Presentación del Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2010, Rueda de Prensa – transcripción

Presentación del informe anual por parte del Representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Señor Christian Salazar Volkmann.

Sesión preguntas:

Ester Reboyo – Agencia de Noticias EFE

Por un lado, si nos puede aclarar: ha dicho que en el año 2.004 y 2.008 fueron donde se produjeron el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, de una cifra que conocen de 2.500 casos pero que podrían elevarse sobre los 3.000, qué porcentaje de esas cifras se pudieron producir durante esa etapa? Quisiera saber en concreto, cuántos casos se atribuyen al gobierno de Uribe.
Y en segundo lugar, una aclaración, yo me pregunto: ¿Cómo se va a poder implementar esta ley de tierras que ustedes mismos también valoran y celebran, cuando al mismo tiempo se está produciendo una violencia sistemática precisamente contra los líderes de las personas que están protegiendo a las comunidades de desplazados?. Gracias.

Christian Salazar Volkmann:

Nosotros hemos puesto en conocimiento público el total del universo de casos que conocemos hasta ahora porque generalmente, lo que se maneja, son los casos que están en la unidad de derechos humanos de la Fiscalía, pero fuera de esta Unidad están las Unidades Seccionales que manejan otro número de casos que están todavía en la Justicia Penal Militar y esto hace un Universo total de 2.500 casos sobre el conocimiento que tenemos de número de víctimas, hemos hecho una estimación de cuántas víctimas puedan existir, víctimas civiles presentadas como muertos en combate, como resultados de una ejecución extrajudicial y nosotros creemos que son por lo menos 3.000 personas pueden haber sido víctimas de ejecuciones. La gran mayoría de los casos se produjeron entre el año 2.004 y 2.008, según los casos que están en la unidad de DDHH, el 89 por ciento de todos los casos que conocemos hasta ahora se produjeron en este lapso de tiempo.
En cuanto a la ley de tierras y víctimas, creo que desde un inicio de cuando se empezó a discutir esta ley, nosotros hemos expresado que nos parece importante una ley de víctimas y un proceso de restitución de tierras, pero hemos hecho numerosos llamados al gobierno de dar el mismo peso a la protección integral de todas las personas que entran en ese proceso al de la restitución de tierras. Hasta ahora, no hemos visto suficientes esfuerzos en ese sentido. Hemos denunciado y hemos hecho seguimiento a varios casos de asesinatos de líderes que reclamaban tierras, no solamente en el 2010, en el año 2009 hemos levantado el tema de las amenazas específicamente dirigidas contra personas que reclamaban tierras.

Hemos hecho la propuesta específica al gobierno, en el sentido de que cualquier restitución que se haga, debe contar antes con un análisis de riesgo, entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y las mismas organizaciones de víctimas y que, a partir de este análisis de riesgo, se deben emprender actividades de acuerdo a lo que se encuentra en el lugar en cinco áreas: 1) medidas de seguridad que corresponden 2)medidas de protección que corresponde, 3) creemos que la Fiscalía debería hacer un esfuerzo especial con un equipo de judicialización, porque muchas veces las organizaciones de víctimas a nivel local saben quiénes son las personas que las ponen en riesgo, entonces eso generaría una acción más rápida. 4) Creemos al mismo tiempo que se deben hacer esfuerzos de comunicación social en las áreas donde se hacen restitución de tierras para informar a la población mejor y 5) establecer un pequeño fondo de apoyo a las organizaciones de víctimas que, muchas veces, ponen en riesgo su vida pero casi no tiene medios, esto es lo que nosotros llamamos una protección integral.
En el Ministerio de Defensa ha habido una reunión sobre este tema, creo que hace como 3 semanas, 4 semanas, hemos levantado el tema también con el presidente Santos y esperamos también que lo más rápido posible se tomen estas medidas de protección

Hernando Salazar – BBC Español

Me llama la atención el segundo punto de las recomendaciones, donde ustedes reiteran que han hecho muchas recomendaciones en el pasado, que no se han cumplido. Y, daría la impresión de que de pronto el papel de la Oficina se limita a hacer unas recomendaciones que quedan ahí para la historia y el gobierno no siente la obligación de cumplirlas. Yo sé que esas recomendaciones no son mandatorias, pero ¿Cuáles son las recomendaciones que no se han implementado o que les preocupan a ustedes que no se hayan implementado particularmente?

