La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace pública su enérgica condena por la muerte violenta del Profesor Jesús Antonio Bejarano Avila, ocurrido el día 15 de septiembre en el seno de la Universidad Nacional de Bogotá.
El Profesor Bejarano Avila fue ultimado en horas de la noche de ayer por dos individuos en momentos en que se dirigía al salón de clase de la Facultad de Economía. El catedrático, que se había retirado de la función pública, había sido un activo participante en los temas vinculados a los diálogos de paz, en particular como Consejero de Paz del Presidente Cesar Gaviria, y era actualmente profesor e investigador de la Universidad Nacional, conocido por sus posiciones críticas sobre el actual proceso de paz en Colombia.
Este atentado, particularmente grave por producirse al interior mismo de un centro universitario, representa un nuevo acto repudiable en contra de la democracia y el Estado de Derecho, así como de las personas que luchan, en estos momentos, en Colombia, por la plena vigencia de los derechos humanos, y en particular en contra de los foros universitarios y académicos. Ello viene a añadirse a las acciones violentas perpetradas en contra de líderes estudiantiles y las amenazas reiterativas de las Autodefensas Unidas de Colombia a diferentes universidades del país, en particular a la Universidad Nacional, la de Antioquia, de Córdoba, del Atlántico y de Huila.
La Oficina desea destacar que considera inaceptable este tipo de hechos pues desconocen la protección debida a la población civil en un conflicto armado y reprimen el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de opinión, expresión e información, inherente a la actividad académica e de investigación. Cabe recordar que las universidades, así como otras instituciones democráticas, tienen la importante responsabilidad de aportar y contribuir a la formación, reflexión, análisis y debate sobre los temas y problemas nacionales que afectan al país.
La Oficina solicita a las autoridades nacionales a llevar adelante una investigación exhaustiva de esos actos y sancionar a los responsables de los mismos.
La Oficina reitera su llamado a los actores del conflicto armado interno a cumplir con su obligación de respeto y protección de las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades. Les exhorta, por consiguiente, a ajustar su comportamiento y acciones a las normas del derecho internacional humanitario. Finalmente, desea recordar el compromiso que ha asumido la comunidad internacional de sancionar internacionalmente a los responsables de las infracciones graves a estas obligaciones humanitarias.
