Es urgente acatar la Alerta Temprana 014 emitida en octubre de 2025
Entre el 1 de enero y el 10 de diciembre de 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentó la privación arbitraria de la libertad en el marco del conflicto armado, en Arauca, de al menos 277 personas. En la legislación colombiana, la privación arbitraria de la libertad constituye el delito de secuestro. ONU Derechos Humanos expresa su profunda alarma ante la grave y persistente crisis de derechos humanos que enfrenta este departamento
22 de diciembre de 2025.«Las víctimas de múltiples vulneraciones de derechos humanos con las que me reuní en Arauca viven con dolor, miedo y la sensación de que han sido olvidadas por el Estado, por todos, excepto por los grupos armados no estatales, cuya dura opresión es insoportable. Se merecen algo mejor», dijo Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, tras su visita a Arauca del 12 al 14 de diciembre.
“No pueden denunciar —añadió— porque los grupos armados no estatales vigilan todo: revisan los celulares, saben quién entra y quién sale de las casas y quién transita por las carreteras. Esto destruye el tejido social y la confianza entre vecinos y en las instituciones del Estado”.
Situación
En Arauca, en 2025 ONU Derechos Humanos documentó casos de privaciones arbitrarias de la libertad, homicidios selectivos, desapariciones, homicidios, ataques y amenazas en contra de personas defensoras de derechos humanos, reclutamiento y utilización de niñas y niños, uso de escuelas, coacción a la población civil e instalación de minas antipersonal y otros artefactos explosivos, todas estas acciones atribuibles a grupos armados no estatales que se disputan el control en el territorio.
Desde 2023 hasta la fecha, ONU Derechos Humanos documentó en Arauca al menos 530 casos de personas privadas arbitrariamente de su libertad en el marco del conflicto armado por parte de grupos armados no estatales.
ONU Derechos Humanos registra un incremento importante de esta vulneración en los últimos años: en 2023 documentó 90 casos, en 2024 documentó 163 y en 2025 documentó 277 casos. Muchas de estas personas fueron asesinadas, otras fueron liberadas y alrededor de 200 se presume que continúan aún privadas de su libertad.
Aunque en algunos casos las privaciones de la libertad o secuestros persiguen fines extorsivos, en otras oportunidades los grupos armados no estatales argumentan que este delito es “justicia revolucionaria”, la cual vulnera todos los derechos de las personas en su poder y quebranta el estado de derecho.
Las personas privadas de la libertad, o secuestradas, suelen sufrir tratos crueles e inhumanos durante su privación de libertad. Los familiares suelen ser amenazados para que no denuncien, lo que genera un alto nivel de subregistro.
ONU Derechos Humanos observa que las privaciones arbitrarias de la libertad en el marco del conflicto armado son utilizadas como una estrategia de control social y territorial, especialmente en escenarios de disputa entre distintos grupos armados no estatales.
Durante 2024, el mayor número de víctimas de este delito se registró en los municipios de Arauquita, Tame y Puerto Rondón.
Durante 2025 los focos de violencia territorial se extendieron, aumentando el número de víctimas, en Puerto Rondón, Arauca, Arauquita, Tame, y Sácama, en Casanare.
ONU Derechos Humanos recuerda que las privaciones arbitrarias de la libertad en el marco del conflicto, las desapariciones y los asesinatos constituyen graves vulneraciones de los derechos humanos.
“El Estado tiene el deber de prevenir la comisión de estos abusos y vulneraciones por parte de los grupos armados no estatales, de proteger a las personas y comunidades, garantizar el acceso a la justicia, además de brindar atención y reparación a las víctimas”, dijo Scott Campbell.
En Arauca, donde la presencia y capacidad de las instituciones del Estado es limitada, , es fundamental que el Gobierno Nacional fortalezca el apoyo a las autoridades municipales y departamentales, destine recursos apropiados a las tareas de prevención, protección y justicia, y haga un ejercicio efectivo y transparente de la utilización de los recursos financieros asignados.
Reclutamiento y utilización de niñas y niños
ONU Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por la persistencia del reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años en Arauca.
Durante 2025, en Arauca, ONU Derechos Humanos documentó 55 casos de afectación de derechos contra niños y niñas menores de 18 años, en el marco del conflicto armado, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento o utilización (10 niñas y 25 niños). De estas víctimas, tres fallecieron en combate y dieciséis ya están fuera de los grupos armados no estatales.
Entre 2024 y 2025, ONU Derechos Humanos documentó los casos de 36 niñas y niños de los Pueblos Indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y Uwa que fueron reclutados o utilizados por parte de grupos armados no estatales en Arauca, lo cual provoca un impacto desproporcionado sobre los Pueblos Indígenas.
“Me pareció muy doloroso escuchar varios testimonios de padres y madres, no indígenas, que tuvieron que enviar a sus hijos lejos del hogar, a otros departamentos, para protegerlos del reclutamiento. En Arauca me hablaron de un niño campesino de seis años que tuvo que irse para estar más protegido en otro lugar”, dijo Campbell.
“En mi recorrido por Arauca -añadió- pude apreciar el cercamiento de una escuela. Esta es una medida que recomienda la sociedad civil en Arauca. Las cercas o muros en las escuelas se usan para que los grupos armados no estatales no las ocupen. Les recuerdo a los grupos armados no estatales que las escuelas son para los niños y niñas, no para quienes participan de las hostilidades. Condeno nuevamente el reclutamiento de niñas y niños y reitero que es un crimen de guerra y un delito en la legislación colombiana”.