Christian Salazar Volkmann

Ese es un tema muy amplio. Lo que a mí más me ha frustrado puedo decir, el año pasado, fue la desatención a nuestra recomendación sobre el tema de violencia sexual, porque ya se veía el tema, lo estábamos siguiendo de mucho tiempo, yo sí levanté estas recomendaciones con el presidente Uribe, con el Ministro de Defensa de aquel entonces, hablamos también con la nueva cúpula militar, con el nuevo ministro de defensa, y son recomendaciones que no están fuera de lugar.
Principalmente hemos insistido en que más allá de una política general sobre el tema de la violencia sexual, se especifiquen para los soldados, para los oficiales, qué es lo que deben hacer en prevención cuando pasa un caso, cómo se deben comportar, precisar esto, dar las instrucciones muy claras.

El Ministerio nos informa que están trabajando en un reglamento. No lo hemos visto todavía, pero esta es una recomendación que, digamos que, de alguna forma, también a la luz del caso de Arauca, que fue tan tremendo y tan doloroso, no se entiende, por lo menos de mi parte, porque no se ha podido avanzar más rápidamente con una recomendación así.

Hernando Salazar – BBC Español

Pero esta es una recomendación resiente, ¿Qué pasa con las recomendaciones que para usted son importantes y que no se han implementado, por ejemplo?

Christian Salazar Volkmann:

La verdad es que, la Oficina ha hecho muchas recomendaciones a lo largo del tiempo, yo no tengo aquí una estadística ahora, de cuáles se cumplieron, cuáles no se cumplieron, también las recomendaciones son de diferente índole, y algunas son a más largo plazo, entonces es muy difícil para mí responder la pregunta que usted está haciendo, correctamente y concretamente.

Claudia Julieta Duque – Radio Nizkor

Yo quisiera preguntar respecto al párrafo 40 del informe que tiene que ver con la ley 975, que aquí se conoce como ley de Justicia y Paz, y leyendo el informe queda claro que todavía no es una ley de Justicia, y viendo los escándalos de los últimos días, pareciera que tampoco fuera una ley de paz. Según esta recomendación ustedes sugieren una reforma a la ley de Justicia y paz y dice textualmente: “podría incluir la consolidación de fases procesales, la posibilidad de acusaciones colectivas, la obligación de investigar y sancionar solo graves crímenes, “. Quisiera saber, acaso el Alto Comisionado cuando dice “sancionar solo graves crímenes “está sugiriendo alguna clase de amnistía a otros crímenes cometidos por el paramilitarismo, en el marco de la ley

Christian Salazar Volkmann:

Obviamente, estamos lejos de sugerir una Amnistía por crímenes cometidos por paramilitares. El afán es que nosotros creemos que después de cinco años de esta ley, y lo hemos dicho creo que cada año, que la impunidad que esta reinando en ese ámbito es muy grande.
Ahora tenemos recién dos sentencias apeladas. Nosotros siempre hemos dicho que la ley 975 no ha rendido Justicia, muy poca verdad, y nada de reparación.
Entonces esta propuesta es como para ayudar a romper la impunidad. La obligación de los fiscales de tener que investigar a absolutamente todo, está bloqueando realmente el sistema y es una de las causas, creemos nosotros, por las cuáles no se puede avanzar más rápidamente entonces, por ejemplo, una sugerencia sí es esa: que los fiscales tengan la facultad de priorizar los casos más atroces, la facultad de hacer imputaciones colectivas, ahora se va caso por caso, y son muchos. Sería mucho mejor, por ejemplo, ver qué ha hecho el bloque Tal y tal, en tal región, establecer responsabilidades y a partir del análisis de la estructura entera de ese bloque emprender responsabilidades de los miembros del bloque, por ejemplo.
Son recomendaciones específicas para acelerar los procesos, pero quisiera pedirle a Antonio decir en qué direcciones van nuestras propuestas, de hecho, debo decir que con este gobierno hemos recibido señales de que tal vez sí podemos avanzar con una reforma de la ley 975 en ese sentido

