Foro Lidera la Vida en Medellín

Por: Alberto Brunori
Representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

Como Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia es un honor y un gusto para mi estar en Medellín y poder presentar nuevamente, después de haberlo hecho en Montería, la campaña Lidera la Vida.

Como saben, defender los derechos humanos es un derecho por sí mismo.

Por lo cual la labor desarrollada por cada una y cada uno de ustedes debe ser protegida y reconocida por todas las personas, ya que implica la dedicación de gran parte de sus vidas para: exigir la garantía y la protección efectiva de los derechos humanos; para promover la justicia y para fortalecer la democracia y, por supuesto, luchan en contra de los abusos de poder y de la inacción de las autoridades.

Me gustaría recordar las palabras del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst en su Declaración de Fin de Misión de su visita a Colombia, en diciembre de 2018, los defensores y las defensoras de los derechos humanos son:

“… agentes de cambio, que preservan la democracia, asegurando que permanezca abierta, plural y participativa. Defienden los principios del Estado de Derecho y la buena gobernanza” y adicionalmente son: “…mujeres y hombres comunes, que creen en la universalidad de los derechos humanos y actúan para defenderlos”.

Desde su llegada al país, la Oficina de la Alta Comisionada ha sido consciente de la importancia del trabajo de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos, ha prestado asesoría técnica al Estado y a las Organizaciones Sociales, y ha visibilizado la grave situación en sus informes.

En este sentido, la Alta Comisionada ha recomendado que el Estado colombiano debe continuar priorizando (e inclusive con más énfasis) las investigaciones que se adelantan por los asesinatos y agresiones en contra las personas defensoras de los derechos humanos y que dé una efectiva sanción a los responsables.

Quiero compartir con ustedes, que considero muy positiva una reciente conversación que sostuve con el Fiscal General para poder avanzar en el esclarecimiento de casos anteriores a 2012 y espero que con nuestro apoyo se puedan producir finalmente resultados en este ámbito.

A la complejidad de las actividades desarrolladas por las personas defensoras de derechos humanos, se agrega la situación que deben afrontar al desempeñar su labor en áreas geográficas en las que la violencia generalizada se ha recrudecido.

En Antioquia, por ejemplo, se ha evidenciado un número considerable de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en aquellas zonas donde hay presencia de rentas criminales, las cuales se encuentran en disputa por parte de grupos armados al margen de la ley.

De particular preocupación para la Oficina es la situación de los y las lideresas de las Juntas de Acción comunal, en zonas como el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia, quienes han sido víctimas de homicidios, amenazas y desplazamientos, generando con ello graves impactos en la participación, los liderazgos y los procesos organizativos comunitarios.

Asimismo, son de preocupación las agresiones a mujeres defensoras de los derechos humanos y contra los defensores pertenecientes a la comunidad de LGBTI. La situación de estos defensores se agrava por la persistencia de prácticas discriminatorias y excluyentes muy arraigadas en la sociedad colombiana.

Para mitigar los riesgos, el Estado debe fortalecer su presencia integral en estas zonas, no sólo con componentes de fuerza pública sino también de las autoridades civiles, para garantizar el pleno acceso a los Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Asimismo, ayudaría a la labor de las y los defensores de derechos humanos de ampliar y fortalecer el espacio cívico el reconocer e impulsar la participación de la sociedad civil con plenas garantías de asociación, reunión y expresión.

La respuesta del Estado debe priorizar el enfoque preventivo sobre la adopción de medidas de protección de carácter temporal.

Para tal propósito, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), el Plan de Acción Oportuna, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la Mesa Territorial de Garantías, deberían ser espacios adecuados para abordar este enfoque.

Consideramos que el Sistema de Alertas Tempranas – SAT resulta ser una excelente herramienta para la prevención de afectaciones a derechos, esto si es seguida por actividades urgentes de las autoridades correspondientes, que respondan directamente a las recomendaciones emitidas en estos instrumentos.

Son preocupantes los últimos documentos emitidos por la Defensoría del Pueblo para el tema que nos convoca (Informe de Riesgo No. 010-17 y Alerta Temprana 026-18) en los que se evidencia el “escenario de riesgo al que se enfrentan personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos y al liderazgo social”. Por ejemplo, la alerta 035-19 advierte sobre los riesgos en Antioquia, entre otros departamentos, de cara a las elecciones locales del próximo 27 de octubre.

Aprovecho esta oportunidad, para nuevamente hacer un llamado a las autoridades a unir esfuerzos y lograr acciones integrales que protejan la vida y la labor de las y los defensores de derechos humanos.

Por último, quiero ratificar nuestro compromiso con las personas que protegen derechos en el país, y manifestar que la Oficina apoyará todo proceso y acción que esté encaminada a la protección de su integridad y a la garantía del cumplimiento de sus funciones, que son esenciales para preservar la democracia y proteger los derechos humanos de todas las personas.

Muchas gracias.