Intervención de Juliette De Rivero en Audiencia «Del Territorio al Capitolio”. Cámara de Representantes

Intervención de Juliette De Rivero, Representante en Colombia del

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la

Audiencia del 1° de junio de 2023 “Del Territorio al Capitolio”.

Cámara de Representantes

Congreso de la República de Colombia

 

• La riqueza más grande que tiene Colombia es su capacidad organizativa en los territorios. Este tejido social –que es como un patrimonio cultural del país- es un ejemplo para el mundo.

 

• Este recurso, que existe en los territorios – ha servido para proteger la vida, la dignidad, la memoria, la cultura, la tierra y el medio ambiente, frente al conflicto armado interno, contra las violaciones de los derechos humanos, la marginación, la discriminación, el despojo y la injusticia.

 

• Un defensor de COPSOC que estuvo en la audiencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en el Departamento de Córdoba la semana pasada dijo “la riqueza del tejido social ha contenido el avance de la guerra”.

 

• Históricamente ha sido así –históricamente son las buscadoras quienes han frenado las desapariciones y quienes han encontrado a los desaparecidos– históricamente son las mujeres defensoras de derechos humanos –quienes luchan contra el reclutamiento infantil– el flagelo que más impacta hoy a las comunidades. Históricamente, han sido los pueblos indígenas y afros y los campesinos organizados quienes han defendido y recuperado la tierra. Los avances en la justicia en Colombia son el resultado de décadas de luchas de los movimientos sociales, territoriales y de derechos humanos.

 

• La resiliencia de los territorios y la gran capacidad de propuesta que tienen las lideresas sociales y los líderes, las personas defensoras de derechos humanos y sus comunidades: no tiene igual en el mundo.
• Frente a la debilidad del Estado en los territorios más afectados por el conflicto y la violencia, el recurso más valioso que tiene Colombia hoy es su gente y sus organizaciones.

 

• Esto lo saben los grupos armados –por ello tratan de destruir esta capacidad organizativa de los pueblos-. No es un secreto que quienes matan a defensoras y defensores de derechos humanos hoy en el país son los grupos armados. Atacan a las lideresas y líderes de movimientos sociales, territoriales, miembros de juntas de acción comunal, autoridades indígenas y afros.

 

• Hoy más que nunca los grupos están implementando estrategias deliberadas para desarticular la capacidad organizativa de los territorios, para suplantar la voz de los pueblos y así darse una legitimidad de la que no gozan. El único interés que tienen es la ganancia. Y único el método de presión que tienen es la violencia y el control social.

 

• Los grupos  frenan la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios -algunos incluso cuestionan su valor-.

 

• Pese a lo anterior, reiteramos nuestro llamado al Estado para fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, apoyamos también la propuesta del Gobierno de “paz total”. En el mismo sentido, El Presidente Petro reactivó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y ya registró algunos avances hacia la adopción de los lineamientos de política pública de Desmantelamiento de Conductas y Organizaciones Criminales. Según las buenas prácticas identificadas por la Oficina, el desmantelamiento debe orientarse hacia los factores que facilitan el fenómeno criminal. Estas prácticas recomiendan la aplicación simultánea de cinco medidas, que corresponden con obligaciones internacionales del Estado en derechos humanos: inversión social, fortalecimiento de la justicia, lucha contra la corrupción, afectación al patrimonio criminal y sometimiento a la justicia. En el marco de esta última medida, debe incluirse la reparación a víctimas y exponer la red criminal.

 

• La nueva política de seguridad humana del Gobierno –que reconoce la mutación del conflicto “en particular por la falta de copamiento territorial del Estado en las zonas de presencia de las extinta guerrilla de las FARC-EP”-; que reconoce la gravedad de la situación humanitaria en las zonas rurales y más aisladas del país y la situación en los entornos urbanos; además del impacto nefasto sobre el medio ambiente; señala el impacto profundo y negativo de la estrategia de grupos armados sobre la democracia participativa y representativa en los territorios.

