La Oficina insiste en el deber de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario, en particular, de respetar la vida e integridad de la población civil.
La Oficina reitera la obligación de respetar los principios humanitarios de distinción entre combatientes y no combatientes, y de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Esta obligación se dirige tanto a los grupos armados al margen de la ley como a la Fuerza Pública. Las autoridades judiciales y de control deben investigar y sancionar las violaciones a estas normas.
La Oficina urge al Gobierno central a que lidere junto a las autoridades departamentales y municipales, en concertación con las comunidades afectadas, la búsqueda de soluciones para superar la problemática de estos barrios, que va más allá de la vía armada.
La Oficina recuerda al Estado su obligación primordial de proteger a la población civil y de no exponerla a los peligros bélicos, así como de garantizar los derechos fundamentales de ésta.
En el marco de estas obligaciones es imperativo que las autoridades coordinen programas sociales y económicos, entre otros, que aseguren la presencia integral del Estado, incluyendo la de sus instituciones civiles, en esta zona.
La Oficina expresa su sentimiento de solidaridad y acompañamiento a los habitantes de estos barrios que se encuentran inermes en medio del conflicto, e insta a las autoridades a que presten la debida asistencia a los heridos y a otras víctimas de estos hechos.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2002/10/cp0228.pdf
