Presentando el Informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia (E/CN.4/2001/15) ante la 57 Sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Ginebra, 17 de abril de 2001
Sr. Presidente,
Distinguidos miembros de la Comisión,
Excelencias,
Señoras y Señores;
Tengo el honor de presentar ante la Comisión el cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y las actividades de nuestra oficina en ese país. Mi informe se hace a la luz de los elementos solicitados por la Declaración del Presidente del 56 período de sesiones de la Comisión de derechos humanos, leída el 19 de abril de 2000, que pidió a nuestra Oficina presentar un informe analítico sobre la situación de los derechos humanos en el país.
En diciembre pasado visité por segunda vez a Colombia. La visita me dio la oportunidad de experimentar directamente las dificultades extremas que enfrentan muchos colombianos. Los derechos fundamentales están continuamente en riesgo, particularmente el derecho a la vida y el derecho a la seguridad personal. Dejé el país profundamente preocupada por la situación de los derechos humanos y por la situación vulnerable en que nuestra Oficina lleva a cabo sus funciones. Mi preocupación ha aumentado por los más recientes informes sobre Colombia, que hablan de un ulterior empeoramiento de la situación.
Los hechos del pasado fin de semana revelan el deterioro de la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia. Los informes sobre lo ocurrido en la zona del Naya, en el sur de Colombia, indican que por lo menos 37 civiles fueron masacrados por las fuerzas paramilitares y aproximadamente 400 familias se desplazaron del área. Además, se informó que 12 personas fueron asesinadas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Caucana, Antioquia. También ayer (lunes 16), cerca de 92 trabajadores de una compañía petrolera fueron secuestrados por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el departamento de Arauca.
La Comisión de Derechos Humanos propuso la creación de nuestra Oficina en Colombia como un mecanismo que asista al país para abordar seriamente los problemas de derechos humanos y de derecho humanitario. La Declaración del Presidente el año pasado reconoció que la Oficina
continúa jugando un rol vital en este sentido. Me siento animada por el apoyo político y financiero de la comunidad internacional para nuestra Oficina desde que comenzó a funcionar en Colombia en 1997, y por las vigorosas expresiones de apoyo que escuché, en diciembre pasado en Bogotá de los representantes de la comunidad internacional radicados allí.
Creo que los motivos por los que se estableció la Oficina siguen vigentes. También considero que la Oficina en Colombia trabaja con gran dedicación para cumplir su mandato en beneficio del pueblo colombiano.
Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi aprecio a nuestro equipo en Colombia y al trabajo que está haciendo.
Sr. Presidente,
Lamento profundamente las críticas hechas en la respuesta del Gobierno a mi informe, que en algunos casos parecen ser resultado de la mala interpretación de las responsabilidades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Me perturban algunas declaraciones públicas hechas por las autoridades nacionales, cuando cuestionan la objetividad e imparcialidad del trabajo de nuestra Oficina. También estoy preocupada por algunas críticas a nuestra Oficina
que han aparecido en los medios de comunicación colombianos, y sobre ellas llamo la atención de las autoridades colombianas, porque podrían tener implicaciones en la seguridad de nuestro personal.
Sr. Presidente,
Durante el último año, mi Oficina ha buscado fortalecer sus actividades en las áreas de observación, asesoría legal y cooperación técnica. El programa de capacitación incluyó cursos para fiscales, magistrados, jueces e investigadores judiciales, en acuerdo con el Consejo Superior
de la Judicatura, con la Fiscalía y con la Procuraduría. En varios talleres sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario participaron numerosas autoridades locales y organizaciones no gubernamentales. El proyecto Assisting Communities Together (ACT) apoyó
iniciativas comunitarias en cinco localidades. Se publicaron libros sobre derechos humanos, entre ellos una compilación actualizada de los instrumentos de derechos internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, y una publicación sobre la jurisprudencia internacional y nacional en el área de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Nuestra Oficina asesoró en los diferentes problemas de los derechos humanos y realizó muchas visitas al campo, en varias regiones del país. Ha habido cooperación estrecha con instituciones nacionales, como la Defensoría del Pueblo, en materia de recepción de quejas; con Fiscalía General de la Nación, en la protección de víctimas y testigos; y con la Procuraduría, en las técnicas de la investigación de casos de violaciones de los derechos humanos.
A lo largo de 2000, el Gobierno colombiano continuó sus esfuerzos en pro de una solución política al conflicto interno que ha atormentado la nación durante décadas. Bajo la dirección del Presidente Pastrana, Colombia ha confirmado su vigoroso compromiso con la paz. Muchos sectores de la sociedad civil están haciendo significativas contribuciones en esta materia. Estoy convencida de que la protección y la garantía de los derechos humanos deben ser la piedra angular de este proceso, y así se abrirá el camino para renovar las perspectivas de paz y reconciliación en Colombia. Convoco a todas las partes en conflicto a continuar su diálogo y a considerar la suscripción de un Acuerdo Global de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, como el que lo solicitó la Comisión.
