La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su gran preocupación ante el curso de los procesos judiciales por las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes habitantes de sectores del sur de la ciudad de Bogotá atribuidas a miembros del Ejército, que determinó la puesta en libertad provisional de 17 acusados.
«Estoy extremadamente preocupado por el impacto y las repercusiones que esta decisión pueda tener sobre los más de 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales que investiga la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, así como en las madres de las víctimas y los testigos» señaló Christian Salazar Volkmann, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Para la Oficina sigue siendo de extrema gravedad el patrón bajo el cual se cometieron muchos de estos hechos, según el cual las víctimas fueron contactadas por miembros de redes criminales, entre quienes se contaban efectivos de la fuerza pública, y posteriormente fueron reportadas como muertos en combate.
Ante estos casos fueron adoptadas medidas excepcionales por parte del Presidente de la República, del Ministerio de Defensa, y del Alto Mando Militar, con el claro objetivo de erradicar la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales y llevar a sus responsables ante la justicia.
La Oficina ha dado seguimiento con suma atención a las investigaciones y procesos judiciales por estos hechos y alertado de manera oportuna a las autoridades sobre situaciones que se están presentando, tales como amenazas y ataques contra testigos, familiares de víctimas y operadores judiciales, así como sobre la preocupación de la Fiscalía por la utilización de maniobras dilatorias por parte de los abogados de los sindicados.
El Estado colombiano tiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, lo cual exige asegurar plenas condiciones de oportunidad, celeridad, eficacia, imparcialidad e independencia frente a procesos de tan alta trascendencia y significación en la lucha contra la impunidad. La Oficina hace un llamado a la Fiscalía, al Consejo Superior de la Judicatura, a los jueces de garantías y a los tribunales competentes, así como al Ministerio de Defensa, para adoptar todas las medidas que sean necesarias para permitir el avance de los procesos, la protección de los testigos y familiares de las víctimas y el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.
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