Según información recogida por la Oficina, hombres armados, que se presentaron como miembros de las FARC-EP, llegaron a las dos zonas humanitarias y se llevaron a los cinco defensores de derechos humanos.
La Oficina ha recibido información según la cual los trabajadores humanitarios de Justicia y Paz han recibido amenazas desde el año 2004 por parte de miembros de grupos paramilitares que habitan la región del Chocó.
Al condenar los hechos ocurridos en el Jiguamiandó y Curvaradó, la Oficina le exige al grupo armado ilegal que mantiene en su poder a los cinco trabajadores humanitarios de Justicia y Paz que los libere de inmediato, sanos y salvos. La Oficina insta al grupo a que se pronuncie sobre la autoría de este crimen, y le reitera que tiene la obligación de respetar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de todos los civiles.
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