Luego de concluir una semana llena de hechos de violencia y terrorismo, el país se ve afectado por otro grave acontecimiento.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condena el crimen cometido ayer en la ciudad de Cali, donde varios hombres armados entraron a la sede de la Asamblea Departamental del Valle y se llevaron a 12 de los diputados.
Este hecho tiene las características de una toma de rehenes, conducta prohibida por el derecho internacional humanitario. Privar de la libertad a personas protegidas por los convenios de Ginebra –como los miembros de la población civil- con el fin de condicionar su liberación al cumplimiento de exigencias planteadas por los captores constituye un crimen de guerra.
La Oficina insta a los autores de este hecho violento a que respeten la vida de las personas que hoy tienen en su poder y procedan a liberarlas en forma inmediata e incondicional.
La Oficina exhorta a las autoridades colombianas a tomar todas las medidas necesarias para que los operativos militares desarrollados con miras a liberar a los rehenes se cumplan de manera que sus vidas no sean puestas en peligro. Asimismo, les recuerda a las autoridades del Estado su obligación de proteger y garantizar a todas las personas residentes en el país el goce de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual y a la seguridad.
La Oficina manifiesta, también, su consternación por las muertes de los señores Walter López y Héctor Sandoval, quienes trabajaban al servicio de la cadena de televisión RCN, y murieron mientras se desarrollaban combates en cercanías de Cali. Estos hechos deben ser objeto de rigurosa investigación.
