Estimado Vicepresidente de la República de Colombia, Dr. Francisco Santos,
Estimada Ministra de Educación, Dra. Cecilia Vélez White,
Estimado Defensor del Pueblo, Dr. Volmar Pérez,
Señoras y Señores,
Hoy es un día verdaderamente especial para los derechos humanos en Colombia. El Estado Colombiano lanza su primer Plan Nacional para Educación en Derechos Humanos.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos valora altamente que este plan vea la luz el día de hoy.
Hemos acompañado y asesorado la elaboración de este plan durante los últimos 6 años y nos sentimos plenamente identificados con su fundamentación y contenido. Lo celebramos porque tenemos la convicción de que la educación en derechos humanos es un elemento clave para crear una cultura de paz, de respeto a los derechos humanos y de una ciudadanía democrática en Colombia.
El plan nacional responde tanto a normativas de la Constitución nacional como a El Decenio para la Educación en Derechos Humanos proclamado por la Asamblea General de la ONU.
Asimismo responde al llamado del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de invitar a los países miembros de la ONU a formular Planes Nacionales de Educación en Derechos Humanos, llamado, que también forma parte de las recomendaciones de mi oficina al gobierno nacional.
El plan se dirige sobre todo a los niños, niñas y jóvenes del país. Ellos son un grupo social estratégico para la construcción y sostenibilidad de cualquier régimen democrático en el mundo.
Durante la niñez y adolescencia se forman los valores éticos y cívicos fundamentales del ser humano, es decir esta etapa en la vida humana es esencial para la socialización política de los ciudadanos.
Pero el Plan no olvida un aspecto fundamental sobre el papel de los docentes en este empeño y su capacidad de reinventarse para trasmitir la riqueza, complejidad y problemática de una sociedad como la colombiana vista desde la educación en este campo.
Por lo tanto, la educación en derechos humanos, dentro y fuera de la escuela, se convierte en un aporte clave del Estado y la sociedad para integrar las nuevas generaciones a la vida democrática de un país.
La educación en derechos humanos no sólo es una obligación constitucional y una necesidad política y social sino también un derecho de los niños, las niñas y los adolescentes. Derecho que corresponde a lo que los estándares internacionales han señalado como factores que le dan contenido e integralidad: accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.
La Convención sobre los Derechos del Niño estipula en su artículo 29:
“Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades;
b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas;
c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena;
e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural.”
Estos son objetivos muy nobles para los cuales todos los presentes aquí dedicamos nuestras capacidades y energías.
Al mismo tiempo hay que ser realistas. La educación para los derechos humanos por sí sola no puede garantizar prácticas democráticas en los jóvenes.
Factores como la desigualdad social, la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, la falta de espacios de participación para niños y jóvenes y el ejemplo que den los líderes políticos de un país inciden estructuralmente en la formación democrática de las nuevas generaciones. Así que más allá del ámbito educativo, el Estado debe abordar estos temas de lucha contra la pobreza, fortalecimiento del Estado de derecho y de la cultura política para crear una cultura de derechos humanos, de paz y democracia.
También estoy convencido de que la violencia intrafamiliar, patrones de educación autoritarios y relaciones verticales entre hombre y mujer, padres e hijos en el seno de la familia inciden substancialmente en la formación de valores y conductas democráticas o anti-democráticas de los jóvenes.
Sin embargo, la educación si puede jugar un papel importante en el fortalecimiento de una cultura de derechos en la medida que contribuya a la construcción de sujetos activos de derechos con capacidad de influir en los cambios y transformaciones de su entorno.
Yo soy testigo de esto porque lo conozco de mi tierra natal Alemania. Toda mi generación fue educada intensamente en la escuela por una combinación de educación en derechos humanos, memoria histórica sobre las violaciones más graves que pasaron durante el Tercer Reich y la educación cívica.
Esta educación fue brindada en forma transversal en varias materias como por ejemplo en literatura, filosofía, historia y ciencia sociales. Y claro está en la transformación de la convivencia y la cotidianidad de la escuela, en su democratización y en su continua auto-reflexión.
