En la Estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad se unirán los esfuerzos de diversas entidades oficiales y de la sociedad civil. La iniciativa está respaldada por organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y la Corporación Andina de Fomento.
Según el Gobierno, en el nivel nacional la pobreza total es actualmente del 49.2% y la indigencia del 14.7%. Un crecimiento medio del 4.9% entre 2005 y 2019, permitiría reducir la pobreza a niveles del 17.1% y la indigencia a niveles del 6.2% o el 4.8%. También ha señalado el Gobierno que la reducción de la desigualdad en el coeficiente GINI deberá pasar en el 2019 del 0.55 al 0.48.
De lograrse estos objetivos, en 2019 Colombia habrá experimentado un notable avance en el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, y en las Metas del Milenio
La Oficina recuerda que en su último informe sobre Colombia la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Louise Arbour, exhortó al Congreso y al Gobierno “a aplicar en el campo económico y social políticas consistentes para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, en particular, reducir la brecha de inequidad, enfrentar la extrema pobreza y garantizar efectivamente los derechos a la salud, a la educación, al trabajo y a la vivienda”.
Al constatar la identidad de propósitos entre la Estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad y las recomendaciones de la Alta Comisionada, la Oficina alienta a las autoridades nacionales a cuyo cargo estará dicha estrategia a adoptar todas las medidas necesarias para promover el bienestar general de la sociedad colombiana, para fomentar la igualdad de los grupos discriminados o marginados y para dar protección especial a las personas en circunstancias de debilidad manifiesta.
La Oficina reitera que para obtener logros significativos en el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, es necesario que el Estado adopte políticas sólidas y caracterizadas por su sostenibilidad en el tiempo.
La Oficina, en desarrollo de su mandato, dará permanente seguimiento a la aplicación de esta nueva estrategia, y ofrece su cooperación técnica y su asesoría, tanto al Estado colombiano como a los diferentes sectores de la sociedad civil y organizaciones de la comunidad internacional, para contribuir al propósito positivo de erradicar la pobreza.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2006/10/cp0645.pdf
