Foro “El Medio Ambiente y quienes defienden sus derechos”

Intervención de Juliette de Rivero, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  

En primer lugar, en nombre de la Oficina quisiera agradecer esta invitación para hablar sobre “El Medio Ambiente y quienes defienden sus derechos”.

Deseo presentar mi más afectuoso saludo a Francisco Vera, a la señora Embajadora de la UE Patricia Llombart-Cussac y a la señora Ivonne Baumann, Embajadora de Suiza en Colombia y por su puesto al Ministro Carlos Eduardo Correa. Es un honor compartir este espacio con ustedes. Tambien aprovecho para saludar a tod@s las defensoras y defensores del medio ambiente que nos acompañan.

Ayer estuve en la casa de Francisco para entregarle una carta que le escribió la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para agradecerle y reconocer la importancia del trabajo que él está haciendo para defender el medio ambiente porque nos permite avanzar como humanidad y crear un mundo mejor. La Alta Comisionada le escribió que necesitamos muchas personas como él.

Para mí fue muy grato conversar con Francisco, que me explique las pautas del reciclaje en Colombia (ya que no llevo mucho tiempo acá), que me enseñe las montañas y los árboles que rodean su hermoso pueblo.

Con Francisco hablamos de la biodiversidad de Colombia, de sus ecosistemas, de su población. De cómo su defensa del medio ambiente y de los derechos humanos busca también atender la desigualdad en Colombia, para que todos puedan vivir en dignidad.

Me conmovió muchísimo hablar con Francisco por su claridad y su madurez a una edad tan joven. Porque sus mensajes trascienden barreras partidarias o políticas. Porque su único interés es ayudar a proteger la tierra, el agua, el medio ambiente que nos acoge.

Francisco me habló principalmente de Colombia, de su entorno, sus paseos con su abuelito, pero también del mundo, de la historia tan interesante de la humanidad que le apasiona.

Francisco nos obliga a ver y a reconocer que debemos trascender barreras ideológicas, intereses cortoplacistas y particulares para dedicarnos a una tarea común para que niños y niñas como él puedan vivir en un planeta limpio y sano, con especies protegidas. Esta es una inversión para el planeta, pero también para la humanidad. Y como Francisco bien me lo explicó y como yo lo he observado en mis viajes en este hermoso país, Colombia tiene el privilegio de estar superdotada de una naturaleza única y especial que es un seguro para el futuro de su población si se logra protegerla. Sus fuentes de agua, sus bosques, su fauna y flora, los espacios que los pueblos indígenas han protegido desde el inicio de los tiempos y siguen protegiendo.

Es aberrante que los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos en Colombia tengan que asumir tantos riesgos para avanzar en su causa. Es aberrante que grupos armados diversos puedan amenazar y atentar contra la vida de defensores y defensoras ambientales en los territorios. Que fuerzas oscuras y cobardes busquen amedrentar y sembrar el terror en el corazón de un niño solo porque quiere proteger el medio ambiente por el bien de todas y todos.

La defensa de los derechos humanos y la defensa del medio ambiente son actividades legítimas y necesarias y que, por lo tanto, deben ser garantizadas por el Estado.

Permiten la construcción de sociedades más incluyentes y justas, en las que el disfrute y la realización de los derechos humanos para todas las personas contribuyen a fortalecer la dignidad humana y a crear un medio ambiente seguro y saludable del que depende la supervivencia misma de la humanidad.

Como lo establece el documento de Principios marco sobre los derechos humanos y el medio ambiente, “los seres humanos son parte de la naturaleza y nuestros derechos humanos están entrelazados con el medio ambiente en el que vivimos. El daño ambiental interfiere con el disfrute de los derechos humanos y el ejercicio de los derechos humanos ayuda a proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible”[1].

Es importante que en Colombia el Estado y la sociedad en su conjunto repudien los actos de violencia contra defensores del ambiente. Que se busquen formas para que el Estado con todas sus instituciones haga presencia en los territorios más afectados por la violencia, no solo con la fuerza pública, pero con su capacidad de respuesta institucional, civil, de desarrollo, ambientalista – para acompañar estos activismos.

La labor de la unidad especial de investigación de la Fiscalía ha estado jugando un papel cada vez más significativo en la investigación de los casos de violaciones de derechos humanos contra defensoras y defensores. Debemos apoyar a esta institución para que su labor también incida en el desmantelamiento de grupos generados de violencia en los territorios.

La labor de la Unidad Nacional de Protección es primordial pero los casos aberrantes de amenazas, de intimidación y peor –que tienen causas violentas profundas que deben ser atendidas-. Por eso la Alta Comisionada ha insistido sobre la importante tarea de la Comisión de Garantías de Seguridad que el Presidente preside y que tiene como principal mandato el desmantelamiento de grupos que amenazan la paz y la defensa de los derechos humanos. Y por eso también ofrecemos toda nuestra capacidad y asesoría técnica para responder a las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo –a través de lasComisiones Intersectoriales para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas– CIPRAT.

Ayer cuando estuvimos hablando con Francisco, mi colega Diana le preguntó por qué le gustaba defender el medio ambiente y Francisco le dijo que a él le gusta la participación.

Parece increíble la lucidez y la facilidad con la que Francisco identifica lo esencial de cada cosa.

