Acto: “Por el derecho a la vida y a la restitución de tierras”
Bogotá D.C., 10 de diciembre de 2010
Saludos:
El nuevo Gobierno decidió dar un respaldo político fuerte y contundente a los derechos de las víctimas y el Congreso está a punto de aprobar mecanismos importantes para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado interno.
Especialmente la política de restitución de tierras, es decir la voluntad de devolver las tierras a las cientos de miles de personas desposeídas, es la iniciativa más audaz y valiente iniciada por el nuevo Gobierno nacional en materia de derechos humanos.
Por eso, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos apoya el proceso de restitución de tierras y la reparación integral a las víctimas. La próxima semana, la Cámara de Representantes muy probablemente votará la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Nos parece sumamente importante que un proyecto de ley tan trascendental como la ley de víctimas se ajuste plenamente a los principios y estándares internacionales de derechos humanos. Quiero subrayar algunos puntos que desde la perspectiva internacional son claves.
En el centro de los principios internacionales está que la calidad de víctima se adquiere por haber sufrido una grave violación de sus derechos humanos o del derecho internacional humanitario, independientemente de la calidad del victimario.
Esto significa que la ley debería abarcar a todas las víctimas, incluyendo a las víctimas de agentes de Estado y que no debe haber discriminación entre las víctimas.
Además, la ley no debería excluir a los miembros de grupos armados ilegales cuando hayan sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, los niños reclutados por grupos armados ilegales, son ante todo víctimas de una grave violación a los derechos humanos.
También me parece fundamental que la vía administrativa para la reparación no les cierre la posibilidad a las víctimas de acudir a la justicia para obtener su reparación.
Finalmente, será importante distinguir la reparación a las víctimas de la provisión de servicios sociales y asistencia humanitaria y asegurar un enfoque diferencial en los programas de reparación.
Ante la inminente aprobación de la ley de víctimas y restitución de tierras quiero alertar una vez más sobre la necesidad de blindar este proceso y dotarlo de garantías de protección.
El tema de la tierra ha sido motivo de enfrentamientos sangrientos en la historia de Colombia.
La restitución de tierras provoca resistencias fuertes, resistencias violentas, resistencias malévolas a nivel local.
Por lo tanto, la protección de las víctimas que reclaman tierras, así como de sus organizaciones, debe tener la misma prioridad que la restitución como tal, porque el Estado ante todo tiene la responsabilidad de proteger la vida.
Este año ya registramos homicidios, amenazas y acosos contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas y por la restitución de tierras, en particular en Cauca, Sucre y Urabá. Los asesinatos de Rogelio Martínez, Alexander Quintero, Oscar Maussa y muchos otros líderes que trabajaban en casos de restitución de tierras ilustran esta peligrosa situación.
Para que la política de restitución de tierras no cueste vidas humanas es necesario que esté enmarcada en una política integral de protección.
Quisiera subrayar que la protección de las personas que participan en el proceso de restitución no es opcional – es una obligación estatal. Avanzar con “planes de choque” y otras medidas de restitución de tierras, sabiendo las reacciones violentas que puedan causar, exige del Gobernante adoptar medidas fuertes de mitigación y prevención.
En la jurisprudencia internacional la responsabilidad estatal de protección se contempla especialmente cuando concurren tres circunstancias:
(1) conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato;
(2) afectación de un individuo o grupo de individuos determinados; y
(3) posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo.
Con motivo del Día Internacional de Derechos Humanos quiero hacer un llamado al Estado colombiano para que adopte urgentemente una política y un programa de protección integral como parte del proceso de restitución de tierras: para las víctimas y sus representantes, así como para los funcionarios estatales, tanto de gobierno como del sistema judicial y otras personas involucradas.
Este programa podría incluir, entre otros, cuatro componentes:
– medidas de seguridad pública;
– apoyo político, técnico y financiero a las comunidades y a las organizaciones de víctimas y de campesinos;
– evaluaciones de riesgo a nivel local, elaboradas conjuntamente entre organizaciones estatales y no estatales; y
– acciones para obtener un amplio apoyo social para la defensa del derecho a la tierra.
La fuerza pública tendrá que jugar un rol importante para garantizar la seguridad de las personas afectadas. Sin embargo, no es posible poner un policía detrás de cada campesino que reclama sus tierras. Por eso será muy importante reforzar los mecanismos comunitarios de protección, especialmente fortalecer las asociaciones y organizaciones de víctimas y campesinos en todo el país.
Será imprescindible hacer análisis de riesgo locales realistas para identificar las posibles fuentes de violencia. Las personas que reclaman la devolución de sus tierras, así como las instituciones estatales responsables de garantizar su vida e integridad física, necesitan conocer estos riesgos en forma detallada para poder tomar las medidas de protección adecuadas.
Esto podría requerir, por ejemplo, que la ley de víctimas y restitución de tierras contemple una posible interrelación del programa de restitución de tierras con el programa de protección del Ministerio del Interior y que incorpore de manera específica los informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Además considero crucial adelantar una amplia movilización social de la población a favor de la devolución de tierras hacia las personas despojadas o desplazadas por razones relacionadas con el conflicto armado interno.
Adicionalmente es necesario que el Estado asegure acciones penales contundentes para evitar la impunidad de personas u organizaciones que atenten contra la vida de las víctimas y sus organizaciones.
Igualmente, debe tenerse en cuenta la importancia de un apoyo post restitución promoviendo unas relaciones sociales y productivas que ayuden a transformar las desigualdades y crear una sociedad más justa.
En estos momentos históricos que vive el país es importante que el pueblo colombiano y las organizaciones sociales y campesinas así como la comunidad internacional, respalden y apoyen la devolución de las tierras robadas o abandonadas durante el conflicto armado interno a sus legítimos dueños.
Por eso, nuestras celebraciones del Día Internacional de los Derechos Humanos no solo se realizan aquí en Bogotá sino también en eventos similares en Bucaramanga, Apartadó (Urabá) y Santander de Quilichao (Cauca).
En ese contexto, estamos preparando una campaña nacional “por la vida y la tierra” junto con ACNUR que se lanzará próximamente en todo el país.
Como preludio a esta campaña, Uds. recibieron una pequeña bolsa con tierra restituida de Urabá. Ojalá encuentren un lugar visible en sus casas u oficinas para estas bolsitas como símbolo de su compromiso con la restitución de tierras.
Además, el día de hoy entregaremos una matera de tierra con un árbol para la Presidenta de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes del Urabá (Asovirestibi), señora Carmen Palencia. Este árbol, donado por el Jardín Botánico de Bogotá, es nativo de Colombia y crecerá en Urabá, esperamos casi unos 5 metros. El árbol representa la vida y la esperanza de que los derechos de miles de víctimas del despojo de tierras en Colombia se realicen.
Para finalizar mis palabras con motivo de esta celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, saludo a los y las incontables activistas sociales, funcionarios públicos, voluntarios, y líderes comunitarios que dedican su vida a la protección y promoción de los derechos humanos en el país.
Este Día es el día de todos y todas ustedes. Me permito expresar mi profunda admiración por el trabajo que ustedes realizan. La Oficina seguirá acompañándolos y defendiéndolos, por obligación y por convicción.
Muchas gracias por su atención.
