente de trabajar por el respeto y la promoción de los derechos humanos para evitar cualquier tipo de incidente.

¿Por qué la ONU no tiene oficina en Santa Fe de Ralito?

En el proceso de negociación entre el Estado y las AUC es la Organización de Estados Americanos quien se ha comprometido a cumplir con cierto papel. Es muy importante decir que cuando la OEA tomó la decisión, el Consejo Permanente enfatizó la necesidad de que la misión de verificación que llevan a cabo los colegas de la OEA se inscriba también en el marco de pleno respeto por los derechos humanos. Estamos seguros que están en ese papel y quiero solamente dejar el punto en eso porque la ONU no está participando en aquel proceso, no estamos pedidos a hacerlo y la OEA ha asumido ese papel. Sabemos que el Secretario General nuestro a través de su delegado especial está pedido en otras funciones que tengan que ver con buenos oficios para con las FARC, para tratar de establecer contactos directos en la mesa entre el gobierno de Colombia y las FARC. Contactos entre los grupos de autodefensas ilegales y paramilitares como las AUC existían de antes; allí no se necesitan buenos oficios.

¿Cuáles son las dificultades y correctivos que el Alto Comisionado ha identificado para que el cese de hostilidades sea exitoso?

Nosotros hemos dicho que es muy importante en cualquier proceso de negociaciones, como mencioné hace poco, que se respete y se ponga muy arriba en la agenda los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Allí sabemos que los grupos paramilitares están en negociaciones con el gobierno desde 2002 han asumido supuestamente un cese de hostilidades. Es porque el mismo presidente Uribe ha dicho que para poder negociar o dialogar con grupos armados ilegales se necesita un cese de hostilidades. Lo que nosotros podemos decir a través de nuestra observación y que se refleja en el Informe del Alto Comisionado para el año que pasó y que seguimos leyendo en nuestra observación es que no se ha honrado plenamente este cese de hostilidades asumido por parte de los grupos que están en negociaciones con el gobierno. Lo hablábamos no en público con el gobierno en varias oportunidades durante el año que pasó, lo hemos tenido que escribir también en el Informe y hemos notado también que el mismo gobierno, durante este año, ha comenzado a levantar este asunto con mucha claridad diciendo a los grupos que tienen que respetar el cese de hostilidades. Nosotros también, sin formar parte de esto, estamos muy a favor de que se respete algo que se ha asumido y acordado y además de esto, con respecto a los grupos paramilitares que están en negociación, significaría también que haya menos abusos, menos atrocidades, menos homicidios, menos masacres, menos desapariciones forzadas y eso es algo que es muy necesario tomando en cuenta el cuadro complejo que vive Colombia.

¿Qué recomendaciones ha dado la ONU al gobierno ante las protestas de los campesinos e indígenas por las detenciones masivas realizadas por las autoridades?

Se ha constatado a través de nuestra observación sistemática durante el año pasado y durante los primeros meses de este año que se ha llevado a cabo casi como una práctica detenciones y allanamientos masivos con fundamentos débiles e insuficientes. Ese es uno de los puntos que se levanta en el Informe del Alto Comisionado y hemos platicado muchísimo con el Gobierno llamando la atención a que no se siga con esto. Ese ha sido nuestro consejo específico con respecto a esta práctica que no es una práctica perteneciente a un estado de derecho. También hay recomendaciones que tienen que ver con que se termine llevando a cabo detenciones y allanamientos sin los fundamentos debidos. Aquí la Fiscalía General tiene que tomar estas medidas, a nuestro modo de ver, también corresponde a la Defensoría, a la Procuraduría y a la Fuerza Pública tomar ciertas medidas. Claro está, el más alto gobierno mismo tiene que tomar decisiones que resulten en instrucciones para que no se siga con esta práctica que puede restar legitimidad, credibilidad al propio Estado.

¿En un país donde hay tanta corrupción, impunidad y atropello, cómo crear una cultura de respeto a los derechos humanos?

