Según las informaciones suministradas a la Oficina por la Defensoría del Pueblo y por otras fuentes, la muerte de Jhony Silva Aranguren y las heridas causadas a sus compañeros se produjeron cuando miembros del Escuadrón Antimotines de la Policía Nacional (ESMAD) hicieron, dentro de las instalaciones de la Universidad, disparos de arma de fuego contra personas que participaban en una manifestación pública.
Al condenar y deplorar estos hechos, la Oficina recuerda la existencia de principios de carácter internacional que señalan los límites dentro de los cuales pueden los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acudir al empleo de las armas de fuego. Según estos principios, el uso deliberado de tales armas sólo se justifica cuando ello es estrictamente inevitable para proteger una vida.
La Oficina insta a las autoridades judiciales competentes a investigar de inmediato, con solicitud, eficiencia e imparcialidad, las conductas punibles cometidas durante la actuación de integrantes de la Policía Nacional en la Universidad del Valle.
La Oficina pone de presente que todo caso de muerte o de lesión causada a personas de condición civil por miembros de la fuerza pública debe ser investigado y juzgado por la jurisdicción ordinaria.
La Oficina hace llegar su voz de solidaridad a los parientes de las víctimas y a los miembros de la comunidad académica.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2005/09/cp0548.pdf
