Intervención ante la CIDH: “Seguimiento a las observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo a Colombia”

Intervención de Juliette de Rivero, Representante para Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

26 de octubre de 2021

Saludo a las Comisionadas, a las autoridades del Estado, a las representantes de la Sociedad Civil y los participantes en este evento.

En primer lugar, agradezcoa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la invitación para participar en esta audiencia.

Mi nombre es Juliette de Rivero. “Mi asistencia hoy a esta audiencia pública es en mi capacidad de Representante para Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy aquí para proporcionar a la Comisión información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento.  Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia, expresa o implícita, de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946.”

Durante los meses de las protestas vinculadas al Paro Nacional, la Oficina Derechos Humanos de la ONU en Colombia le dio seguimiento a la situación de derechos humanos, verificamos casos y situaciones que sustentan los principales hallazgos descritos por la CIDH al término de su visita a Colombia en junio de 2021.  Quisiera compartirles que la Oficina Derechos Humanos de la ONU en Colombia ha finalizado la sistematización de la información recogida durante este periodo y pronto estará sometiendo la información para consideración del Gobierno de Colombia. Esperamos poder publicar un documento de lecciones aprendidas en materia de derechos humanos durante el paro, una vez recibidos los insumos del Gobierno.

El Paro Nacional que inició el 28 de abril 2021, fue una movilización mayoritariamente pacífica y ciudadana que contó con una participación sin precedentes de la juventud que buscó incidir en la situación de desigualdad que afecta el país. Nos preocupa la inseguridad alimentaria que afecta al país y la falta de oportunidades para los jóvenes y mujeres. Situaciones que se han agudizado con la pandemia. La Oficina Derechos Humanos de la ONU en Colombiasaluda la movilización pacífica, la creatividad de los jóvenes – sus nuevas formas organizativas. Todos son aportes para la democracia en Colombia.

Nuestro enfoque durante el Paro fue de contribuir a des-escalar la violencia y reforzar la protección de los derechos humanos, acompañando espacios del Estado y de la sociedad civil. Nos avocamos a promover los ejercicios de diálogo y a promover los diversos esfuerzos que a nivel nacional y pero sobre todo local se hicieron para prevenir la violencia. Saludamos a los manifestantes, a las autoridades, a la iglesia y otras instituciones que le apostaron al dialogo y rechazaron la violencia en todas sus formas. Nuestra tarea también fue el de recordar los estándares y darle seguimiento a situaciones de violaciones de derechos humanos.

Nosotros saludamos la invitación que le hizo el Gobierno a la CIDH para visitar Colombia. Creemos que las recomendaciones de la CIDH son un aporte para avanzar en la protección del derecho a la reunión pacífica y todos los derechos conexos.

La oficina observó que durante el parolas manifestaciones fueron mayoritariamente pacificas y nos preocupa los casos de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra manifestantes que hemos documentado, los casos de privaciones arbitrarias de la vida, las violaciones a la integridad y seguridad personal, las detenciones arbitrarias, los casos de criminalización de quienes ejercieron su derecho de reunión pacífica, los casos de violencia sexual y de género y los casos de ataques a periodistas que hemos documentado. También preocupa la actuación violenta de actores no estatales contra manifestantes.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas considera que es necesario reforzar los métodos de gestión democrática de la protesta en el país para hacer efectivo el goce del derecho de reunión pacífica.  Este derecho debe ser protegido de manera proactiva por el Estado, incluso contra terceros.

La Oficina observó que también que hubieron situaciones de uso de la violencia contra la fuerza pública y situaciones de vandalismo. Al respecto es importante recalcar que los actos aislados de violencia deben ser individualizados, y que, según el derecho internacional estos actos aislados de violencia no bastan para tachar a toda una reunión de no pacífica. La Oficina Derechos Humanos de la ONU en Colombiacondena todo acto de violencia cometido durante las protestas, incluyendo la que provino por algunos participantes en las protestas y grupos violentos que a veces trataron de infiltrar la protesta vulnerando el derecho a la reunión pacífica. Reconocemos la obligación de las autoridades de investigar los delitos cometidos en ese contexto respetando las garantías del debido proceso.

Consideramos que durante las protestas el diálogo fue el instrumento más efectivo para examinar los reclamos de los manifestantes, para proteger derechos y des-escalar situaciones de violencia, incluyendo en respuesta a los bloqueos. Durante el paro también contribuimos a esclarecer la aplicación del marco legal internacional de los derechos humanos a la situaciones de bloqueo. Durante el paro, la Oficina documentó casos de uso de la fuerza para levantar bloqueos sin que se hayan agotado las vías del diálogo o en casos en los que no habían causado perturbaciones graves y sostenidas. También documentamos los efectos de algunos bloqueos sobre el goce de derechos humanos.