Homicidio de Personas Defensoras de Derechos Humanos
En 2025, ONU Derechos Humanos verificó el homicidio de tres personas defensoras en Arauca: 1 comunal, 1 gremial y 1 con liderazgo político y social.
Durante el 2024, ONU Derechos Humanos verificó en Arauca 16 homicidios de personas defensoras, 13 de estas víctimas tenían liderazgo en juntas de acción comunal, dos eran representantes de la Mesa de Víctimas, una era líder político juvenil y una era Sabedor Mayor del Pueblo Indígena Hitnü.
La disminución de homicidios de personas defensoras en 2025, no se debe al aumento de su protección o a una mejora en la situación de derechos humanos en Arauca; por el contrario, está relacionada con el temor insuperable provocado por las muertes de 2024 y 2025, las limitaciones a la libertad de expresión, y al desplazamiento individual o el cese de la defensa de derechos humanos.
“A pesar de esta situación me reuní con personas defensoras muy valientes que continúan trabajando por los derechos humanos en la medida de sus posibilidades, e impulsan los mínimos humanitarios en todo el departamento, con el fin de que se respete la población civil”, dijo Campbell.
Amenazas y Estigmatización
En Arauca, ONU Derechos Humanos también documentó casos de amenazas y estigmatización contra personas defensoras de derechos humanos, integrantes de organizaciones sociales y, en particular, dignatarios de las Juntas de Acción Comunal. El objetivo de las amenazas y la estigmatización es ejercer un control social.
“Muchos de los líderes y lideresas comunales no quieren seguir con los cargos por miedo, o no han podido ejercer su labor de defensa de derechos debido a las presiones de los grupos armados no estatales”, dijo Campbell.
“Llamamos -añadió- a las autoridades a adoptar medidas eficaces para generar las garantías necesarias para que las elecciones contempladas para abril de 2026 de miembros de juntas de acción comunal puedan desarrollarse sin coacción y con seguridad”.
Minas antipersonal y otros artefactos explosivos
ONU Derechos Humanos también alerta sobre la grave contaminación por minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI) en zonas rurales de Arauca, resultado de enfrentamientos entre actores armados no estatales en áreas habitadas por población civil, lo que genera un riesgo permanente para la vida e integridad de todas las personas.
En 2025, ONU Derechos Humanos conoció sobre la contaminación por estos artefactos en los municipios de Tame, Arauquita y Puerto Rondón.
Alerta Temprana 014
El 8 de octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 014 para Arauca.
De acuerdo con la alerta temprana “los grupos poblacionales que necesitan la atención inmediata de las autoridades son niñas, niños y adolescentes; mujeres y hombres en procesos de reincorporación; mujeres jóvenes de cabeceras municipales y zonas rurales, acusadas de ser informantes de la fuerza pública o de otro actor armado; lideresas y líderes de estructuras organizativas, sociales y comunales; comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en situación de desplazamiento, confinamiento o vulnerabilidad; personas venezolanas en condición de migrantes; población víctima y sobreviviente del conflicto armado”.
“Llamo a las autoridades del Estado a nivel local y nacional a articularse para hacer efectivas las 28 recomendaciones de esta alerta temprana que advierte sobre riesgos en 7 municipios de Arauca, en las subregiones de El Sarare y La Sabana, y 1, Cubará, en Boyacá”, afirmó Scott Campbell.
Llamados urgentes
ONU Derechos Humanos reitera su condena de manera categórica a todas las vulneraciones citadas antes, y llama con urgencia a los grupos armados no estatales para que cesen de inmediato las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones, el reclutamiento de niñas y niños menores de 18 años, la coacción a la población y el uso de minas y artefactos explosivos.
“Urjo a los grupos armados no estatales a liberar, de inmediato, sanos y salvos, tanto a las personas privadas de la libertad en el marco del conflicto, como a las niñas y niños menores de 18 años en su poder”, dijo Campbell.
ONU Derechos Humanos insta al Estado colombiano a reforzar de manera integral y urgente la prevención y protección de la población civil en Arauca; a garantizar investigaciones rápidas, independientes y efectivas que permitan identificar y sancionar a los responsables de las vulneraciones expuestas arriba; a romper las fuentes de financiación y redes ilícitas de los grupos armados; y a asegurar atención, protección y reparación integral para las víctimas.
“Expresamos nuestra solidaridad con la población civil, que es víctima de esta situación en Arauca. Reiteramos que ninguna vulneración de derechos humanos es aceptable”, dijo Scott Campbell.
“Mientras sigan existiendo estas vulneraciones -añadió- seguiremos acompañando a la población civil, impulsando los mínimos humanitarios del departamento de Arauca e incidiendo ante las autoridades para que sus labores de inteligencia y todas las políticas públicas sirvan para prevenir y proteger a la población de las graves vulneraciones perpetradas por grupos armados no estatales”.
Fin
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Contexto
Scott Campbell visitó el departamento de Arauca entre el 12 y el 14 de diciembre, allí se reunió con autoridades civiles y militares del Estado; con organizaciones defensoras de derechos humanos como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del departamento de Arauca; con la Iglesia Católica y con víctimas.
