La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena la muerte violenta del señor Rafael Jaimes, dirigente de la Unión Sindical Obrera, USO, ocurrida el 21 de marzo a manos de desconocidos, en Barrancabermeja, Santander.
La Oficina expresa también su gran preocupación por la privación de libertad a que está sometido el señor Gilberto Torres, otro dirigente de la USO. El señor Torres fue retenido en Monterrey, Casanare, el 25 de febrero de este año, y el grupo denominado Autodefensas Campesinas del Casanare ya reconoció tenerlo en su poder.
La Oficina ha registrado la información de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, según la cual durante el año anterior 160 sindicalistas murieron de forma violenta, 79 desaparecieron y 30 más sufrieron atentados. Un número no determinado de estos trabajadores padecieron desplazamientos y amenazas. La situación de las personas relacionadas con el sindicalismo ha continuado deteriorándose durante los primeros meses del año 2002.
Para la Oficina estos hechos afectan gravemente la democracia colombiana, porque vulneran los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la libertad individual y sindical de los trabajadores. Asimismo debilitan al movimiento sindical y provocan en la sociedad sentimientos de vulnerabilidad y desprotección.
La Oficina exhorta de nuevo a las autoridades colombianas a tomar las medidas necesarias para asegurar el respeto y la garantía de los derechos humanos. También las urge a realizar todos los esfuerzos necesarios para lograr la captura, el juzgamiento y la sanción de los responsables de los crímenes ya mencionados.
