La Oficina tuvo la oportunidad de dialogar con las autoridades indígenas del lugar, con el Alcalde municipal, con los oficiales de la Fuerza Pública, con el representante de la Iglesia y con organizaciones de la sociedad civil.
Durante su visita la oficina pudo constatar:
1. Que la Defensoría del Pueblo advirtió con anterioridad sobre la inminencia del ataque de las FARC-EP a Toribío, sin lograr respuesta efectiva por parte del Comité Interinstitucional de Alerta Temprana, CIAT.
2. Que al atacar los puestos de la Fuerza Pública ubicados en Toribío, las FARC-EP utilizaron armas cuyo empleo desconoció los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad aplicables a la conducción de las hostilidades.
3. Que el ataque de las FARC-EP causó la muerte de un niño, lesiones a un número considerable de civiles, entre ellos cinco heridos de gravedad, el desplazamiento de gran parte de la población civil del municipio, la destrucción de viviendas y graves daños a la infraestructura pública municipal.
4. Que durante su ataque las FARC-EP utilizaron la escuela del poblado, provocando daños en la estructura del plantel y afectando el derecho a la educación de los niños de Toribío.
5. Que la situación de seguridad pública en el municipio de Toribío continúa bajo un limitado control de las autoridades por efecto de una considerable presencia del frente 6 y de la columna Jacobo Arenas de las FARC-EP.
6. Que los miembros de la comunidad están atemorizados ante la posibilidad de ser víctimas de retaliaciones provenientes de los que han participado en las hostilidades.
7. Que el Estado todavía no ha materializado la ayuda humanitaria urgentemente necesitada por la población civil del municipio de Toribío.
Al condenar los ataques a Toribío, la Oficina pone de presente:
1. Que los principios de distinción, limitación y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario para la conducción de las hostilidades fueron infringidos por las FARC-EP durante su ataque en Toribío.
2. Que el derecho internacional humanitario prohíbe usar medios de combate cuyo empleo no permita discriminar los objetivos. Al utilizar “pipetas” de gas contra un objetivo situado en área habitada por civiles, las FARC-EP infringieron esta prohibición.
3. Que el derecho internacional humanitario, al establecer el principio de distinción, prohíbe atacar o poner en riesgo a la población civil, y utilizar bienes civiles con propósitos militares. Las FARC-EP han irrespetado este principio al dar muerte y herir a civiles indefensos, y al instalarse en la escuela de Toribío.
La Oficina hace notar que en Toribío no debieron haberse construido instalaciones de la fuerza pública como las existentes en medio de una concentración de civiles.
La Oficina condena los injustificables actos de violencia cometidos por las FARC-EP en Toribío, con los cuales se han infringido en forma grave los principios y las normas del derecho internacional humanitario, y se ha demostrado nuevamente un total menosprecio por la vida, la integridad y la seguridad de los civiles.
La Oficina insta al Secretariado de las FARC-EP a asegurar que todos los miembros de ese grupo armado ilegal observen plenamente los principios humanitarios de limitación, distinción, proporcionalidad y protección de la población civil.
La Oficina insta a las FARC-EP a respetar las misiones humanitarias y a no impedir el libre tránsito de los bienes destinados a la población civil.
La Oficina urge al Ministro de Defensa a adoptar las medidas necesarias para que en Toribío se haga efectiva la protección general de la población civil contra los peligros procedentes de operaciones militares.
La Oficina urge a las autoridades responsables a tomar cuanto antes las medidas para garantizar que la ayuda humanitaria llegue a la población afectada.
La Oficina expresa su solidaridad con todas las víctimas de estos hechos lamentables, y anuncia su propósito de seguir observando de cerca la evolución de la situación en el municipio de Toribío.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2005/04/cp0526.pdf
