Quiero iniciar hoy recordando que apenas dos semanas después del Foro Lidera la Vida que se realizó en Puerto Asís, Marco Rivadeneira, líder social e histórico defensor de derechos humanos del Departamento de Putumayo, a quien conocíamos bien, fue secuestrado durante una reunión campesina y posteriormente asesinado el 19 de marzo.
La crisis generada por el COVID 19 obliga a los Estados a proteger con mayor ahínco los derechos de las personas, reduciendo las brechas históricas en temas sociales y económicos. Y es en este momento, en que el papel desarrollado por las defensoras y defensores de derechos humanos como Marco Rivadeneira resulta fundamental e irremplazable.
Nosotros en distintas oportunidades hemos reiterado “que cualquier ataque contra los defensores y defensoras de derechos humanos es inaceptable y constituye un ataque en contra de la democracia, menoscabando la participación y el acceso de las personas a sus derechos humanos”.
De acuerdo con la información recibida, en lo corrido del año han sido asesinados 22 defensores de los cuales 4 defensoras, tenemos 38 casos más a los que estamos dando seguimiento y muchos otros han sido amenazados. Por otro lado, de acuerdo a los datos de la UNVMC, desde el inicio del año 23 ex combatientes de las FARC-EP han sido asesinados. Como lo mencionó recientemente el Portavoz de la Alta Comisionada, En el Departamento del Cauca, la cifra de asesinatos de líderes y lideresas llega a 7 y 10 más en verificación en 5 meses, por el “número creciente de actores armados y grupos criminales [que] luchan por el control de economías ilegales y estarían detrás de la mayoría de [los] ataques que han aumentado” durante el período de aislamiento.
En el caso de los Defensores de DDHH, genera una alarma que un número importante de los hechos que se registraron durante el período de cuarentena, sucediera en sus lugares de residencia, lo que puede indicar que quienes ejecutan estas acciones violentas se aprovechan inclusive de la situación de “aislamiento obligatorio” para ubicar a los defensores y defensoras y atacarlos. Esta situación aumenta los niveles de riesgo de líderes, lideresas, defensores y defensoras de DDHH.
La Alta Comisionada, el 24 de abril, recordó que “El Estado no puede escatimar esfuerzos para protegerlos (a los y las Defensores) a través de políticas, medidas y acciones que les garanticen respeto a su vida digna y a su labor.”
Haciendo eco a la solicitud elevada por la Alta Comisionada insistimos “a todos los involucrados en esta violencia cesar las confrontaciones, en línea con el Secretario General de la ONU llamamos a un cese del fuego a nivel global, para que las medidas para prevenir la difusión del contagio del COVID 19 puedan ser implementadas de forma apropiada”.
Reitera esta Oficina el llamado al Gobierno aumentar las acciones de prevención y protección de los Defensores y defensoras de derechos humanos y a llevar a cabo investigaciones prontas, independientes e imparciales independientes y a que los perpetradores sean sancionados.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2020/05/Mesa-por-la-Proteccion-a-la-Vida-defensoras-y-defensores1.pdf
