Como representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un honor muy especial para mí
participar en el vigésimo quinto aniversario de los trágicos hechos del Palacio de Justicia. Agradezco a la Corte Suprema de Justicia y a los sobrevivientes y familiares presentes el día de hoy, permitirme honrar con todos ustedes la memoria de los muertos y desaparecidos en los hechos ocurridos los días seis y siete de Noviembre del año 1985.
Hay acontecimientos que marcan profundamente la memoria de los pueblos. La toma del Palacio de Justicia ciertamente representa uno de los eventos más tristes y traumáticos en el recuerdo colectivo de la nación.
La violenta toma guerrillera por parte del M-19 y la recuperación a sangre y fuego del Palacio por parte de las fuerzas armadas dejaron un trágico saldo fatal de cerca de un centenar de vidas humanas, al menos doce personas desaparecidas y decenas de sobrevivientes afectados por el horror de lo vivido durante 28 horas.
Estos hechos fueron seguidos de un manto doloroso de silencio e impunidad que solo recientemente se comienza a levantar.
En este día de conmemoración para las víctimas de la toma del Palacio de Justicia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, envía un mensaje especial desde Ginebra “de apoyo a los familiares y a los sobrevivientes de los muertos y desaparecidos” y “expresa su profunda tristeza por la muerte de once Magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante la tragedia.”
Nadie puede eliminar el sufrimiento que han causado los hechos del Palacio de Justicia. Nadie puede devolver la vida a los muertos.
Pero si es posible revelar la verdad de lo que pasó, identificar a los responsables y hacer justicia.
La Corte Suprema de Justicia, veinte años después de la tragedia, creó una Comisión de la Verdad. Esta Comisión, conformada por tres de sus ex Presidentes, presentó al Estado y a la sociedad colombiana una juiciosa reconstrucción de los hechos e importantes recomendaciones en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Existen trascendentales fallos del Consejo de Estado en los que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo declaró, sin excepción, la responsabilidad estatal en decenas de demandas presentadas por las víctimas sobrevivientes, así como por los familiares de los Magistrados, servidores públicos, trabajadores y visitantes fallecidos y desaparecidos.
Sin embargo, 25 años después de la destrucción del Palacio de Justicia, la impunidad sigue rodeando las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron en ese entonces.
En este día tan histórico expreso la expectativa de que los graves crímenes cometidos hace 25 años no queden impunes.
Hasta la fecha solo existe una condena por la desaparición forzada de once personas. Esta condena, casi 25 años después, es una condena que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de “histórica”.
También fue una condena difícil. El proceso judicial estuvo acompañado de amenazas e intimidaciones contra los operadores judiciales y los abogados defensores. El fallo provocó duras reacciones del ejecutivo y de la cúpula militar. La jueza que decidió el caso tuvo que salir del país. Meses después de la sentencia, la fiscal encargada del caso cambió, lo cual, ojalá, no conlleve la dilatación de los procesos que estaban a su cargo.
Con ocasión de esta conmemoración, quiero expresar mi esperanza de que los procesos judiciales del Palacio de Justicia finalicen lo más pronto posible, en un clima de respeto a la independencia de la justicia y asegurando el debido proceso para todos los involucrados.
Para ello, es fundamental que el Estado brinde plenas garantías de protección. El Estado Colombiano debería reafirmar la legitimidad de la labor de los operadores judiciales, de los representantes legales de las víctimas, así como de los familiares y testigos en los procesos penales. Esta es una importante condición para que los juicios sobre los hechos del Palacio de Justicia puedan culminar sin verse afectados por injerencias externas, amenazas o intimidaciones.
En este sentido, transmito el reconocimiento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al valor de la Corte Suprema de Justica presente en este acto de conmemoración porque la Corte “permaneció firme en la defensa del Estado de Derecho y de los más altos valores democráticos, así como de su propia independencia.” La Alta Comisionada hace un llamado al país “a continuar en la búsqueda de las personas desaparecidas y a poner fin a la impunidad” y “clama también para que los eventos trágicos de 1985 nunca sean olvidados.”
Considero que la presencia del Presidente de la Republica, Juan Manuel Santos Calderón, de las más altas autoridades del Estado Colombiano, de la comunidad internacional, de la sociedad civil y de los familiares de las víctimas y sobrevivientes en este acto de remembranza, representa un clamor social, un mensaje inequívoco, un compromiso político de hacer todo lo posible para que hechos como los que lamentamos y conmemoramos el día de hoy no se repitan.
El irracional uso de las armas, el uso desproporcionado de la fuerza y el desprecio por el derecho a la vida que se evidenciaron en los hechos del Palacio de Justicia dejan un saldo trágico y unas lecciones para el país. Deben motivar hoy y siempre a las nuevas generaciones a rechazar la violencia y reconocer la inutilidad del conflicto armado que desangra el país; y deben orientar también al Estado y a la sociedad en su conjunto a buscar el diálogo y el respeto por los derechos humanos en la solución de sus conflictos.
La llama eterna que hoy encendemos ilumina el camino hacia este norte. Es un símbolo perdurable en memoria de las víctimas y una luz de esperanza “Por la vida y la justicia” – por una Colombia mejor.
Muchas gracias.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2010/11/cp1034.pdf
