Las personas privadas de la libertad por acción de integrantes de los grupos armados fuera de la ley afrontan las más dolorosas condiciones de existencia, pues no sólo se han visto despojadas de su capacidad individual de autodeterminación, sino que padecen los rigores de una reclusión prolongada e inmisericorde. Con la toma de rehenes se somete a los familiares de las víctimas a una cruel incertidumbre, incluso sobre la supervivencia de sus parientes.
La Oficina recuerda a las FARC-EP, y a los demás grupos armados ilegales con rehenes, que la señora Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en sus informes sobre Colombia ha exigido la liberación, inmediata y sin condiciones, de todas las personas afectadas por esta privación ilegal de la libertad.
La Oficina ha sido enfática en sostener que los miembros de los grupos armados ilegales quebrantan el ordenamiento humanitario no sólo cuando practican la infame toma de rehenes, sino cuando les niegan a las personas privadas de la libertad por motivos relaciones con el conflicto las garantías estipuladas por el derecho humanitario.
La oficina reitera su posición de exigirle a las FARC-EP, y a los demás grupos armados ilegales, la liberación inmediata de los rehenes.
La Oficina también reitera que: en la dolorosa ausencia de la libertad incondicional que se debe dar por parte de estos grupos armados ilegales, a las personas retenidas de modo ilegítimo, le compete al Estado colombiano buscar opciones y alternativas para lograr la liberación de esas personas sanas y salvas, y en satisfactorias condiciones de seguridad.
La Oficina reitera también su solidaridad con todos los familiares y amigos de las personas que sufren la toma de rehenes en Colombia, así como a todas las víctimas de la acción ilegítima de los grupos que participan directamente de las hostilidades.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2007/02/cp0705.pdf
