Bogotá, D.C. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo condenan las amenazas de muerte en contra de las lideresas, los líderes y la comunidad del Consejo Comunitario La Toma, luego de que la comunidad y sus Representantes denunciaran la entrada de maquinaria pesada para la minería en la vereda Yolombó, en el corregimiento La Toma, municipio de Suárez, Cauca. Según la información recibida, las amenazas provendrían de personas relacionadas con la maquinaria pesada.
Las lideresas, los líderes y sus comunidades han dialogado con las autoridades sobre este tipo de minería, y han adelantado acciones para proteger los territorios y sus derechos. A pesar de ejercer exigencias legítimas, todas estas personas están en peligro, porque se han multiplicado las amenazas de muerte, tanto a nivel colectivo como individual. Uno de los casos más recientes es el presentado en La Toma.
Durante el 2014, la Defensoría y la Oficina han seguido con preocupación una serie de situaciones relacionadas con actividad minera realizada con maquinaria pesada, sin títulos y sin haber realizado procesos de consulta previa, libre e informada, con consejos comunitarios y cabildos indígenas, en particular, en la zona norte del departamento del Cauca. Estas situaciones están generando graves afectaciones como: la vulneración de los planes de vida de las comunidades; la contaminación ambiental; la ruptura del tejido social; y riesgos para quienes ejercen barequeo en este contexto, entre otras. Casos de violencia sexual y explotación infantil también han sido denunciados.
Durante el 2009, en la Toma, el consejo comunitario, que desde época ancestral practica minería de tipo artesanal, fue amenazado de desalojo debido al otorgamiento a privados de concesiones, sin consulta previa. La Corte Constitucional, por medio de su sentencia 1045-A del 2010, y basándose en el derecho a la consulta previa, libre e informada, ordenó a las autoridades competentes, abstenerse de otorgar o suspender (según el caso) las licencias de explotación minera hasta tanto se realizara, de manera adecuada, la consulta previa.
Es particularmente grave que a pesar de esta decisión de la Corte Constitucional, y a la solicitud de protección al territorio por la Ruta Étnica presentado en el 2010 por este consejo comunitario de acuerdo con el Auto 005 de 2009 de la Alta Corte, en esta área se esté realizando minería con maquinaria pesada, creando tensiones muy altas que ya produjeron amenazas y desplazamientos forzados de miembros de la comunidad.
La Defensoría y la Oficina reconocen varias medidas adoptadas por autoridades del orden departamental, entre las cuales están la declaratoria del estado de emergencia ambiental en las zonas hidrográficas Cauca y Patía. Recordamos que en esta resolución se ordena, inter alia, la suspensión de la expedición de permisos, concesiones, licencias, autorizaciones o conceptos ambientales, para el desarrollo de proyectos, obras o actividades de minería en el departamento del Cauca, a fin de constatar que ellas no estén produciendo afectaciones ambientales.
La Defensoría y la Oficina subrayamos la necesidad de que todas las autoridades competentes (civiles y militares) adopten e implementen medidas integrales, sin más tardar y de forma coordinada, para la protección de los derechos de las comunidades afectadas y del medio ambiente.
Urgimos a la Unidad Nacional de Protección a adoptar medidas individuales y colectivas, con enfoque diferencial y de género, para las comunidades y sus representantes.
Así mismo instamos a la Fiscalía General de la Nación a que investigue las intimidaciones y amenazas en contra de líderes y lideresas; y a la Procuraduría General de la Nación a que investigue posibles acciones y omisiones de las autoridades competentes en la región.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2014/10/cp1276.pdf
