Ante la reciente fuga del Mayor César Alonso Maldonado, quien se encontraba recluido en la base militar de Tolemaida cumpliendo condena por varios delitos como homicidio y fuga de presos, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera su preocupación por las condiciones penitenciarias de las que gozan algunos militares acusados y condenados por delitos que constituyen serias violaciones de derechos humanos, que se encuentran recluidos en establecimientos o bases militares bajo autoridad militar.
La Oficina reconoce la rápida reacción del Comandante del Ejército que permitió la recaptura del militar fugado y el retiro del servicio activo de dos oficiales y un suboficial en un claro mensaje de tolerancia cero con este tipo de situaciones, así como el compromiso expresado por los Ministros de Defensa y de Interior y Justicia y los comandantes militares para revisar los regímenes aplicados en los sitios de reclusión.
La privación de la libertad como resultado de una condena o una medida preventiva de detención no pueden tener una aplicación diferente en establecimientos penales militares o en cárceles civiles. La aplicación irregular de beneficios penitenciarios en establecimientos o bases militares o la ausencia de una real privación de la libertad es una forma de impunidad, que compromete la responsabilidad, no sólo del comandante de dicha instalación, sino de sus superiores en la cadena de mando.
Los esfuerzos realizados para que las violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Militares sean juzgadas, de acuerdo con los principios de derechos humanos, por la jurisdicción ordinaria, no pueden ni deben ser eclipsados por un cumplimiento de la pena en condiciones contrarias a los compromisos del Estado de sancionar adecuadamente las violaciones de derechos humanos.
La fuga del Mayor César Alonso Maldonado, así como otros hechos similares ocurridos en el pasado, deben conducir a una inmediata revisión de la real implementación del régimen jurídico aplicable y del desempeño de las autoridades responsables de dicha tarea, en concordancia con los principios y estándares internacionales de derechos humanos.
«Es imprescindible que el Estado colombiano establezca rápidamente un marco claro que garantice un régimen carcelario seguro y estricto para militares que violaron los derechos humanos”, dijo Christian Salazar Volkmann, Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2011/01/cp1041.pdf
