La Oficina se une a todos los actos que en el mundo se realizan para conmemorar ese día y pone de manifiesto que:
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señora Mary Robinson ha venido señalando su preocupación porque “las comunidades indígenas colombianas han visto incrementadas las violaciones de sus derechos fundamentales, en particular por haber sido víctimas de muerte, atentados, hostigamientos, desplazamientos y desconocimiento de sus derechos específicos. La vigencia efectiva de sus derechos se ve entorpecida, entre otros factores, por el desconocimiento de la legislación indígena por parte de muchas autoridades del Estado, el desarrollo de permanentes conflictos sobre la tenencia de la tierra entre moradores de territorios indígenas y otros estamentos sociales… y las estrategias de control territorial que inspiran la actividad violenta de los diversos actores armados.”[1]
La Alta Comisionada recomendó frente a esta problemática la adopción de medidas efectivas para preservar la vida de los líderes indígenas , así como a los miembros de esas comunidades, establecer políticas concertadas para la atención específica de éstas, y a respetar la autonomía e identidad cultural de estos grupos vulnerables.[2]
La Alta Comisionada en su último informe manifestó su preocupación por el incremento de las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular de ejecuciones, amenazas de muerte, desplazamiento y reclutamiento forzoso. Sin embargo, desde el principio del año hasta la fecha, 10 líderes indígenas han sido ejecutados. El último suceso fue la muerte el pasado domingo del Gobernador suplente Misael Chepe y su esposa Nanci García, profesora indígena del Cabildo del Resguardo el Triunfo- Cristal- Paez de Florida en el Valle del Cauca.
La Oficina ha podido comprobar que la situación continúa agravándose y empeorando progresiva y sistemáticamente.
Ejemplos de ello son la desaparición del importante y representativo líder del Cabildo Río Verde (Alto Sinú), el emberá katío KIMY PERNIA DOMICO, por parte de presuntos paramilitare. La desaparición de KIMY PERNIA ha conmocionado al movimiento indígena colombiano y a la comunidad indígena internacional. La Oficina reitera que el exterminio de líderes embera-katio del Alto Sinú y los ataques a sus pobladores, cada vez más, ponen en grave riesgo la supervivencia del grupo étnico y lo ubica al borde del etnocidio.
A ese hecho se sumó la ejecución, presuntamente por paramilitares, del Gobernador embera, Alirio Pedro Domicó Domicó, del Cabildo del Río Esmeralda (Alto Sinú), el 23 de junio, y del líder embera, Alberto Sabugara Velázquez, del Resguardo Gengadó, Alto Baudó (Chocó), el 26 de ese mismo mes, en la ciudad de Quibdó. Estos hechos provocaron una acción urgente de la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de derechos humanos y de la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre las ejecuciones sumarias, ilegales o arbitrarias, así como un comunicado de prensa de parte de esas expertas de las Naciones Unidas.
Asimismo, el 25 de junio se registró el homicidio, presuntamente por parte de las FARC, del líder indígena paez, Cristóbal Secue, de la comunidad del Cauca. Esta comunidad denunció haber recibido amenazas y exigencias en contra de la autonomía indígena y haber sido amenazada del reclutamiento de sus jóvenes. Igualmente, señaló amenazas de ese grupo armado contra los líderes que hablaran en contra de la guerrilla en diversos foros nacionales e internacionales.
Quiero reiterar a las FARC que estos actos son graves infracciones del derecho internacional humanitario y por ello están obligadas a respetar estos principios universalmente reconocidos. La comunidad internacional estará dando seguimiento a este tipo de comportamientos que afectan a los civiles y en este caso específico a las comunidades indígenas. Ante los ojos de la comunidad internacional estos actos, cometidos por guerrillas y paramilitares, son intolerables.
La Oficina ha continuado recibiendo denuncias de las comunidades indígenas que pueblan la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá en jurisdiscción de los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira. En el sector de los indígenas Kankuamos preocupa las numerosas muertes selectivas producidas en lo corrido del año, en su mayor parte proferidas por paramilitares. La última, ocurrió el pasado sábado contra el padre del señor Jaime Arias Cabildo, Gobernador Kankuamo, cuando éste se desplazaba en carretera desde Atanquez a Valledupar.Otras denuncias informan de la presencia de soldados encapuchados dentro de las tropas regulares del Ejército, y la proximidad de los grupos de autodefensas a las instalaciones militares y policiales. Otras irregularidades de las fuerzas militares como son el uso excesivo de la fuerza o malos tratos a autoridades y líderes indígenas y saqueos a viviendas indígenas han sido denunciadas por las comunidades de la Sierra Nevada este año. Por su lado, dirigentes y miembros de las comunidades indígenas Cofan y Siona, en el departamento del Putumayo, han sido muertos, presuntamente por paramilitares, a principios de este año. Finalmente, a la Oficina también le preocupa la supervivencia del pueblo Chimila de Sabanas de San Angel, en el departamento del Magdalena, que viene siendo hostigado y controlado por los paramilitares que operan en la región.
