Honorables Senadoras y Senadores de la Comisión de Paz del Senado; Ministra del Interior; Ministro de Defensa, Comandante de las Fuerzas Militares, Alto Comisionado para la Paz, Defensor del Pueblo, Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Gobernador de Norte de Santander, señoras/es alcaldes, miembros de la comunidad internacional, organizaciones de la sociedad civil; señoras y señores.
Me gustaría iniciar mi intervención agradeciendo la invitación a esta Audiencia pública a la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta Oficina, reitera su firme compromiso por acompañar los esfuerzos institucionales desde el Estado y la sociedad civil tendientes a la construcción de un clima de paz y reconciliación, libre de violencia y respetuoso de los derechos humanos en el departamento de Norte de Santander.
La Oficina, en el marco de su mandato, tiene presencia territorial en la ciudad de Cúcuta, desde donde damos seguimiento permanente a la situación de derechos humanos en el departamento, prestando asesoría técnica a las autoridades, pueblos étnicos y a la sociedad civil organizada con el fin de promover el pleno disfrute de derechos humanos.
Permítanme destacar que hoy las comunidades campesinas, las autoridades indígenas y sus procesos organizativos y liderazgos enfrentan un desafío que se suma a los anteriores: ¿cómo lograr implementar el aislamiento para contener la expansión del COVID-19 en medio de la violencia proveniente de la acción de grupos armados y su combate, así como de la vigencia de profundas causas estructurales que limitan el acceso a derechos de las comunidades?. Esto motivó la solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas, para promover un cese al fuego de hostilidades mundial. El reciente informe No. 018-20, del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, nos plantea la magnitud del riesgo de las comunidades en este contexto.
Basados en nuestro seguimiento, deseamos compartir nuestra preocupación por los altos índices de violencia y afectaciones por el conflicto armado que persisten en esta región.
Estamos muy preocupados por la situación actual de orden público y acceso a derechos en el corredor fronterizo con Tibú, Cúcuta y su área metropolitana, donde hemos recibido información de la comisión de cuatro homicidios múltiples, actos sin precedente en años recientes.
Quisiera referirme a la masacre perpetratada el 18 de julio en la vereda de Totumito Carboneras de Tibú, que costó la vida de 8 personas, y que generó el desplazamiento de al menos 844 personas. Nos preocupa tanto las garantías de retorno de estas personas como la seguridad en los lugares de refugio. El 27 de agosto, se produce en las cercanías de los refugios el homicidio del Jhoni Alexander Ortíz, una de las personas desplazadas, dos días después de que nuestra oficina visitara a estas familias.
A lo largo de este año nuestra Oficina ha documentado en Norte de Santander cinco (5) eventos de desplazamiento masivo con al menos 477 personas desplazadas en razón del conflicto armado interno; 19 víctimas de minas antipersonales; 12 casos de homicidios de personas que defendían los derechos de sus comunidades y la privación de la libertad de Juan de Jesús Peinado Mora, líder comunal y miembro del Movimiento por la Constituyente Popular (MCP), por quien pedimos se respete su vida, integridad física e instamos a su inmediata liberación. La mayor parte de estas situaciones se han registrado durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio.
Es oportuno aquí reiterar nuestro reconocimiento a la labor fundamental de quienes defienden los derechos humanos, aliados esenciales para avanzar en el objetivo compartido con el Estado de lograr un efectivo disfrute de los derechos de todas las personas y mecanismos clave para la protección de las comunidades que habitan.
También es oportuno reconocer la iniciativa de esta Comisión de promover espacios de diálogo con las comunidades, como lo es esta audiencia, y a generar acciones encaminadas a reconocer las labores de defensa de derechos que las y los defensores realizan cada día.
La Oficina se encuentra en seguimiento de 4 casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida donde las autoridades competemtes investigan la posible participación de miembros de la fuerza pública. Como es conocido, conforme a los estándares internacionales, solo las cortes de justicia civiles tienen competencia para investigar casos de presuntas violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Es fundamental que estas investigaciones permitan no solo determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, sino también establecer si la actuación de los agentes del Estado estuvo o no, de acuerdo a los estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza durante la conducción de hostilidades y en labores de mantenimiento del orden público y cumplimiento de la ley.
En un segundo lugar deseo compartir las principales preocupaciones sobre el acceso al derecho a un nivel de vida digno, las protestas en el marco de la erradicación y el derecho a la salud.
Para ello, comparto con ustedes algunos útiles para comprender los desafíos que presenta esta región para la realización de los DESCA. Según el DANE, el Índice de Pobreza Multidimensional en zona rural del Catatumbo fue, en 2018, del 74.48%. Cifra cuatro veces superior al promedio del resto del país.
La legitimidad de la lucha contra las drogas es indiscutible. El reto es hacerlo conforme a los estándares internacionales recopilados en las Directrices Internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas (2019) de Naciones Unidas, que señalan que los Estados deberían “desarrollar alternativas económicas específicas, viables y sostenibles para las personas y las comunidades que son particularmente vulnerables a la explotación en la economía de las drogas ilícitas” y “asegurar que las intervenciones estén debidamente secuenciadas para que la erradicación de los cultivos no se lleve a cabo hasta que los hogares de pequeños agricultores que dependen de las economías de los cultivos ilícitos para la producción de drogas hayan adoptado medios de vida alternativos viables y sostenibles.”
Las protestas pacíficas por parte de campesinos en territorios donde se realizan campañas de erradicación forzada deben ser analizadas en el marco las directrices citadas, que subrayan que “Toda persona tiene derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica. Esto incluye el derecho a planear, organizar, promover y anunciar marchas pacíficas, protestas y otros tipos de reuniones para expresar sus puntos de vista y abogar a favor o en contra de cambios en las leyes, políticas y prácticas de drogas.”
Dado que los derechos humanos, la protección de la salud y medio ambiente son interdependientes, las directrices señalan que los Estados deberían: “Establecer y hacer cumplir zonas de amortiguamiento que prohíban o regulen la aplicación de plaguicidas y otros productos químicos utilizados para la erradicación de cultivos ilícitos alrededor de sitios sensibles, incluidos los asentamientos humanos, las granjas y las fuentes de agua.”
Es nuestro mandato y objetivo promover que el fin legítimo de lucha contra las drogas incluya un enfoque de derechos humanos, capaz de mitigar el impacto desproporcionado que pueda tener sobre los derechos de esta población especialmente vulnerable.
A pesar de los impactos de la pandemia, consideramos de la mayor importancia redoblar los esfuerzos institucionales para alcanzar un cumplimiento progresivo de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales a fin de reducir estas brechas, y “No dejar a nadie atrás” tal y como recoge la agenda agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Nuestra Oficina proseguirá prestando su asistencia técnica para apoyar en el acceso y garantía de los derechos humanos.
Muchas gracias por su atención
https://hchr.hrev.org/wp-content/uploads/2020/08/Intervencion-Comision-de-Paz-del-Senado-se-agrava-crisis-en-el-Catatumbo.pdf
