Aunque aún no se ha determinado la autoría de ese atentado, la Oficina recuerda que el empleo deliberado del terror como instrumento de acción política o como método de guerra está claramente prohibido por la legislación internacional.
Los actos terroristas constituyen una forma particularmente cobarde y criminal de perturbar la seguridad y la tranquilidad públicas, privar de la vida a personas civiles y dañar bienes cuya destrucción resulta por completo injustificable, aún en caso de conflicto armado.
Merece el calificativo de terrorista cualquier acto que tenga como fin principal causar terror a personas civiles por motivos de orden político, militar o religioso.
La Oficina exhorta a las autoridades colombianas competentes a poner en práctica todas las medidas necesarias para que el crimen perpetrado en la capital del Meta sea investigado, juzgado y sancionado.
La Oficina hace llegar su voz de solidaridad a las familias de las víctimas y al pueblo de Villavicencio, lo mismo que a toda la ciudadanía del Meta.