En los últimos meses estos profesionales han sido víctimas de homicidios, amenazas de muerte, acciones intimidatorias y otros graves hechos de violencia que constituyen atentados contra su vida y contra la libertad de expresión. La autoría de estas graves conductas se atribuye, en su mayor parte, a integrantes de grupos armados ilegales como las AUC, las FARC-EP y el ELN.

Esta situación fue puesta en conocimiento público por esta Oficina mediante un Informe de Prensa, presentado el 2 de febrero de 2003, en el que se dio cuenta de la misión de observación a Arauca. En esa oportunidad, la Oficina subrayó la difícil situación del departamento, en particular hizo énfasis en la problemática de los periodistas y los formadores de opinión.

La Oficina insta a los miembros de los grupos armados ilegales y a sus comandantes a cumplir, con respecto a periodistas y comunicadores, los principios de distinción y de inmunidad de la población civil, cuya observancia les impone el derecho internacional humanitario. La comandancia de estos grupos armados ilegales debe públicamente rechazar estas acciones inaceptables y asegurar que ningún miembro de estas organizaciones cometa en el futuro atropellos contra estas personas ni contra el derecho a la información que tiene la población.

La Oficina pone también de presente que el Estado colombiano se ha comprometido internacionalmente a respetar y garantizar el derecho de toda persona a dar y recibir información veraz e imparcial. Este compromiso implica la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la libertad e independencia de las personas que desarrollan actividades relacionadas con el periodismo y la comunicación social.

Por último, la Oficina se solidariza con los periodistas y formadores de opinión víctimas de estos repudiables actos, así como con sus familiares.