Antonio Menéndez de Zubillaga, coordinador del programa de lucha contra la impunidad.

La Oficina está recomendando una reforma integral de la Ley que no se limita a simplemente los procedimientos que han sido identificados por bastantes de los actores que han estado implementando la ley, en el que la complejidad del procedimiento penal ha creado unos cuellos de botella importantes.

Lo que nosotros estamos planteando es una reforma y revisión integral de la ley que no solamente incluya el mecanismo judicial que está establecido en la ley, sino también los otros mecanismos de los que se compone la justicia transicional en los que ocupa un lugar importante el proyecto de ley de víctimas.

Nina Negrón, Agencia AFP

Quería pedirle si nos podría profundizar un poco de los grupos surgidos después de la desmovilización, cuáles es la preocupación fundamental de ustedes, si es que han crecido en crímenes, si es que ha crecido la tolerancia, profundizar un poco más ese tema.

Christian Salazar Volkmann:

Nosotros sí estamos recibiendo más quejas, más denuncias sobre la violencia generada por estos grupos aunque el aumento de las masacres en un 40 por ciento el año pasado, aunque no son los únicos estos grupos, sí tiene mucho que ver con el accionar de estos grupos. Esta intensificación de la violencia nos preocupa. La recomendación de la Alta Comisionada es que al combatir estos grupos hay que ir más allá del aumento del pie de fuerza pública, eso también pero la recomendación es que el Estado colombiano busque una forma más integral de combatir esos grupos.

En lo que hacemos hincapié especial es en que creemos que es necesario ser contundentes en combatir los casos de corrupción, aquiescencia, connivencia, que existen en ocasiones a nivel entre miembros de la fuerza pública de estos grupos, y esto es importante porque si no se es más fuerte y, diría yo, tener cero tolerancia con estos casos de colaboración, no se va a poder avanzar con los casos de judicialización porque la gente tiene miedo de denunciar estos grupos y si no denuncia no puede haber judicialización. La gente, las personas que viven en estas comunidades tienen la percepción, por bien o por mal, así nos cuentan a nuestros observadores y a mí en los personal, si ellos piensan que miembros de la fuerza pública y miembros de estos grupos pos desmovilización están haciendo cosas conjuntas, obviamente no se atreven a denunciar y por eso creo que esta recomendación de hacer más fuerte la lucha anticorrupción, es una recomendación muy importante.

Jenny Navarro, Caracol TV

Sin duda no ha habido ni justicia, ni verdad, ni reparación en cuanto a la ley de Justicia y Paz y, al parecer, ni verdadera desmovilización, ante el escándalo de un bloque desmovilizado sin que sus miembros fueran paramilitares, habría algún pedido por parte de la ONU en cuanto a las investigaciones?

Christian Salazar Volkmann:

Si se refiere al caso que está en los medios hoy, la recomendación es que la Justicia lo investigue a profundidad, esto es lo que sería nuestra recomendación.

Rosdary Rodríguez, Oficina de prensa Alemana

¿Qué pronósticos tiene la Oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos y cómo puede ayudar la Unión Europea a mejorar la situación?