Adicionalmente, en los últimos años la educación en derechos del niño empezó a cobrar importancia en un diálogo de saber con la pedagogía y la didáctica. En ese sentido es pertinente hablar de una pedagogía de los derechos humanos y la ciudadanía democrática.
Este programa pedagógico que empezó pocos años después del final de la segunda guerra mundial si tuvo y tiene impacto en la formación y el fortalecimiento de la conciencia democrática de generaciones de jóvenes Alemanes.
Pasamos entonces a Colombia. ¿Qué agrega el Plan -desde hoy reconocido como PLANEDH- al tema de la educación en general y de los Derechos Humanos en particular en Colombia?
En primer lugar, una de las características que debe asumir el PLANEDH es la de convertirse en eje articulador de las políticas educativas. La mejor manera de hacerlo es a través de una Política Pública que haga posible la realización del ideal de ejecutar en forma coordinada las reformas y transformaciones orientadas al cumplimiento del mandato constitucional en materia de Derechos Humanos, tal como lo señala el artículo 67 de la Constitución Nacional que dice:
¨La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al Colombiano en el respeto a los Derechos Humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente¨.
En segundo lugar, el PLANEDH propone un enfoque de Derechos Humanos para la política educativa.
Esto significa tomar en cuenta el principio universal de la no-discriminación en políticas públicas y abordar las desigualdades existentes en la educación, corregir las posibles prácticas discriminatorias y hacerles frente a los factores que obstaculizan el progreso en dicho asunto.
En tercer lugar, el enfoque de derechos identifica a los titulares de derechos y a los titulares de deberes en materias de educación. Es importante recalcar que dicha diferenciación debe conducir por igual al fortalecimiento de las capacidades de ambos grupos de titulares. En ese sentido el PLANEDH puede ser un factor potenciador de dichas capacidades.
En cuarto lugar, el enfoque de derechos igualmente enfatiza y fija su atención en la educación de las minorías, grupos y población en situación de vulnerabilidad y riesgo y en la protección de la diversidad multiétnica y pluricultural como asunto prioritario.
Por último, leyendo el documento se entiende que la realización de un plan como el que hoy se presenta facilitará de manera coordinada procesos de investigación en todos los campos de la pedagogía para la educación en derechos humanos, e igualmente promoverá la capacitación de docentes en la especificidad y métodos propios al discurso y las prácticas de respeto a los derechos humanos.
Finalmente quiero subrayar que el Plan contiene también importantes componentes de educación no-formal y educación informal. Aquí, la sociedad civil y los medios de comunicación tendrán que jugar un papel determinante. Esto no sólo es importante para la implementación técnica del plan en los ámbitos fuera de la escuela sino tiene un valor político en sí:
La educación en materia de derechos humanos y democracia no debería estar exclusivamente en manos de las autoridades estatales para enriquecer la formación de opinión y conciencia de los jóvenes en esta materia, conociendo diferentes puntos de vista.
Esa es una lección aprendida de muchos países del mundo que un verdadero enfoque de derechos hacia la educación requiere una implementación pluralista.
Para terminar quiero agradecer al Vicepresidente y su equipo, a la Ministra de Educación y sus funcionarios, a la Defensoría del Pueblo, así como a organizaciones de la sociedad civil que en los talleres de socialización han sugerido temas para el contenido del plan. Igualmente quiero hacer un reconocimiento explícito al excelente trabajo del Comité Técnico y del Comité de redacción que han invertido en este Plan y cuyo fruto es un resultado de gran calidad profesional.
Ahora el reto hacia el futuro es la implementación del PLANEDH, para que sus principios rectores se transformen rápidamente en prácticas pedagógicas dentro y fuera de las escuelas y de los planteles educativos.
Para esta tarea comprometo el apoyo y el acompañamiento de nuestra Oficina tal como lo hemos estipulado en el acuerdo de cooperación técnica que firmamos con la Cancillería la semana pasada.
Muchas gracias por su atención.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2009/11/po0906.pdf