Homenaje ofrecido al Doctor Alirio Uribe Muñoz con ocasión del Premio Matín Ennals, Bogotá

La tarea cumplida por los defensores de los derechos humanos es muy importante. Ella ha sido el tema de la Declaración adoptada por la Resolución 53/144, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998 . En este instrumento se reconoce el papel significativo de quienes, en el mundo entero, contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y de las personas.

En dicha declaración se reconoce a toda persona no sólo el derecho a reunirse o manifestarse de manera pacífica, a formar organizaciones no gubernamentales y a comunicarse con las demás entidades de este género. También se le reconoce el derecho a conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a publicar, impartir o difundir libremente opiniones, informaciones y conocimientos relativos a aquéllos, y a estudiar y debatir si tales derechos y libertades se observan tanto en el terreno normativo como en el práctico.

Las difíciles circunstancias en que los defensores de derechos humanos desarrollan sus actividades en el territorio colombiano han sido objeto, durante mucho tiempo, de la preocupación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De ello queda testimonio patente en los seis informes anuales presentados a la Comisión de Derechos Humanos desde la fecha de instalación de su Oficina en Colombia. En el último de ellos, que cubre el año 2002, rendido hace algunas semanas en Ginebra, el Alto Comisionado expresa que la situación de esos defensores ha continuado siendo crítica, y que los integrantes de los grupos pro derechos humanos han sido víctimas de homicidios, amenazas, atentados, hostigamientos, desapariciones forzadas y toma de rehenes. La mayor parte de la responsabilidad de estos hechos se atribuye a integrantes de organizaciones paramilitares. También ha habido casos en los cuales su autoría fue imputada a miembros de grupos guerrilleros y aun a servidores públicos.

Valga la oportunidad para recordar que, en el mismo Informe sobre Colombia 2002, el Alto Comisionado ha dedicado varias de sus 27 recomendaciones para 2003 a materias concernientes a las responsabilidades del Estado con respecto al trabajo en pro de los derechos humanos. El Alto Comisionado:

-Ha urgido al Gobierno a asegurar que el programa de protección de defensores de derechos humanos, a cargo del Ministerio del Interior, funcione con efectividad, dotándolo de los fondos suficientes y de parámetros claros y uniformes de medición del riesgo.

-Ha urgido al Fiscal General de la Nación a introducir en el programa de protección de testigos y víctimas a cargo de esa institución los cambios que permitan una rápida identificación de los riesgos y una pronta adopción de las medidas para afrontarlos.

-Ha solicitado al Ministerio Público y a los superiores jerárquicos de los servidores públicos sancionar disciplinariamente a aquellos agentes del Estado que con sus acciones u omisiones pongan en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos.

-Ha exhortado al Procurador General de la Nación a verificar trimestralmente la exactitud y objetividad de la información contenida en los archivos de inteligencia militar sobre defensores de derechos humanos, y a hacer público el resultado de esta labor.

Para la Oficina en Colombia del Alto Comisionado resulta preocupante que en el país la legitimidad del trabajo de los defensores de derechos humanos sea, algunas veces, cuestionada en diferentes tipos de declaraciones. Tales declaraciones no contribuyen, ciertamente, a la convivencia pacífica.

Los defensores de los derechos humanos constituyen un grupo singularmente vulnerable frente a las conductas intimidatorias o agresivas que inspiran la intolerancia, el fanatismo, la polarización, el deseo de impunidad y otros factores de la misma índole negativa que inciden de manera trágica en los índices de violencia. Por ello es necesario que el Estado redoble sus esfuerzos en procura de que los defensores puedan moverse dentro de condiciones positivas y sin amenazas de ninguna índole. Es también necesario que los órganos de control, la Fiscalía General de la Nación y la Judicatura, se empeñen en la investigación, el juzgamiento y la sanción de todo acto por el cual los defensores de los derechos humanos lleguen a ver vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales.

En este contexto quiero recordar que la Comisión de Derechos Humanos, a través de su Presidenta, ha manifestado hace pocas semanas su preocupación por “el inquietante aumento del número de ataques contra la vida, la integridad física y la seguridad y la libertad de movimiento de los defensores de los derechos humanos, dirigentes sindicales, abogados, activistas sociales, periodistas y dignatarios eclesiásticos” .

Dada la situación, resultan significativas las palabras pronunciadas hace pocos días por el Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, en una ceremonia en la Escuela de Cadetes “General Santander”. Allí el Jefe del Estado invitó a la Fuerza Pública a actuar con determinación para defender los derechos humanos; con respeto y tolerancia a los críticos; con respeto, tolerancia y consideración hacia las organizaciones no gubernamentales.

Al felicitar al doctor Alirio Uribe Muñoz por la recepción de este importante premio Martin Ennals —otorgado en años anteriores al chino Harry Wu, a la pakistaní Asma Jahangir, al nigeriano Clement Nwankwo, al mexicano Samuel Ruiz García, al palestino El Sarraj, a la yugoslava Natasa Kandic, a la congolesa Immaculée Birhahenka, a la Brigadas Internacionales de Paz y a la chadiana Jacqueline Moudeina—, formulo, en nombre del Alto Comisionado y de su Oficina en Colombia los más fervientes votos porque pueda continuar realizando, junto con sus colegas del Colectivo de Abogados José Alvear su valioso trabajo en condiciones pacíficas y seguras. Personas como el doctor Uribe Muñoz contribuyen con su trabajo profesional a que todas las instancias cumplan los compromisos que el Estado ha asumido para regular el ejercicio de los poderes públicos y para atenuar los tristes efectos de la guerra.