Christian Salazar Volkmann:

Es realmente difícil para mí especular sobre el futuro en un país tan complejo y tan imprevisible como lo es Colombia. No sería realmente correcto hacerlo, aquí todos saben que cada día o cada segundo pasa algo, entonces yo realmente no quiero especular sobre el futuro pero obviamente, el apoyo de la Unión Europea en mejorar la situación de derechos humanos en todos los ámbitos es importante, es bienvenido el apoyo tanto político, como técnico, como financiero, de muchas áreas por ejemplo, si en algún momento va a entrar en vigencia la ley de víctimas y restitución de tierras va a haber fuerte demanda por parte del Estado Colombiano, en asesoría técnica.

Juan Carlos Millán, TERRA Colombia.

Este gobierno ha sido claro en insistir en que las llamadas bacrim no tienen nada que ver con las víctimas del paramilitarismo, sin embargo, ustedes en su informe reconocen que estas estructuras tienen muchos componentes de lo que es el paramilitarismo, ¿Cuál es la diferencia entre lo que son estas estructuras y el paramilitarismo que se conocía como tal?

Christian Salazar Volkmann:

En Colombia siempre hay un debate muy fuerte, no desde ahora, sobre qué son esos grupos, si son bandas criminales o si son paramilitares. Nuestra Oficina siempre ha mantenido una terminología, los llamamos grupos que surgieron después del proceso de desmovilización de paramilitares sin un calificativo porque realmente la heterogeneidad del fenómeno, tal como nosotros lo vemos a partir de nuestra gente en el terreno, nos dificulta una categorización muy específica, porque estos grupos tienen elementos de continuidad con el paramilitarismo, pero también, elementos digamos que son diferentes.
Entre los elementos de continuidad podemos ver que en cuanto a las capturas podemos ver que alrededor del 12 por ciento de los capturados por la policía, son personas que anteriormente pertenecieron a las AUC. Tenemos incluso el problema que incluso entre los mandos medios de los grupos paramilitares sí entraron en posiciones claves, posiciones de jefes de estos nuevos grupos.
El Ministro de Defensa habló el fin de semana pasado del 50 % de los jefes que tengan ese fondo traen a los grupos ese conocimiento paramilitar, esos contactos. Ahí hay por ejemplo, una línea de continuidad pero, por ejemplo también vemos que el accionar de esos grupos está dirigido a sus intereses ilícitos, no vemos un afán de lucha antisubversiva en el terreno. Hay alianzas con la guerrilla, hay áreas de combate con la guerrilla de acuerdo a los intereses locales. También estos grupos emplean el sicariato, como una de sus modalidades principales de ataque.
Por otro lado, hay zonas donde uno ve que en los panfletos, que ellos mandan, usan lenguaje paramilitar, usan símbolos paramilitares, y además estos grupos en cada departamento o municipio a veces tiene formas diferentes de actuar, a veces no están presentes ellos mismos, cooptan grupos de delincuencia común locales, entonces esta es la estructura que nosotros vemos, lo que sí pensamos es que estos grupos sí son, tal vez, hoy en día la amenaza principal para el Estado de derecho y para la garantía a los derechos humanos.

Felipe Quintero, RCN Radio

Ustedes hacen una importante recomendación en el tema político, en que no ha desaparecido la parapolítica del nuevo Congreso y es el mismo Congreso que tiene gran cantidad de iniciativas legislativas. En este momento, la ley de víctimas y restitución de tierras sobre la cual ustedes también hacen advertencia, ¿Cuál es el llamado de ustedes al actual Congreso que sesiona a esta hora?.

Christian Salazar Volkmann:

Primero estamos advirtiendo que ahí hay congresistas que tienen investigaciones penales y estamos poniendo eso en conocimiento. Nuestra advertencia es sobre las elecciones de este año, sobre las elecciones locales, la parapolítica local. Creo que ustedes saben que mucho se está hablando de las investigaciones del Congreso, pero mucho menos de que hay gobernadores, alcaldes, concejales muchos investigados también por parapolítica y ahí creemos que es importante que tanto el Estado, yo creo que el Ministerio del Interior hace poco publicó una lista de 60 municipios de alto riego en ese sentido, que sean muy vigilantes. Un tema que creemos importante vigilar es el financiamiento de las nuevas campañas electorales, ver quiénes están haciendo campaña. Ver los afiches o los spots en la radio, esto realmente es posible pagarlo con lo que el Estado faculta o ahí deben haber otras fuentes de financiamiento. En ese sentido creemos que debe haber una vigilancia muy estrecha en las elecciones del 2011 es importante.

