La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena enérgicamente las amenazas proferidas por las FARC contra las autoridades locales de diferentes departamentos del país.
Estos actos constituyen graves infracciones al derecho internacional humanitario que dejan a la población civil en una situación de desprotección y abandono ante la provocada ausencia del Estado en esos departamentos. Al impedir que las autoridades encargadas de administrar los municipios ejerzan sus funciones se vulnera la obligación del Estado en materia de protección y garantía de los derechos de esas comunidades.
A estas amenazas se suman las proferidas por grupos paramilitares que incrementan la inseguridad de los funcionarios locales y los pone de hecho en el fuego cruzado de los grupos armados ilegales.
La Oficina insta a la guerrilla a abandonar inmediatamente la práctica de amenazas contra las autoridades locales -sean éstas de elección popular o representantes de las instituciones judiciales o de control- y a respetar el ejercicio de las funciones de aquellas. Insta asimismo a los grupos paramilitares a respetar igualmente a las autoridades locales de los diversos departamentos.
Finalmente, la Oficina urge al Estado a adoptar las medidas necesarias y oportunas que garanticen la vida de los servidores públicos, la adecuada administración de los municipios colombianos, y el acceso de la población civil a las instituciones y mecanismos de protección de sus derechos y libertades fundamentales.
