Saludo a la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Bogotá, D.C., 25 de mayo de 2011

«La aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras marca un avance histórico. Es la culminación de un esfuerzo impulsado por el Presidente Juan Manuel Santos para poner a las víctimas en el centro de la atención del Estado colombiano. Su implementación va a significar un nuevo horizonte de esperanza en la búsqueda de la paz y la reconciliación del país: un desafío que merece el respaldo de toda la sociedad colombiana y de la comunidad internacional», dijo Christian Salazar Volkmann, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, luego de la aprobación de dicha Ley, el martes 24 de mayo.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saluda la aprobación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y espera conocer el texto final de la Ley, que deberá producir la Comisión de Conciliación en los próximos días. Basado en el texto final la oficina compartirá un análisis detallado de sus fortalezas y aspectos a desarrollar en la luz de las normativas internacionales que rigen la justicia transicional.

La voluntad política del Presidente y los aportes constructivos de los congresistas ponentes en la Cámara de Representantes y el Senado de la República le permitieron a la ley superar debates que en el pasado se tradujeron en factores discriminatorios de las víctimas.

La Ley aporta nuevos avances como la restitución de tierras y reconoce que los derechos de las víctimas son la base de la superación del conflicto armado interno.

El desafío es asegurar que los mecanismos de implementación respondan al espíritu de la norma aprobada, para lo que es necesario contar con la participación directa, verdadera y respetuosa de las víctimas y sus organizaciones.

Esto es especialmente importante en lo que se refiere a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, cumpliendo con su derecho a ser consultados para obtener su consentimiento sobre una norma que les afecta directa y diferencialmente.