Natalia Herrera – el Espectador.

Usted se refirió a un tema preocupante y es el de los niños partícipes en acciones de inteligencia de la Fuerza Pública quisiera que profundizara un poco más ese tema

Christian Salazar Volkmann:

Esto se refiere a una práctica que conocemos y que venimos informando hace varios año y se trata de que miembros de la fuerza pública interroguen a menores de edad, en las comunidades sobre qué es lo que saben, por dónde anda el grupo armado ilegal y esta práctica de interrogar a los niños, al adolescente le pone en riesgo. Ningún miembro de la Fuerza Pública debería hacer eso, porque se va el soldado, o se van los oficiales y después puede haber retaliación contra el niño. Seguimos registrando casos en ese sentido.

Camilo Segura – Contravía

¿Qué recomendaciones hay de la Oficina frente a la política que tiene el gobierno para fomentar los megaproyectos agroindustriales que muchas veces están establecidos en tierras que han sido arrebatadas por grupos ilegales, y fomentar el retorno a la vez a esos mismos predios?

Christian Salazar Volkmann:

El valor adicional, o la fuente de crecimiento de Colombia en la economía mundial va a basarse mucho en las industrias extractivas, la agricultura intensa, las importaciones en ese sentido. Y nosotros hemos hecho una serie de llamados y recomendaciones que el país debe elaborar cuando hay esas prioridades económicas, un procedimiento que garantice a las comunidades afrocolombianas e indígenas su derecho a ser consultado sobre qué es lo que se está haciendo con estas tierras. Creemos que ese derecho a la consulta previa, debe extenderse en caso de la minoría, no sólo a la fase de la explotación misma, sino a todas las fases anteriores de prospección y exploración. Sobre eso no hay regulación, no hay mecanismos y esto es lo primero que creemos que hay que impulsar rápidamente.

Segundo, es que esta consulta previa y cualquier legislación, decreto o lo que haga el gobierno está bajo mucha presión por la inversión nacional y extranjera sobre este tema, debe consultarse y discutirse apropiadamente con las comunidades, porque sería absurdo tener un mecanismo de consulta previa no consultado. En eso, estamos en diálogo con el gobierno y es sobre estos dos puntos.

LUIS JAIME ACOSTA – AGENCIA REUTERS

Un poco para resumir, ¿Comparativamente con el informe que presentaron del 2.009, este del 2010 es más crítico o hubo algunas mejorías globales en el tema de derechos humanos en Colombia?.
Lo segundo, ¿Por qué las denominadas bandas criminales emergentes como las denomina el gobierno, representan una mayor amenaza que otras organizaciones armadas dentro del conflicto colombiano para el tema de derechos humanos?

Christian Salazar Volkmann:

Sobre la segunda pregunta, como lo mencioné, realmente ver un aumento del 40 por ciento en las masacres en el país, es grave y como le digo, esto se relaciona con el accionar de estos grupos y como le digo, estos grupos tienen un poder de corrupción y de infiltración del Estado que hay que combatirlo con mucha fuerza, por eso decimos que estos grupos son una fuerte amenaza para el Estado de Derechos.
Sobre la primera pregunta, como dije al comienzo de mi exposición, nosotros sí vemos que haya una serie de iniciativas políticas y legislativas prometedoras el año pasado iniciado por el nuevo gobierno, pero la situación sigue siendo grave y seguimos observando serias violaciones de derechos humanos.

Muchas gracias!