La violencia y las amenazas que se ejercen contra los defensores del medio ambiente buscan esencialmente socavar esta participación. Dejar por fuera a la población, a las comunidades indígenas y afro, a las comunidades campesinas en la toma de decisiones sobre su entorno, sobre su tierra, sobre la gestión de los recursos naturales. Se intimida a las lideresas y a los líderes para amedrentar a sus comunidades, para callar sus voces, para limitar su incidencia y su participación.

Invertir en su seguridad, es invertir en el futuro. Invertir en su seguridad es hacer frente a la desprotección de comunidades frente a la presencia de grupos armados, es crear alternativas durables a las economías ilícitas y violentas que no solo atentan contra la seguridad de las comunidades, pero destruyen la tierra, los ríos, los bosques.

Colombia es un país con una capacidad muy grande para solucionar estos problemas. Con instituciones fuertes, con legislación avanzada, con sus mecanismos de protección, con su jurisprudencia de punta que reconoce que un río es sujeto de derechos, por la riqueza y diversidad de sus recursos humanos -personas expertas, defensoras y defensores, comunidades milenarias que conocen como proteger el medio ambiente-.

Es muy importante que el Presidente Duque firmó en el 2019 el Acuerdo de Escazú, enviándolo al Congreso de la Republica con mensaje de urgencia. Esta fue una señal fuerte sobre la cual el Congreso puede avanzar.

El Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe busca generar protección a líderes medio ambientales, a la vez que promover una mayor participación de las comunidades en la toma de decisiones que afectan su medio ambiente, el acceso a la justicia y a la información.

Este proceso legislativo ha puesto de manifiesto la necesidad de abrir diálogos diversos entre distintos actores de la sociedad, la academia, el Estado, los sectores empresariales, las comunidades, los grupos indígenas, entre otros, pues son muchas las reflexiones pendientes en esta materia.

La protección de líderes medio ambientales es esencial, como lo es también el que los ataques en su contra se investiguen y se esclarezcan de manera efectiva. Sin embargo, es más importante aún que se prevengan nuevas agresiones contra estos defensores de derechos. Prevenir significa construir un ambiente de dialogo y participación, de tal manera que se minimicen los espacios que estigmaticen a los líderes por sus luchas, orígenes, o posturas.

Por ello la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en Colombia lleva a cabo procesos de acompañamiento y asistencia técnica para la protección de los derechos ambientales, políticos, económicos y sociales con comunidades como las que rodean el Arroyo Bruno, en el departamento de La Guajira. El derecho a la participación de estas comunidades en los procesos y espacios de toma de decisiones que les afectan es crítica y debe ser respetuosa además de los usos y costumbres, en este caso, del pueblo Wayuu, Afro y la población campesina presente en la región.

En departamentos como Amazonas, Putumayo y Caquetá se presentan altas tasas de deforestación y contaminación de recursos naturales. Caquetá y Putumayo concentraron el 29% de la deforestación del país entre 2000 y 2018 y en Amazonas se presentan altos niveles de contaminación por mercurio en aguas del Río Caquetá, lo que afecta la salud de las comunidades indígenas ribereñas.

En estos contextos, se han presentado amenazas contra las personas que trabajan en defensa del medio ambiente, incluyendo personas defensoras de derechos humanos y funcionarios/as públicos/as. Éstas se atribuyen principalmente a actores armados ilegales que han ampliado el control territorial asociado a economías ilegales como el narcotráfico, minería ilegal de oro y acaparamiento de tierras.

En Amazonas, por ejemplo, se produjeron amenazas contra los funcionarios de Parques Nacionales Naturales a inicios de 2020, lo cual implicó que salieran de sus instalaciones y no hayan podido retornar aún. En Guaviare grupos disidentes de las FARC han lanzado amenazas por medio de panfletos en los que vetan el ingreso y trabajo de funcionarios/as ambientales en áreas protegidas.

En Tolima se presentaron los homicidios de Carlos Aldairo Salinas el 8 de noviembre de 2019 en Santa Isabel, y de Gonzalo Cardona Molina el pasado 11 de enero. Ambos eran férreos defensores del medio ambiente sano en el departamento y sus homicidios son materia de investigación, pero se señalan posibles actores armados ilegales que buscan mantener el control de rutas de narcotráfico.

En estos espacios algunos defensores han visto restringido su labor por la estigmatización o la imposibilidad de avanzar en acuerdos que permitan resolver las dificultades jurídicas que permitan soluciones sostenidas y apropiadas por las comunidades. Un ejemplo es el proceso de diálogo en el espacio regional entre Meta, Guaviare y Caquetá con las autoridades ambientales, que debe ser reforzado.

Es importante reconocer los liderazgos campesinos y de autoridades indígenas que promueven la conservación del medio ambiente con el uso racional y eficiente de los recursos naturales y el orden comunitario para alcanzar esos fines.

Colombia tiene todo para hacer frente a estos desafíos y lo puede lograr con una mayor coordinación entre las autoridades nacionales, regionales, departamentales y locales que, en consulta con las comunidades implementen medidas de protección colectiva para atacar los problemas estructurales que les afectan.

Lo he dicho en varios eventos, este país me impresiona por su diversidad y por sus defensoras y defensores de derechos humanos y el bello encuentro que tuve con Francisco y su familia lo confirman.

Quisiera reiterar que es un privilegio para la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuar prestando asistencia técnica a las autoridades estatales, a las comunidades y a la sociedad civil, para contribuir a generar un marco de mayor garantía, prevención de ataques y protección efectiva de los derechos humanos para las defensoras y defensores de derechos humanos que día a día arriesgan sus vidas para legarnos un mejor país, un mejor planeta.

Muchas gracias.