Popayán, 5 de octubre del 2018
Ponencia de Alberto Brunori
Representante en Colombia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos
Saludos e Introducción
Buenos días Señores Gobernadores del Cauca y Nariño, honorables senadores y representantes; autoridades tradicionales de Pueblos étnicos; Defensoría del Pueblo; defensoras y defensores de derechos humanos, señoras y señores.
Agradezco la amable invitación del Senado de la República a este evento, el cual considero una iniciativa oportuna y necesaria y por el cual hago votos para que trascienda en acciones que consigan transformaciones positivas para la garantía de derechos en los territorios del Sur Occidente.
Antes de comenzar quiero recordar a los ocho campesinos asesinados en El Tandil, Tumaco, hace un año, y a sus familiares, quienes hoy todavía reclaman justicia.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos con su presencia territorial en los departamentos del Sur Occidente y en cumplimiento de su mandato, conoce la grave situación y altos niveles de victimización que han sufrido históricamente las comunidades de esta región. Igualmente la Oficina reconoce que esta región, golpeada por estas múltiples violaciones de derechos humanos, también se ha caracterizado por la cualificación de su sociedad civil organizada, representada por organizaciones étnicas, campesinas, sindicales, de mujeres, de jóvenes, de víctimas, de población LGBTI entre otras.
Esta región evidencia importantes esfuerzos organizativos, de reivindicación de derechos, de experiencias de resistencia y resiliencia, de construcción de iniciativas de paz y ha mostrado un gran compromiso e interés en la implementación participativa del Acuerdo de Paz.
Contexto e identificación de la problemática
Tras el cese al fuego alcanzado durante los diálogos y refrendado por el Acuerdo de Paz, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos observó en esta región algunas tendencias positivas en materia de ddhh y en particular, una mejoría en el disfrute de derechos fundamentales como el derecho a la vida e integridad física y un contexto más favorable al ejercicio del derecho a la participación efectiva por parte de sectores sociales, Pueblos Étnicos y las comunidades en general y asimismo la consolidación de espacios para la superación de conflictos a través del diálogo social.
Sin embargo, la Oficina observa con preocupación que esta tendencia se está revirtiendo: el Sur Occidente está viviendo un recrudecimiento de la violencia, en particular en los territorios que tenían una fuerte presencia de las Farc -Ep y esta situación vulnera toda la gama de derechos, individuales y colectivos de la población del sur-occidente. En este contexto, ONU-DDHH ha observado con particular preocupación el aumento de las agresiones contra las y los defensores de ddhh-incluyendo los homicidios, los atentados contra su vida, las amenazas, y estigmatización por parte de algunos funcionarios públicos. Cabe recordar que, como lo menciona el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos “todas las personas son defensoras de ddhh cuando toman las riendas del proyecto de derechos humanos por medios pacíficos”.
Otros hechos que evidencian este recrudecimiento de la violencia son:
Aumento de la tasa de homicidios en distintos municipios del Sur Occidente y de la sevicia utilizada en algunos de estos casos;
Muerte de civiles en medio de confrontaciones armadas y operativos realizados por la FFPP en el marco de la lucha contra la criminalidad;
Control social de comunidades a través de la intimidación y la restricción del ejercicio de derechos por parte de actores armados, por ejemplo con los toques de queda;
Homicidios de ex combatientes de las Farc;
Presuntos casos de “limpieza social”;
Nuevos casos de desplazamientos forzados de tipo masivo;
Aumento de extorsiones y secuestros con fines extorsivos.
Esta situación de recrudecimiento de la violencia se ilustra en lo que ocurre, por ejemplo, actualmente en la región del Naya. .
La región del Nayaes una zona de muy difícil acceso, históricamente afectada por el conflicto armado, con débil presencia estatal y sin avances en el disfrute de los DESC. Desde el segundo semestre de 2017, La Oficina empezó a recibir información acerca de la presencia de actores armados en la región y durante el 2018, hemos observado el aumento de acciones de violencia y control social por parte de estos actores. En este contexto fueron desparecidos cuatro miembros del consejo comunitario del Rio Naya, incluido uno de los líderes que impulsaba los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Estas cuatro personas permanecen desaparecidas, aun cuando un grupo armado reivindicó estos hechos y afirmó haberlos asesinado. En este contexto también se han producido desplazamientos forzados de habitantes del Naya hacía la cabecera municipal de Buenaventura, lo que ha implicado afectaciones graves en el disfrute de sus derechos.
Como se acaba de exponer, notamos que las comunidades en su conjunto son víctimas de este recrudecimiento de la violencia y que la mayoría de las víctimas de homicidios selectivos pertenecían a procesos sociales, comunidades campesinas, indígenas o afro-descendientes.
En virtud de la observación realizada por La Oficina esta situación se presenta en un contexto en el cual el Estado no ha tomado aún las medidas integrales necesarias para responder a los desafíos multidimensionales que lleven a garantizar el desarrollo rural y de las comunidades urbanas más marginalizadas, lo que resulta en la falta de avances efectivos en la inclusión social económica y política de las comunidades. Situación ésta que ha facilitado el crecimiento de estructuras criminales y el fortalecimiento de economías ilegales.
