Debate de control político en el Congreso de la República Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Honorables Representantes

Señor ministro del Interior

Reciban un cordial saludo del Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En nombre de él y en mi calidad de subdirectora de operaciones de la Oficina en Colombia, agradezco la invitación extendida por el parlamentario Alirio Uribe Muñoz para participar en este debate.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos siempre le ha otorgado prioridad a los llamados del Congreso para exponer sus consideraciones sobre iniciativas legislativas en trámite o debates de control político. Invitaciones como ésta demuestran dos cosas. Una, la voluntad del parlamento de garantizar que la legislación interna y las políticas que procuran hacerla efectiva no contraríen las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano. Dos, la confianza del Parlamento en las contribuciones que puede hacer la comunidad internacional para mejorar la situación de derechos humanos en Colombia.

En general, la situación de los defensores de derechos humanos es un indicador de los niveles de seguridad, de democracia y de derechos humanos que imperan en una sociedad determinada. Si los defensores de derechos humanos cuentan con un entorno seguro para cumplir con sus actividades, es muy probable que el Estado de Derecho fortalezca su arraigo en la realización de los derechos humanos, y que tal sociedad goce de altos niveles de seguridad y democracia.

Respecto a la obligación internacional de brindar un entorno seguro para la labor de los defensores de derechos humanos, el Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofrece al Congreso de la República de Colombia las siguientes notas de balance sobre la situación de los defensores y las medidas adoptadas por el Estado para protegerlos.

* Son numerosas y diversas las agresiones perpetradas, en el pasado y recientemente, en contra de defensores de derechos humanos. La comisión de la mayoría de éstas no ha sido investigada con diligencia y, por tanto, sus responsables no han sido sancionados. Mientras persista la impunidad respecto a la perpetración de tales agresiones, dos mensajes de las autoridades a la sociedad serán notorios: el derecho y el deber de los ciudadanos de promover y proteger los derechos humanos no es un valor importante; y la labor de defensa de derechos humanos continuará siendo una actividad muy peligrosa, que además de zozobra permanente puede costar la vida, en especial en aquellas zonas del país en los que los conflictos sociales son más álgidos.

* Es preocupante que las autoridades no den cuenta de los responsables de la comisión de cientos de asesinatos de defensores. También preocupa que continúen en el anonimato los determinadores y los perpetradores directos de numerosas amenazas de muerte individuales o colectivas, especialmente aquellas transmitidas mediante panfletos, que incluyen a personas y organizaciones de la sociedad civil que registran numerosas amenazas anteriores, y en algunos casos, a funcionarios públicos tales como jueces de restitución de tierras, personeros y funcionarios de la Fiscalía.

* Es alentador que las autoridades colombianas hayan anunciado compromisos con la superación de la impunidad en que permanecen las agresiones cometidas en contra de defensores de derechos humanos. Recientemente, el presidente Juan Manuel Santos llamó la atención de la Fiscalía y de la Policía para dieran con los responsables de amenazas proferidas en contra de reclamantes de tierras usurpadas, estudiantes y profesores universitarios. A su vez, hace unos meses, la Fiscalía anunció la creación de grupos especializados de investigación criminal para adelantar acciones urgentes, cuando tenga noticias de eventos de amenazas, y para investigar aquéllas que son transmitidas por medios electrónicos. Nuestra oficina espera que sean eficaces las acciones derivadas de esos anuncios y confía en poder informar sobre la obtención de prontos resultados.

* Nuestra oficina tiene confianza en que la Fiscalía y la Policía cuentan con los medios y recursos necesarios para identificar las fuentes de riesgo que atentan contra la labor de los defensores de derechos humanos. Identifica, además, que la eficacia de la labor de ambas instituciones depende de la superación de dificultades. En ese sentido, recomienda al Estado colombiano:

==> Incluir las agresiones en contra de los defensores como una problemática o situación relevante de la política de priorización de la Fiscalía.

==> Garantizar la coordinación entre los equipos de investigación judicial de las Seccionales de Policía Judicial (SIJIN) y del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), así como de los investigadores judiciales adscritos a éstas con los fiscales de conocimiento en casos de amenazas contra defensores de derechos humanos.

==> Asegurar que los fiscales le otorguen suficiente importancia a la investigación de agresiones en contra de defensores de derechos humanos. En particular, habría que evitar que prejuzguen que los crímenes en su contra no estarían relacionados con su actividad; que consideren las amenazas de muerte como conductas de poca gravedad y difíciles de investigar; y, en algunos lugares del país, que se abstengan de correr traslado de las investigaciones a las inspecciones de policía.