Hay que seguir trabajando en una forma más concertada. Hay que entender que todos los esfuerzos entre el Estado, sus diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil que pueda tomar medidas, acordar medidas. Esto significa que poco a poco tratan de alejarse de lo que significa la corrupción y del flagelo que significa la impunidad. Aquí también hay recomendaciones que tienen que ver con eso y con la necesidad de llevar a cabo los primeros pasos para concertar un plan nacional de acción en derechos humanos; una tarea todavía pendiente en Colombia y otros países. Un plan nacional concertado podría ser el camino muy fructífero para tratar de lograr estas medidas que se necesitan para contrarrestar tanto la corrupción como el flagelo de la impunidad pero para eso se necesita también ambientes adecuados de distensión, de acercamiento entre instituciones del Estado, el alto gobierno y todas las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, la academia, la Iglesia, los sindicatos, etc.
Entonces queremos alertarlos a todos de hacer realidad estas recomendaciones para andar en la dirección deseada.

¿Usted que opina cuando el Estado dice que las ONG están parcializadas y cuando emite esos juicios?

Es muy claro que el Estado colombiano, como otros estados democráticos que apelan a desarrollar el respeto por los principios que pertenecen al Estado de derecho, necesitan esforzarse también para crear este ambiente distensionado, productivo, adecuado donde cumplen papeles muy importantes las organizaciones de defensores de derechos humanos. Entonces, es más, hay directivas del propio Estado colombiano que tienen que ver con eso, hay una directiva presidencial que se estableció durante el presidente Pastrana pero que todavía tiene vigencia, y que tiene que ver con instrucciones a todos los funcionarios del Estado colombiano para actuar respetuosamente hacia los defensores de derechos humanos. Hay una directiva importante también que emitió en su momento la entonces señora Ministra de Defensa relacionada con el respeto a los defensores de derechos humanos por parte del Estado.

¿Pero mi pregunta es que si la recomendación que le hace la ONU al presidente en el tema es que le baje el tono a las diatribas contra las ONG? Y ¿En qué van los contactos con las FARC?

Si se refiere a los contactos de las FARC con la ONU debo decirle que no es mi mandato, mi responsabilidad sino allí yo quisiera hacer referencia al colega enviado especial del Secretario General, el señor James Lemoyne así que es mejor dirigir las preguntas directamente a él la próxima vez que venga a Colombia. Tenemos mandatos complementarios pero diferentes y nosotros somos muy respetuosos de los mandatos que tenemos y el de la Oficina tiene que ver con observación, cooperación técnica, proporcionar asesoría en temas de derechos humanos.
En cuanto al otro tema, quiero enfatizar una vez más que lo que se necesita es tener un buen ambiente de trabajo y pensamos que justamente las medidas que tienen que ver con el plan nacional de acción en derechos humanos podrían ser el vehículo, el camino que debemos caminar todos para lograr tender los puentes necesarios en aras de promover lo que es la agenda común entre todos que es la promoción, la protección de los derechos humanos.

Pero no me contestó la pregunta sobre el tono…

Nosotros decimos en las recomendaciones que tiene que haber un respeto a l trabajo de los defensores de derechos humanos como ha dicho el mismo Estado colombiano en ciertas directivas y como son también las normas internacionales. Y nuestra forma de tratar es siempre promover ese tipo de enfoque, es utilizar ese tipo de formulaciones que estoy utilizando. Otros pueden utilizar otras formulaciones. Para nosotros es importante partir de la buena fe, ver hacia adelante y tratar de enfatizar lo positivo que se pueda lograr. Hay que ver hacia adelante más que hacia atrás.

Cuando Human Rights Watch hizo ciertas críticas al gobierno, también utilizó un tono acalorado ¿También sería conveniente que ellos mesuren su forma de hacer sus observaciones con respecto al Estado?

En el tema de los derechos humanos, que es un tema muy interesante porque permea todo lo que tiene que ver con nuestras vidas humanas, con la vida cotidiana tratando los derechos civiles, políticos pero también los económicos, los sociales y los culturales, es un conjunto que es muy importante ver en su común agenda porque las normativas de los derechos humanos están confeccionadas con los propios estados, asumidas por los propios estados y nos compete a todos hacerlas realidad.
Cuando uno trabaja sobre una agenda común siempre es mejor asegurar que haya fuentes, contactos e importantes contactos francos pero respetuosos. En la medida en que se puedan evitar gritos o tonos no apropiados, es mejor. Todos de vez en cuando tenemos situaciones no tan fáciles para cumplir con este principio pero debemos recordarnos a nosotros mismos que vamos a poder lograr avances importantes de esta manera, no se trata de regañar sino de construir un ambiente positivo, constructivo para llevar a cabo tareas de mucha importancia.