Frente a esta situación, quisiéramos invitar a no enfocarnos en las controversias relativas al número de defensores asesinados, sino más bien en reconocer las dinámicas en las que se están presentado las agresiones contra las y los defensores, subrayando que las agresiones a los defensores y defensoras de derechos humanos afectan no solo a estas personas y sus familias si no que debilitan el conjunto de la organización social y la participación, elementos estructurales de la democracia. Es decir que cada agresión contra un defensor afecta gravemente a la sociedad en su conjunto; cada homicidio de un líder que trabajaba en pro del desarrollo rural o de las zonas urbanas más marginalizadas afecta la posibilidad de superar las causas estructurales de la violencia de la que él mismo ha sido víctima.
En este escenario, nos parece oportuno citar el último informe presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas por el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos en donde se señala que “los programas de los Estados y la sociedad civil para los defensores de ddhh con demasiada frecuencia mitigan los efectos de la ausencia de protección en lugar de dar respuesta, de manera más activa, a las causas profundas de las violaciones y garantizar que se adopten las medidas preventivas adecuadas”. El Relator nos recuerda también que los Estados tienen la obligación “no solo de proteger los derechos de los defensores e impedir las violaciones de sus derechos, sino también a promover tales derechos” y nos advierte que “con demasiada frecuencia el diálogo en torno a los defensores de los derechos humanos cuestiona indebidamente su legitimidad y pretende crear un entorno hostil y peligroso para su labor. (…) Incluso cuando los funcionarios del Estado no condenan la labor de los defensores de los derechos humanos, callan a menudo ante las críticas lanzadas contra ellos por los poderosos intereses sociales, políticos y económicos. Ese silencio puede propiciar un clima de impunidad para aquellos que violan sus derechos (…).”.
Conclusiones y recomendaciones
Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos dirigir algunas recomendaciones relativas a la prevención y protección de las comunidades del sur occidente en general y de sus defensoras y defensores, reiterando que en el marco de nuestro mandato seguiremos asesorando a las partes en esta materia.
La Oficina insta a superar la perspectiva de prevención y protección centrada exclusivamente en el accionar de la fuerza pública, buscando enmarcarla en la mucho más integral perspectiva de derechos humanos. En este sentido, hacemos un llamado al Estado a reconocer a las y los defensores como contrapartes fundamentales para avanzar en la realización de derechos y prevención de la violencia;
Reiteramos al Estado nuestra recomendación de “consolidar su presencia integral y efectiva en las zonas rurales, especialmente en las antiguas zonas de influencia de las Farc Ep” y hacemos un llamado a seguir considerando el Acuerdo de Paz como una herramienta y oportunidad para facilitar un cambio en la situación de los derechos humanos al enfrentar las causas multidimensionales generadoras de la violencia y violaciones generalizadas de los DDHH;
También reiteramos nuestra esperanza en que se reanuden los diálogos con el ELN.
Igualmente, instamos a cumplir los acuerdos suscritos por el Gobierno con los distintos sectores sociales y étnicos del sur-occidente, incluyendo los acuerdos relativos a sustitución, y de continuar fortaleciendo los espacios de diálogo social para avanzar en la realización de derechos;
Para garantizar una respuesta coherente y eficaz ante situaciones de riesgo de defensores y comunidades, recomendamos realizar mayores esfuerzos para fortalecer la articulación inter institucional y de nación-territorio, evitando la multiplicación de espacios y el agotamiento de las partes. En esta línea, hacemos un llamado a dar seguimiento a las solicitudes presentadas ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad por las organizaciones étnicas, sociales, y populares del sur occidente.
Reiteramos la importancia de la inclusión de enfoques diferenciales y la pertinencia de las medidas colectivas y entre ellas quisiéramos insistir en la necesidad de fortalecer los mecanismos propios de protección y prevención de los Pueblos étnicos y en la necesidad de fortalecer el enfoque rural y, de manera especial, para quienes realizan acciones de protección al medio ambiente;
Instamos a fortalecer la acción de la justicia para que investigue de forma más integral las causas y los actores responsables de la violencia de la región, haciendo énfasis en la importancia de garantizar que se investigue de forma más efectiva y se sancione a los agresores de los defensores, en particular los autores intelectuales.
Instamos a promover los derechos de las y los defensores, a no justificar de ninguna forma los ataques contra ellos y a profundizar las medidas pedagógicas y disciplinarias para que los funcionarios públicos faciliten su labor.
Finalmente, quisiera concluir resaltando que, para nuestra Oficina trabajar con las comunidades del sur occidente es un honor y un aprendizaje continuo y quisiéramos pedirles un aplauso en homenaje a estas comunidades y a los defensores que han perdido la vida en sus procesos de defensa de los derechos humanos..
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2018/10/Audiencia-Publica-Senado-de-la-Republica-en-Popayan.pdf
