La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su más profunda preocupación por las continuas muertes de personas civiles indefensas y el desconocimiento de las reglas humanitarias mínimas por parte de los grupos armados al margen de la ley. Tal es el caso, en los últimos días, del ataque protagonizado por las FARC este domingo 26 de marzo en Vigía del Fuerte, Antioquia, así como la muerte en Turbo de tres de los desplazados de la Cuenca del Cacarica, durante la semana pasada, aparentemente por miembros de los grupos paramilitares. Además, a estos atentados se suman los actos que aterrorizan a la población como el carro-bomba en Girardot, del pasado domingo.
Estos hechos son una prueba más de la urgencia y necesidad prioritaria de lograr un acuerdo humanitario que permita proteger a la población civil de las incursiones de los combatientes. En la presente y valiosa etapa de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, para avanzar hacia un acuerdo de paz, debe considerarse, sin dilaciones, una discusión seria de este tema y concertar reglas y compromisos mínimos que permitan evitar más víctimas civiles. Como ya lo ha señalado la Oficina en otras ocasiones, no puede negociarse el futuro de un país en un marco donde sus ciudadanos estén impedidos de expresar sus opiniones para la construcción de esa paz, y donde las amenazas, muertes, secuestros y desplazamientos no permiten un debate libre y franco, ni una perspectiva seria de preservación de la sociedad que debe llegar con vida a esa paz.
Asimismo, la falta de acción oportuna e integral por parte del Estado ante las amenazas y las violaciones que se producen en varias regiones del país, da lugar a injustificadas acciones por parte de los grupos al margen de la ley, como resultado de las cuales la población civil indefensa queda a la merced de esos grupos y es su víctima por excelencia.
La Oficina insta vigorosamente a las FARC, al ELN, a los paramilitares, así como a todos los participantes en las hostilidades, a poner fin a los ataques contra la población civil y a los actos de crueldad, que incluyen a los propios combatientes. La Oficina exhorta a las autoridades a realizar una investigación pronta y exhaustiva de todos estos hechos, a sancionar a los responsables y a asegurar una reparación adecuada a las víctimas y sus familias. Exhorta igualmente a las autoridades nacionales a adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir nuevos hechos de esta naturaleza y proteger a las poblaciones en riesgo.
