Amenazas, ataques y asesinatos contra personas defensoras de los derechos humanos en Colombia

Intervención de Alberto Brunori, Representante para Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos.
CIDH 173 Periódo de Sesiones: Amenazas y asesinatos de líderes y lideresas sociales en Colombia

Septiembre de 2019

Agradezcoa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la invitación para participar en esta audiencia en el marco del Acuerdo de cooperación vigente entre la OACNUDH y la Comisión.

Mi nombre es Alberto Brunori. “Mi asistencia hoy a esta audiencia pública es en mi capacidad como Representante para Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Estoy aquí para proporcionar a la Comisión información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento.  Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita, de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946.”

La Declaración sobre Defensoras y Defensores fue adoptada por los Estados en diciembre de 1998 y consagra una amplia definición de las personas defensoras de los derechos humanos. Su labor es esencial para fortalecer la democracia y el estado de derecho.

En Colombia la defensa de los derechos humanos es una actividad de alto riesgo. La OACNUDH desde 2016 a la fecha ha documentado en terreno la ocurrencia de alrededor de 320 casos de asesinatos de defensores. Del total de las víctimas, 36 eran mujeres, 6 pertenecían a la comunidad LGBTI y el resto hombres. Si bien estas cifras no reflejan necesariamente el universo total de casos en el país durante este periodo, si permiten identificar tendencias que quebrantan derechos fundamentales de las personas que ejercen sus derechos, varios de ellos aportando a la consolidación de la paz. Por su parte, datos oficiales (UNP) indican que existe un alto nivel de amenazas[1]. 3725 hasta julio de este año, de las cuales 2641 tuvieron algún tipo de medida de protección.

En 2019 la Oficina ha recibido más de 130 casos de asesinatos; de estos, hasta la fecha 58 han sido verificados y 34 están en verificación. A todas estas personas las conocíamos, sabíamos de su gran labor. Personas que defienden derechos en el ámbito rural, comunitario y/o comunal se enfrentan a un mayor nivel de riesgo que otros y representan la mayor parte de las víctimas. Las regiones más afectadas por estos ataques son Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caquetá y Nariño. No obstante, es una dinámica violenta que ocurre en casi todas partes del país (en 28 de los 32 departamentos del país).

Las cifras dan pautas significativas sobre una realidad, sin embargo, la vida de una persona defensora no puede/no debe reducirse simplemente a un dato numérico. Por eso, siempre he dicho que hasta cuando haya un solo defensor o defensora asesinados habremos fallado!

Las violaciones se producen en un contexto de estigmatización de su labor, especialmente aquellos que viven en zonas rurales. Estas regiones se caracterizan por la falta de servicios básicos adecuados, altos niveles de pobreza, la existencia de cultivos ilícitos, la presencia de grupos armados ilegales y grupos criminales. Existe una necesidad urgente de abordar las diferencias, brechas y discrepancias en el disfrute de todos los derechos, en particular de los derechos económicos, sociales y culturales, y especialmente en las zonas rurales. Así mismo, es necesario fortalecer la seguridad en las regiones donde están la mayoría de los cultivos de uso ilícito, y donde se está implementando los PDETs y el PNIS.

Es de reconocer que las pasadas elecciones parlamentarias y presidencial fueron las más pacificas en décadas. Sin embargo, el contexto en el que se desarrollarán las próximas elecciones locales en Colombia arroja señales de un aumento de riesgo y niveles de violencia que afectan el derecho a la participación política. Desde el inicio de la campaña electoral, el 27 de julio, hasta el 16 de septiembre, el monitoreo de la Misión de Observación Electoral arroja 54 candidatos víctimas de violencia: 40 amenazados (5 de ellas mujeres), 2 secuestrados, 5 víctimas de atentados (una de ellas mujeres) y 7 asesinados (una de ellas, mujer).En el caso de mujeres que aspiran a cargos políticos es importante que los mecanismos de protección existentes sean ajustados para poder mitigar riesgos específicos basados en género que las afecta.

Quisiera referirme a otra situación de preocupación.El pasado 25 de julio una decisión judicial[2] emitida contra la periodista y defensora de DDHH Claudia Julieta Duque (en el caso en cuestión también víctima) quien cuenta con medidas cautelares de la CIDH, restringe su derecho a emitir opiniones durante el proceso judicial por su caso de tortura psicológica a manos de agentes estatales. La decisión también le prohíbe publicar fotografías de cualquiera de las partes de este proceso.

La OACNUDH reconoce la incansable labor de la Unidad Nacional de Protección en el marco de la implementación de medidas de protección, así como esfuerzos realizados por la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo con su lamentablemente trágico acierto a través de sus alertas tempranas. El Pacto por la Garantía de los Derechos de las Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos firmado el pasado 10 de julio es un paso favorable, así como el espacio de Confluencia conformado por las plataformas de derechos humanos de la Mesa Nacional de Garantías y la Cumbre Agraria. Sin embargo, persisten importantes retos para garantizar una protección efectiva, como, por ejemplo, desmantelar aquellas estructuras criminales que, entre otro, están detrás del asesinato de las defensoras y defensores de derechos humanos. De allí, la importancia de fortalecer la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, incluyendo con las más recientes propuestas de los integrantes de la sociedad civil.

Instamos al Estado a que se asegure de que todos los asesinatos, ataques y amenazas se investiguen adecuadamente y a que los perpetradores, incluidos los autores materiales e intelectuales, sean llevados ante la justicia. Asimismo, hemos hablado y estamos apoyando a la Fiscalía general en la investigación de casos anteriores a 2012, para que sea claro e inequivocable el mensaje de NO tolerancia a la impunidad. Propiciar un entorno libre y seguro para el ejercicio cívico de defensoras y defensores y promover una cultura de no estigmatización es igualmente imprescindible. En este sentido aliento a que el Estado colombiano siga avanzando en la formulación de una política pública integral de garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, con acciones concretas y una metodología acertada, que incluya una amplia participación representativa de sociedad civil. Así mismo el propio Plan de Acción del Programa para Mujeres Defensoras debe ser puesto en marcha de manera oportuna.

Señora Presidenta, señoras/señores Comisionados,
La Oficina de la Alta Comisionada reitera su compromiso de seguir monitoreando los DDHH y brindando asistencia técnica a Colombia para mejorar la protección de las personas defensoras, así como promover un espacio cívico seguro y propicio para su esencial labor.