Estimado Procurador General de la Nación, estimadas y estimados altos funcionarios del Gobierno Nacional, Congresistas, Defensor del Pueblo, Contralor General, autoridades departamentales y municipales, autoridades étnicas, líderes y lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, señoras y señores.
Señor Procurador, permítame reconocer y agradecer el trabajo de coordinación que se ha realizado por parte de todos los que hoy asisten para el desarrollo de esta jornada.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, en el marco de su mandato y del contexto actual de la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, continúa haciendo seguimiento de la situación de los derechos humanos en todo el territorio nacional y cuenta con cuatro (4) oficinas – en Cali, Medellín Pasto y Quibdó –que enfocan su trabajo en todo el litoral pacífico.
La región del pacífico priorizada para este dialogo está conformada por los municipios ubicados en la costa pacífico de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, e incluye municipio del Litoral del San Juan en Choco; su población es mayoritariamente étnica, perteneciente a pueblos indígenas (Awá, Eperara Siapidara, Wounan, Embera y Nasa), comunidades negras y población afrocolombiana.
En el contexto del COVID-19, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha resaltado la precaria situación en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de la población de la región, en particular los derechos a la salud, la educación, la alimentación, un nivel de vida adecuado, al trabajo y al disfrute de los derechos colectivos, incluido el derecho a la participación y a la consulta previa, libre e informada.
Como ya ha sido documentado por Defensoría del Pueblo, en su Resolución Defensorial 071 de 2019, las comunidades de la región viven en medio de la violencia generada por grupos armados ilegales que luchan por el control territorial, social y de las economías ilegales del narcotráfico y la minería. En este sentido, las medidas de prevención y protección estatal de carácter individual y colectivo deben ser reforzadas, a través de un esfuerzo de coordinación y armonía entre las autoridades del nivel nacional y territorial
Con la idea de establecer un diálogo para la construcción de una agenda integral de trabajo, me permito entonces presentar algunas recomendaciones:
- Incluir el enfoque basado en derechos humanos, siguiendo los estándares internacionales ratificados por el Estado colombiano, promoviendo la participación de las organizaciones sociales y las comunidades, a través de sus autoridades étnico-territoriales, en la formulación e implementación de políticas, proyectos y planes que afecten su vida y sus territorios.
- Resalta los principios constitucionales de concurrencia y subsidiaridad, que responden a la protección de la autonomía de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, y que permitirán que las autoridades nacionales, de manera coordinada con las autoridades territoriales, construyan de manera participativa, políticas públicas de forma inmediata, que respondan a la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia.
- Fortalecer los enfoques diferenciales (étnico, género y territorial) recogiendo plenamente los planes de vida y planes de etno-desarrollo de los pueblos étnicos, poniendo especial atención a la garantía de los DESC.
- Garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades negras y afrocolombianas en función del fortalecimiento de su autonomía y gobierno propio.
- Fortalecer e implementar rutas de prevención y atención de las violencias basadas en género en la región, así como garantías de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, jóvenes y niñas.
- Garantizar la labor de las y los defensores de derechos humanos de la región pacífico a través de la coordinación interinstitucional que se desarrolla en el marco las Mesas Territoriales de Garantías. Animamos a fortalecer las Mesas de Garantías del Cauca y Valle del Cauca y a ojalá reactivar las Mesas de Chocó y Nariño.
- Robustecer la institucionalidad del sector judicial y del Ministerio Público, y fortalecer la Jurisdicción Especial Indígena, así como la coordinación entre ambos sistemas y el impulso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
- Fortalecer la labor preventiva de las autoridades competentes en la lucha contra la corrupción de tal manera que el uso de los recursos destinados a la región del pacífico sea correctamente ejecutado en beneficio de las comunidades.
Para acompañar su implementación y seguir construyendo una agenda de paz y derechos humanos cuenten con el apoyo sostenido de la Oficina. Parto de Colombia con la esperanza y la confianza que de esta reunión salgan compromisos claros y rutas de implementación definida. El Pacífico es sin duda una de las regiones más fascinantes del país y su población merece gozar de sus derechos.
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2020/07/intervencion-dialogo-por-el-pacifico.pdf
