Intervención de Scott Campbell, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia en la sesión de la Mesa Nacional de Garantía para las personas defensoras de derechos humanos
Un saludo cordial al Ministro de Defensa Pedro Sánchez, al Viceministro del Interior Gabriel Rondón, al Vice-Ministro de Promoción de Justicia, Yefferson Dueñas, a la Directora de Derechos Humanos, Jomary Ortegón, a la Consejera Presidencial, Lourdes Castro, a la Defensora del Pueblo, Iris Marin Ortiz, y al resto de las autoridades que nos acompañan.
Un saludo también a la comunidad internacional, a mis colegas del sistema de las Naciones Unidas, en particular, al Representante Especial Adjunto Raúl Rosende, y, de forma muy especial, a las plataformas y procesos sociales, y a las defensoras y los defensores de derechos humanos.
Acabo de regresar de una misión a la Sierra Nevada de Santa Marta y a La Guajira, acompañando a la Defensora del Pueblo en el lanzamiento de su Alerta Temprana, donde me reuní con defensoras y defensores ambientales, y de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas.
Quiero reiterar nuestra condena por el homicidio de la defensora de derechos humanos y profesora del Pueblo Indígena Wiwa, Elizabeth Mojica, quien, además de enseñar a las niñas y niños Wiwa, defendía los derechos de las mujeres. Repito mis condolencias a sus familiares y colegas, y nos solidarizamos con todas las mujeres indígenas y con todas las personas defensoras de derechos humanos.
También quiero expresar nuestra preocupación porque en Colombia sigue siendo de alto riesgo defender los derechos humanos.
Todos los testimonios que escuché durante mi misión esta semana señalaban que las personas defensoras se sienten desprotegidas ante la violencia ejercida por los grupos armados no estatales y ante la debilidad del Estado para protegerlas en los territorios.
Tengo una convicción sencilla y contundente, que les he escuchado a muchos defensores y que quiero repetir hoy: defender derechos no puede costar la vida de ninguna persona.
Esa es la medida ética de cualquier democracia y el punto de partida de las obligaciones que el Estado asume a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Hoy las y los defensores siguen enfrentando una situación de riesgo muy alta por ejercer su labor, con múltiples expresiones de violencia que van desde los homicidios y los intentos de asesinato hasta la desaparición forzada, los ataques físicos, las amenazas, el desplazamiento y la estigmatización, entre otros.
Esta violencia tiene, además, un impacto diferenciado, con consecuencias particularmente graves para las mujeres defensoras, quienes sufren violencia sexual y de género; para las personas defensoras LGBTIQ+; para las autoridades indígenas y afros; para integrantes de Juntas de Acción Comunal; y para quienes defienden la tierra, el territorio, el agua y el medio ambiente.
Los estándares son claros. La Declaración de la ONU sobre Personas Defensoras exige un entorno seguro y habilitante: prevenir, proteger, investigar y sancionar; no estigmatizar; y garantizar la participación real y el acceso a la información.
En el Sistema Interamericano, la sentencia CAJAR versus Colombia de 2023 reconoció expresamente el derecho a defender derechos y reforzó los deberes de protección del Estado.
En el ámbito interno, la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional debido a las violencias sistemáticas contra liderazgos sociales y personas defensoras.
La Corte Constitucional ordenó transitar de una lógica reactiva e individual a una política integral y preventiva, con enfoque diferencial y colectivo, basada en la coordinación entre las entidades del Estado y en la debida diligencia en las investigaciones.
De forma explícita, dispuso continuar con la Mesa Nacional de Garantías y sus Mesas Territoriales (con una regularidad no inferior a tres meses).
Esta sentencia y su implementación, a tiempo, efectiva e integral, deben ser un punto de inflexión para frenar, de una vez por todas, las tendencias y patrones de violencia que ponen en riesgo la vida y la labor de las personas defensoras.
Colombia cuenta con un marco normativo e institucional muy completo.
Es fundamental que se apruebe lo más pronto posible el Decreto Presidencial y otros instrumentos jurídicos que den vida a la Política Nacional de Garantías para Personas Defensoras.
Es urgente que esta vaya acompañada del financiamiento necesario y de una implementación efectiva en los territorios, a fin de que esta política nos pueda conducir a un giro en la actual situación.
También es crucial que la Mesa Nacional de Garantías funcione con la participación del más alto nivel posible en la toma de decisiones y con un seguimiento público de los resultados.
La paz se construye desde los territorios y junto a quienes los cuidan y los defienden. Por ello, reconocemos los esfuerzos del Ministerio del Interior para impulsar las mesas territoriales de garantías. Sin embargo, aún quedan muchos retos por superar para garantizar su funcionamiento eficaz, como la sostenibilidad de su financiamiento, la voluntad política y la coordinación entre las autoridades.
Finalmente, quiero expresar mi preocupación también por la falta de funcionamiento regular de la Comisión Intersectorial de Garantías del Programa Integral para las Mujeres Lideresas y Defensoras y la débil implementación de este programa en varios territorios.
Los alentamos a todas y todos ustedes a seguir apostando por el Proceso Nacional de Garantías. Reitero mi compromiso personal y el de ONU-Derechos Humanos de continuar apoyando este proceso, y, sobre todo a las personas defensoras de derechos humanos.
Muchas gracias
