La Oficina expresa su gran preocupacion por los ataques sistematicos contra la poblacion civil por parte de los grupos paramilitares, que en el ultimo fin de semana han dejado un saldo de mas de 100 personas muertas, entre ellas mujeres, ninos y ancianos, en los departamentos de Antioquia, Bolivar, Cesar, Magdalena, Putumayo y Sucre. Estos hechos se suman a la cadena de agresiones perpetradas en contra de los civiles por todos los actores armados en 1998.
Los condenables actos de los grupos paramilitares, previamente anunciados por aquellos, constituyen una grave infraccion del derecho internacional humanitario, que prohibe a los combatientes dar muerte a personas que no toman parte directa en las hostilidades y atacar a la poblacion civil como tal (art. 3 comun a los 4 Convenios de Ginebra y art. 13 del Protocolo 11 adicional a los mismos). Con dichos actos se ha cometido tambien una grave violacion del derecho a la vida (art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos y art. 4 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos).
La Oficina recuerda que, en repetidas oportunidades, ha advertido al Gobierno sobre la situacion de los pobladores civiles de muchos municipios amenazados por los grupos paramilitares, suministrando informacion detallada sobre las operaciones y bases fijas de sus miembros. Asi mismo, ha formulado recomendaciones concretas en orden a prevenir los ataques y a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la poblacion afectada. Con sus omisiones el Estado ha incumplido el deber de garantia previsto en los instrumentos internacionales sobre la materia.
La Oficina, consternada por estos hechos, exhorta al Estado a adoptar una politica integral de combate contra el paramilitarismo y a subsanar la ineficacia e insuficiencia de las acciones emprendidas por la fuerza publica y demas instituciones competentes para prevenir y sancionar la actuacion de los grupos paramilitares.
La Oficina reitera a las autoridades colombianas las recomendaciones de la Alta Comisionada en el sentido de:
– Llevar a cabo una politica eficaz dirigida al definitivo desmantelamiento de los grupos paramilitares, mediante la captura, el juzgamiento y la sancion de quienes los inspiran, organizan, comandan, integran, apoyan y financian.
– Excluir de la fuerza publica a todo miembro de esta contra el cual existan fundados indicios de que ha dado apoyo a los grupos paramilitares, con acciones u omisiones, ha participado en la actividad de los mismos o la ha permitido de cualquier forma.
