Conversatorio virtual: El derecho a la tierra en el marco del desarrollo rural en Colombia, Intervención Juliette de Rivero, Representante de la Alta Comisionada en Colombia

Buenos días a todas y todos. Soy Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Agradecemos a todas y todos los representantes de las instituciones y de las organizaciones sociales que han atendido la invitación a este espacio de diálogo organizado en coordinación con la FAO y el PNUD. Este Conversatorio tiene como principal objetivo generar un diálogo propositivo alrededor de los desafíos que enfrentan las comunidades rurales para que se garantice su derecho al acceso, uso y tenencia de la tierra de manera segura y sostenible, derecho que ha sido reafirmado por un conjunto de instrumentos internacionales de derechos humanos y que se constituye además en el vértice del Acuerdo de Paz.

Sea esta una oportunidad de encuentropara reconocer desde las voces de la institucionalidad y de la sociedad civil los avances que se han tenido en los últimos años desde la firma de la paz, así como los desafíos que persisten, en perspectiva de encontrar alternativas que contribuyan a la garantía plena en el acceso del derecho a la tierra.

Quiero recordar las palabras de laAlta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuando fue aprobada, en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en áreas rurales en el 2018:  “Globalmente, las y los campesinos alimentan el mundo, pero el disfrute de sus propios derechos se ve desafiada, incluyendo su propio derecho a la alimentación”, “En muchos sitios alrededor del mundo, las y los campesinos enfrentan situaciones difíciles que se agravan debido a un desequilibrio de poder en las relaciones económicas. Las políticas que podrían promover los derechos de las y los campesinos están bastante ausentes, y en algunos casos han padecido a causa de medidas de austeridad. Las mujeres son particularmente vulnerables, debido a una discriminación generalizada que restringe su acceso, uso y control de la tierra, así como a una desigualdad salarial por su trabajo”

Por ello, avanzar en la garantía de derechos para el campesinado y otras personas que trabajan en las zonas rurales, incluidas las comunidades étnicas, particularmente en el derecho al acceso a la tierra, implica reconocer, respetar y proteger sus derechos, pero también, identificar los desafíos y obstáculos a los que se enfrentan para lograr alcanzar un nivel de vida adecuado. Y es el acceso precario a la tierra lo que impacta directamente en el acceso y disfrute de un conjunto amplio de derechos humanos dada su concepción y naturaleza como derecho interdependiente, generando limitaciones en el derecho a la alimentación, a la vivienda, a otros recursos vitales como el agua, entre otros, y afectando particularmente a las mujeres rurales.

El desarrollo inclusivo, es quizá el gran reto para Colombia, todos los sectores de la sociedad deben verse involucrados y beneficiados por este. El Paro Nacional dividió opiniones sobre algunos temas, pero un tema que muchos reconocen es el malestar de la juventud colombiana ante la falta de oportunidades.  Muchos de estos jóvenes viven en zonas rurales y su nivel de vulnerabilidad y exposición a economías ilícitas es alto.  Los jóvenes rurales son una oportunidad para el desarrollo, no un problema social.

Saludamos el rol fundamental que desempeñan los defensores y defensoras del derecho a la tierra, el territorio y el medio ambiente. Colombia se configura en uno de los escenarios más complejos para el ejercicio de defensa de los derechos a la tierra y el medio ambiente[1], sin embargo, cabe recordar que esta defensa y protección es un rol de los Estados, y a su vez, es éste el responsable de la protección de la vida e integridad de las personas defensoras.  Me gustaría dejarles tres consideraciones al respecto:

1. Defender el medio ambiente contribuye de manera importante en los asuntos propios del cambio climático, necesidad urgente a nivel global porque ya no tenemos tiempo de prevenir, según la COP 26, hemos de empezar ya con procesos de mitigación de los impactos del cambio climático.  El acuerdo de Escazú en este sentido es una oportunidad de avanzar en esta materia, pues reconoce que son los campesinos/as además de los pueblos étnicos del país, quienes mejor han asumido esta tarea de cuidado.
2. La protección de líderes sociales sigue siendo un gran reto para el país. Hasta el 30 de noviembre de este año nosotros hemos verificado 58 casos de homicidios de defensores, seguimos verificando otros 34.   Recientemente la Organización Global Witness, nos ha alarmado con sus cifras para Colombia siendo el primer país donde más se asesinan defensores de medio ambiente.  En este sentido, atender la violencia que pone en riesgo a las personas defensoras de la tierra e impulsar la “des-estigmatización” de estas personas y sus comunidades tienen un gran impacto en la seguridad de líderes y comunidades.
3. Promover la seguridad jurídica y física en la tenencia de la tierra y el territorio constituye una forma de prevención de nuevas conflictividades en los territorios, evitando, así mismo, condiciones propicias para la exacerbación de crisis sociales y económicas.  Actuar en este sentido es garantizar bienestar y desarrollo para las comunidades rurales, principalmente campesinos, indígenas y afrocolombianos quienes son mayormente vulnerables a las violaciones de Derechos Humanos.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos valora y agradece la asistencia y participación de todos y todas a este espacio, y ratifica su compromiso y entera disposición para continuar impulsando el fortalecimiento e implementación de una agenda Derechos Humanos donde se reconozca y garantice el derecho a la tierra como un derecho central.

Gracias por su atención.