Bogotá, D.C. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profundo rechazo y condena por el asesinato de Carlos Alberto Pedraza, defensor de derechos humanos, perpetrado la semana pasada. Carlos Alberto trabajaba por la defensa de los derechos humanos desde hace varios años y participaba en espacios como el Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Rural.
El que los autores y su motivación sean desconocidos no ha disminuido el impacto intimidatorio que ha tenido este asesinato en la ciudadanía y en los movimientos sociales y de derechos humanos. La Oficina expresa sus condolencias a la familia de Carlos Alberto, a sus amigos y a todas las personas que trabajan por los derechos humanos en el país.
El Estado tiene el deber jurídico de prevenir, investigar y sancionar los delitos y violaciones de derechos humanos y de llevar a los responsables ante la justicia. Este es un derecho de todas las personas y un deber de todos los Estados. Cuando el Estado falla, la impunidad promueve la repetición de los crímenes y la expansión de la inseguridad que impide ejercer nuestros derechos.
Cumplir este deber estatal tiene especial importancia cuando las víctimas son líderes sociales, étnicos y defensores o defensoras de derechos humanos. Las amenazas, asesinatos y desapariciones de las que han sido víctimas, por décadas, las defensoras y defensores de derechos humanos en sentido amplio han buscado acallar sus voces y evitar sus demandas por la vigencia de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa. La impunidad de sus autores ha enviado el mensaje que el Estado no es capaz de evitar que vuelvan a hacerlo.
En el marco de los esfuerzos por alcanzar la paz, el asesinato de Carlos Alberto pone de relieve que persiste la vulnerabilidad de las personas que defienden los derechos humanos y que apuestan por construir un país en paz. Esta muerte nos recuerda la urgencia que el Estado cambie esta tendencia histórica de impunidad y que para ello realice todos los esfuerzos y disponga de todos los recursos necesarios para identificar a los responsables de las agresiones y crímenes contra los defensores y defensoras, esclarecer su motivación y aplicar las sanciones establecidas en la ley.
Es también una razón más para potenciar espacios existentes de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales, étnicas y defensores de derechos humanos, como la subcomisión de derechos humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Rural y la Mesa Nacional de Garantías de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, en cuyo marco se puede avanzar hacia acuerdos sobre medidas de protección, no repetición y en contra de la impunidad.
La Oficina continuará acompañando al Estado colombiano, a la sociedad y a las y los defensores de derechos humanos en la búsqueda de políticas, programas y medidas concretas que contribuyan a garantizar el respeto por su vida, su integridad y su labor.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2015/01/savTzU06eno.pdf