Los desplazamientos se han seguido produciendo sin que las autoridades hagan lo suficiente para evitarlos y sin que se den las condiciones que favorezcan los retornos. Poblaciones que se han visto desde comienzos del año especialmente afectadas son las comunidades indígenas embera-katios del Alto Sinú en el departamento de Córdoba
Frente a las investigaciones por los casos de violaciones de derechos humanos de líderes indígenas se destaca la insuficiencia de resultados que hayan conllevado capturas, enjuiciamientos y condenas ejemplares.
La Alta Comisionada en su informe del año 2000 también manifestó su preocupación por la insuficiente efectividad y continuidad de la Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, creada por el Decreto 1396 de 1996. Durante este año se ha seguido constatando los problemas de operatividad de dicho mecanismo y no se han registrado avances tras los compromisos adquiridos en la misma.
También hay que destacar algunos pronunciamientos negligentes de autoridades regionales que cuestionan o ponen en duda la integridad de algunos indígenas o sus comunidades, y que poco contribuyen a protegerlos y garantizarles sus derechos fundamentales.[3] Estos pronunciamientos no solo pueden poner en serio riesgo la vida de los indígenas sino que son incongruentes con la Directiva Presidencial 07 y no permiten inferir de manera contundente el compromiso de las autoridades con los derechos humanos de esas comunidades.
Ante el incremento de la violencia sobre los líderes y los miembros de comunidades indígenas, el aumento del desplazamiento y la impunidad de la mayoría de esas violaciones, la Oficina que represento, obedeciendo su mandato, se permite hacer las siguientes recomendaciones al Gobierno de Colombia:
1. Establecer a la mayor brevedad, junto con las autoridades indígenas de cada comunidad afectada, planes especiales de protección a líderes y comuneros y a las sedes donde desempeñan sus labores.
2. Diseñar junto con las comunidades y organizaciones afectadas sistemas de alerta temprana adecuados al medio y las especificidades de cada comunidad, considerando y apoyando los sistemas propios tradicionales de cada comunidad.
3. Identificar con el concurso de las autoridades y organizaciones indígenas los casos de violaciones más representativos para que sean investigados y seguidos por los órganos de control del Estado brindando para ello todas las garantías necesarias para la protección de las víctimas y testigos.
4. Atender los desplazamientos de estos grupos étnicos con especial prioridad y sin demoras en estrecha coordinación con las autoridades y organizaciones indígenas . A su vez deberá prevenirse los nuevos desplazamientos que puedan darse mediante el acompañamiento permanente o regular de las distintas entidades del Estado a las comunidades en alto riesgo.
5. Hacer mayor presencia y acompañamiento de las instituciones civiles del Estado en concurso con las autoridades indígenas que demandan esta presencia interinstitucional.
6. Fortalecer la autonomía de las comunidades indígenas mediante el apoyo de programas de etnoeducación, cultura e identidad , formación en derechos humanos, jurisdicción indígena y especialmente de derechos de los grupos étnicos.
7. Adoptar medidas de discriminación positiva para dar oportunidades a los miembros de las comunidades indígenas en todo lo que tiene que ver con el goce de todos sus derechos económicos, sociales y culturales. De manera especial en el campo educativo, productivo y socio-laboral, así como político.
La Oficina aprovecha la ocasión para saludar la designación de la Comisión de Derechos Humanos de establecer un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas en cabeza del señor Rodolfo Stavenhagen de nacionalidad mejicana.
Así mismo deseo destacar los esfuerzos para llevar a buen término la Conferencia Mundial contra el Racismo y otras formas conexas de intolerancia que deberá celebrarse en breve en Durban Sudáfrica. Sus importantes recomendaciones deberán contribuir al combate de la discriminación contra las poblaciones indígenas en todo el mundo.
Finalmente hago un llamado a todos los colombianos para que se solidaricen alrededor de las comunidades indígenas. Los invito a que unan esfuerzos para buscar la protección especial que estos pueblos merecen por ser patrimonio de toda la humanidad. Les animo también para que descubran en ellos los valores ancestrales que contribuyen, sin duda, a la defensa de la vida y a la construcción de la paz en Colombia.