El Gobierno colombiano ha dado varios pasos positivos para asegurar la vigencia del Estado de Derecho. Una nueva ley sobre la desaparición forzada, el genocidio, el desplazamiento forzado y la tortura entró en vigencia en el año 2000. El nuevo Código Penal y el nuevo Código Penal Militar incorporaron importantes estándares de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. El Gobierno también ratificó la Convención de Ottawa, sobre la eliminación de minas antipersonales y varios tratados de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
Desgraciadamente, los esfuerzos del Estado por cumplir las recomendaciones internacionales sobre protección de los derechos humanos no han dado resultados tangibles, porque a estas acciones les ha faltado continuidad, han tenido un impacto limitado o, como ha sucedido en varios casos, no se han implementado. Estas medidas no han reducido la impunidad con respecto a casos que involucran violaciones de los derechos humanos, ni han tenido el impacto esperado hasta ahora en los actores armados. Sin embargo, esto no debe ser una justificación para que se continúen juzgando casos de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en la justicia militar.
La situación de los derechos humanos continúa deteriorándose. Las masacres, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados y los ataques y las amenazas contra la población civil continúan aumentando dramáticamente.
Quiero también enfatizar sobre la importancia de respetar los principios de derecho humanitario. El conflicto se ha degradado de tal manera que los combatientes están desatendiendo las más elementales normas humanitarias, como la prohibición de matar a los adversarios heridos o fuera de combate (hors de combat). Los ataques de los grupos guerrilleros contra la población civil y la práctica creciente de toma de rehenes –conocida generalmente como secuestro-, además de los actos terroristas de todo tipo deben también condenarse en los términos más inequívocos. Los civiles y los niños indefensos continúan siendo las víctimas principales de estas acciones.
Los defensores de los derechos humanos, incluidos los sindicalistas y los líderes sociales, están entre los sectores más vulnerables en Colombia. El último año ha puesto en evidencia un aumento alarmante en los ataques y en las amenazas contra estos grupos. Los servidores públicos, incluidos funcionarios locales, jueces e investigadores judiciales, también han sido amenazados. La libertad de expresión ha sido severamente vulnerada entre los académicos, los maestros, los
periodistas y otros formadores de opinión, que continúan siendo reprimidos en las formas más violentas.
Otros sectores de la población colombiana en alto riesgo son las comunidades indígenas y afro-colombianas. La situación de los desplazados internos sigue deteriorándose, ya que las causas del desplazamiento han aumentando. Los líderes de estas poblaciones y quienes les prestan ayuda
humanitaria están también en vulnerabilidad extrema.
Estoy profundamente preocupada por el aumento y la expansión del fenómeno paramilitar y por el creciente apoyo que está recibiendo de ciertos sectores de la sociedad civil colombiana. Los vínculos entre grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública, los cuales fueron reconocidos el año pasado por la Comisión, son alarmantes. De nuevo urjo enérgicamente al Gobierno a atacar este problema firme y transparentemente, de manera que los miembros de la Fuerza Pública y otros servidores públicos que apoyen o financien las actividades paramilitares no lo hagan impunemente.
Animo a Colombia a poner en práctica sus políticas y programas de derechos humanos, incluido su plan nacional de acción, así como las recomendaciones internacionales de derechos humanos.
Mi Oficina está dispuesta a continuar asistiendo a Colombia en los esfuerzos para lograr el completo respeto de los derechos humanos. Nosotros reconocemos que las instituciones estatales en Colombia necesitan ser fortalecidas para que puedan enfrentar los desafíos de los derechos humanos en el país.
Como la Comisión correctamente reconoce, el Estado de Derecho, la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Este principio guía el trabajo de mi Oficina en Colombia para analizar la situación de derechos humanos en el país y para proporcionarle la cooperación técnica resultado de este análisis. Las recomendaciones contenidas en mi informe, se han hecho con un espíritu constructivo para ayudar a identificar las debilidades institucionales o legislativas y para diseñar las soluciones eficaces. Hay una necesidad de hacerle seguimiento a las recomendaciones como la Comisión lo pidió el año pasado.
Sr. Presidente,
Al presentar mi Informe quiero reiterar, por parte mía y de mi equipo en Colombia, la buena y sincera disposición para continuar apoyando al país en sus esfuerzos por mejorar la situación de los derechos humanos. Invito al Gobierno a fortalecer su diálogo con nuestra Oficina y hacer el mejor uso de la amplia experiencia que la comunidad internacional ha puesto al servicio del Gobierno y de la sociedad civil. Finalmente, quiero instar al Gobierno a considerar las solicitudes que varios de los mecanismos especiales de la Comisión y del Coordinador de la Red Interagencial sobre desplazamiento forzado han hecho con respecto a su posible visita a Colombia este año.
