La Oficina observa que esta matanza tuvo lugar pese a que oportunamente la Defensoría del Pueblo había advertido al Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”, con sede en Valledupar, sobre la inminencia de una incursión paramilitar en la zona.
La Oficina pone de presente que con estos asesinatos los paramilitares del Bloque Norte han cometido una grave infracción del derecho internacional humanitario, han violado el cese de hostilidades y no han actuado conforme a los compromisos contraídos a través del acuerdo de Santa Fé de Ralito.
La Oficina también condena la siembra de minas antipersonas por parte del ELN en el área rural del municipio de Curumaní. Este hecho es una grave infracción del derecho internacional humanitario.
La Oficina solicita a la Fiscalía General de la Nación establecer con celeridad, mediante una investigación pronta e imparcial, adelantada por la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, las circunstancias en que ocurrieron los hechos de Curumaní y el número total de víctimas de los mismos.
La Oficina solicita a la Procuraduría General de la Nación investigar si en el caso de Curumaní hubo conductas omisivas por parte de servidores públicos.
La Oficina expresa sus sentimientos de solidaridad a los familiares de las víctimas, y a las autoridades y al pueblo de Curumaní.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2005/12/cp0559.pdf