* Si la investigación y sanción de los crímenes cometidos en contra de defensores es una medida neurálgica para protegerlos, para cumplir con este propósito también es indispensable que la ejecución de las políticas de prevención y protección sea eficaz.

* Es satisfactorio que, ante algunos eventos de agresión en contra de defensores de derechos humanos, el Presidente de la República y el Ministro del Interior hayan manifestado su repudio y se hayan pronunciado sobre la legitimidad de la labor de defensa de los derechos humanos.

* No obstante, en diferentes lugares del territorio nacional, nuestra oficina ha sabido de pronunciamientos hostiles de autoridades civiles y militares en contra de personas y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Como ocurrió muchas veces en el pasado, mediante esos pronunciamientos se les acusa peligrosamente de tener vínculos o representar los intereses de las guerrillas.

* Nuestra oficina también continúa recibiendo información sobre actos de vigilancia y asedio en contra de defensores de derechos humanos, que serían practicados por agentes de la Fuerza Pública y los organismos de seguridad estatales.

* Son loables los propósitos que se pretenden lograr mediante la política de prevención (decreto 4912 de 2001) adoptada por el Estado colombiano. No obstante, es precario el desdoblamiento efectivo de ésta en los territorios.

==> En muchos casos, los funcionarios responsables de ejecutarla no la conocen ni la han apropiado. En consecuencia, en muchas regiones del país la política de prevención no es implementada; es decir, las autoridades no impulsan acciones de prevención temprana y urgente para proteger a los defensores de derechos humanos y las comunidades en riesgo de sufrir ataques.

==> En varios municipios visitados, nuestra oficina pudo corroborar que los alcaldes y otras autoridades municipales no habían formulado los planes de prevención y contingencia establecidos por medio de los artículos 14, 18 y 21 del decreto 4912 de 2001. En la práctica, no contar como políticas y estrategias de prevención locales representa un desconocimiento de las autoridades de sus deberes de respeto, garantía y protección de los derechos y las libertades de los defensores de derechos humanos.

==> Asimismo, en mucho municipios las autoridades concernidas no cuentan con estrategias ni herramientas para identificar, analizar y advertir sobre la evolución de riesgos.

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La no repetición de asesinatos, amenazas y otras agresiones en contra de defensores de derechos humanos, inclusive en un escenario de posacuerdo con las guerrillas, depende de que el Estado de cumplimiento irrestricto a su obligación de investigar con la debida diligencia la ocurrencia de esos crímenes.

Asimismo, la Policía Nacional cuenta con los medios y recursos necesarios para identificar las fuentes de los riesgos que afrontan los defensores de derechos humanos.

con antecedentes de amenazas que no han sido debidamente esclarecidas y, por tanto, corren el riesgo de convertirse en un pasivo tolerante.

La política y estrategia de prevención fijada en el decreto 4912 de 2001 como lineamiento está bien intencionada, no obstante la realidad en las regiones es frustrante ya que no es de conocimiento de los funcionarios concernidos y no se encuentra implementada en los municipios del país, en detrimento de la prevención temprana y urgente que requieren las y los defensores de derechos humanos en el plano regional y loco ante las amenazas de que son objeto.

2. Desarticulación de los alcaldes y autoridades municipales concernidas en el diseño e implementación de la política y estrategia de prevención, desconocen los deberes que como agentes estatales tienen en relación con el respeto, garantía y protección de los derechos y libertades de las y los defensores de derechos humanos; en municipios visitados y monitoreados por nuestra Oficina no se encontraron los planes de prevención y contingencia establecidos en los artículos 14, 17, 18 y 21 del decreto 4912 de 2011.

3. En los municipios visitados y monitoreados por nuestra Oficina, las autoridades municipales responsables del desarrollo de la política y estrategia de prevención carecen de documentos específicos de identificación, análisis y advertencia del riesgo, para hacer seguimiento permanente a la evolución de los actores que generan amenaza en la zona, tal como se precisa en los artículos 14, 18 y 21 del decreto 4912 de 2011.

; al escuchar a algunos funcionarios, se conoció que ciertos casos de amenazas, estos no son abordados por la fiscalía, ya que se envían a la policía, así como a las inspecciones de policía.

5. En los municipios donde se realizó visita y monitoreo de la política y estrategia de prevención y protección de defensoras y defensores de derechos humanos, al preguntar a los funcionarios concernidos sobre la implementación de medidas de carácter político, no se conocieron casos de aplicación e implementación de las mismas (pronunciamientos de alcaldes, concejales, autoridades militares y de policía entre otros), reconociendo la labor de los defensores de derechos humanos y rechazando las amenazas de que son objeto)