Colombia goza de un marco legal robusto para la protección del derecho de reunión pacífica. Se beneficia también de importantes sentencias judiciales que guían al Estado en la debida aplicación de este derecho. A futuro, este derecho se vería reforzado si el Estado aplica una moderación significativa al recurrir a la dispersión de las manifestaciones y si en última instancia se justifica la decisión de dispersar, el uso de la fuerza debe ser un último recurso y debe observar normas internacionales de uso de la fuerza. El diálogo debe convertirse en la base de la gestión de las manifestaciones. Este requiere un ajuste en prácticas institucionales de gestión de las manifestaciones en Colombia.

La Oficina Derechos Humanos de la ONU en Colombiaconsidera que sería útil que las fuerzas de seguridad y los órganos competentes del Estado revisen los protocolos y procedimientos de uso de la fuerza y dispersión en el marco de las protestas y su efectivo cumplimiento para asegurar que no se repitan instancias de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, incluyendo a través de armas menos letales, en línea con la histórica decisión de la Corte Suprema del 22 de septiembre de 2020. Saludamos la creación de la Dirección de Derechos humanos de la policía que puede impulsar estos estudios.

Saludamos la política de cero tolerancia anunciada por el Gobierno y su compromiso que las investigaciones de los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas de seguridad se lleven a cabo en la jurisdicción ordinaria, conforme a las normas y estándares internacionales. Alentamos al estado a seguir avanzando y ampliando las investigaciones en curso. Consideramos necesario seguir reforzando la investigación de los crímenes cometidos por terceros contra manifestantes, incluyendo actos de racismo, así como las investigaciones disciplinarias en los casos de estigmatización y/o ataques en contra de manifestantes, de personas impulsoras de procesos de diálogo, de periodistas, ciudadanos-periodistas y defensores de derechos humanos. Es importante que estos actos no queden impunes para reforzar el estado de derecho en el país.

Junto con la CIDH, nuestra oficina alienta al Estado a impulsar un debate amplio en la sociedad sobre los aspectos a reformar dentro de la policía, incluyendo los mecanismos de control y de rendición de cuentas. Lo hemos dicho anteriormente, dentro de este debate se debe valorar la pertinencia de transferir la policía a un Ministerio de autoridad civil, para reforzar el carácter civilista de la institución y promover un enfoque de derechos humanos en la seguridad ciudadana. Saludamos las discusiones del Gobierno con países como Alemania que a través de la asistencia técnica buscan reforzar en el enfoque de servidores públicos de la policía, restaurar la confianza con la ciudadanía y desarrollar técnicas democráticas de gestión de las manifestaciones con un enfoque sobre la garantía del derecho a la reunión pacífica.

Creemos que es necesario avanzar en procesos de reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, incluyendo a las víctimas de violencia sexual y de género, las personas que ahora viven con lesiones graves sean físicas o psicológicas. Es importante que se promuevan medidas colectivas de reconocimiento y memoria para las víctimas que contribuyan a la no-repetición.

Finalmente, la Oficina Derechos Humanos de la ONU en Colombiadesea volver a señalar que la desigualdad en Colombia fue la principal causa de la movilización ciudadana y que por ello las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas al país en 2017 recobran particular importancia, entre ellas las de: incrementar sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad; intensificar los esfuerzos para asignar recursos suficientes al sector de salud y redoblar sus esfuerzos para asegurar la accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad y calidad de la atención de salud.  En el caso de adelantar una reforma tributaria, se debería “garantizar que esta sea redistributiva y socialmente justa con el objeto de combatir los altos índices de desigualdad y aumentar la disponibilidad de recursos destinados a la implementación de los derechos económicos, sociales y culturales”.

La Oficina Derechos Humanos de la ONU en Colombiaconfía en que esta audiencia sirva para que sociedad civil y el Gobierno de Colombia puedan retomar la implementación de las principales recomendaciones de la CIDH para que no se vuelvan a repetir las violaciones a los derechos humanos documentados por ambos organismos. Quedamos a disposición del Gobierno, de las instituciones del Estado, de la Sociedad Civil para brindar asesoría técnica que permita reforzar el respeto al derecho a la reunión pacífica en todo el país.

Muchas gracias