 

• ONU Derechos Humanos continúa denunciando estas prácticas y se solidariza con quienes defienden los derechos humanos en contextos de extrema violencia. Nuestro objetivo es buscar caminos para fortalecer sus capacidades y recomendarle al Estado y al Gobierno medidas eficaces que permitan consolidar la relación del Estado con la ciudadanía, a través del fortalecimiento de la sociedad civil en los territorios. Recomendamos que se formalice el diálogo entre el Gobierno y las comunidades en los territorios, en torno a la garantía de derechos, la paz y la seguridad. No podemos predecir como finalizarán las negociaciones con los grupos armados, pero si podemos asegurar que una relación estrecha de diálogo formal entre el Estado y la sociedad civil que habita los territorios fortalezca la construcción de la paz y la defensa de la vida.

 

• La paz se construye empoderando a los movimientos sociales y territoriales –que conocen la realidad del territorio. Por todo lo anterior hemos propuesto al Presidente Petro la creación de un diálogo formal y permanente con los territorios– que sea independiente de los procesos de negociación con grupos armados y donde los territorios organizados puedan dialogar temas amplios de derechos humanos, paz y seguridad directamente con el Estado.

 

• Esta propuesta buscar fortalecer la implementación de la política de seguridad humana adoptada por el Gobierno, que tiene como propósito principal la protección de la vida, recuperando la confianza en las instituciones.

 

 

• La nueva política de seguridad humana adoptada por el Gobierno reconoce “que la seguridad ha dejado de ser un tema exclusivamente militar y policial, y que, por el contrario, es un asunto fundamentalmente político, que concierne a toda la sociedad”. El Gobierno afirma que “se requiere la participación de muchos sectores para reconocer y articular diversas lecturas de la compleja problemática de seguridad”.

 

• Un diálogo formal y permanente con los territorios serviría como espacio de intercambio y veeduría del nuevo enfoque de seguridad. Y contribuiría a través de la participación y el diálogo a promover una mejor articulación del conjunto de instituciones del Estado para promover la paz y la seguridad en los territorios, incluyendo Gobernadores, alcaldes -sus administraciones locales-, y las autoridades étnicas.

 

• Saludamos la nueva política de seguridad del Estado que reconoce además la falta de escucha histórica del Gobierno Nacional y las autoridades territoriales de las lecturas y recomendaciones en materia de seguridad territorial de los sectores sociales y comunitarios.

 

• Es tiempo de corregir esta situación. Los diálogos formales con los territorios no pueden depender de los diálogos con actores armados. Se puede reforzar la participación en los diálogos con actores armados, pero también debe existir un espacio independiente de relacionamiento entre el Estado y los territorios –sin presencia de actores armados– donde se construya una nueva relación entre el Estado y los territorios históricamente marginados y donde se haga veeduría del accionar del Estado.

 

• La nueva política del Gobierno busca proteger la vida precisamente a través de la participación y la construcción de la confianza. Un diálogo formal permanente y estructurado con los territorios fortalecería la propuesta de la Paz Total y se inserta en su lógica.

 

• Un punto de partida para este diálogo formal podría ser la Mesa Nacional Humanitaria que ya reúne varios procesos territoriales y ya ha recogido propuestas de acción estatal desde las mesas humanitarias territoriales. Se podría ampliar el espacio a otras voces de los territorios que aún deben ser escuchadas y estructurar propuestas territoriales o sectoriales para consideración del Estado. En muchas regiones las condiciones para el diálogo seguro no existen, y probablemente no existirán en lo inmediato, por lo que se deberán definir formas y espacios de diálogo seguras. Además, es importante fortalecer los mecanismos de protección colectiva y de autoprotección con la que cuentan las organizaciones territoriales.

 

• Sea cual sea el formato, las Naciones Unidas se ponen a disposición para ayudar a articular un espacio de este tipo entre el Estado y los territorios, para garantizar la independencia y fortalecimiento de las organizaciones territoriales y para tejer confianza y soluciones para los territorios.

 

• Esta propuesta nace de las y los defensores de derechos humanos con las que conversamos diariamente en los territorios y quienes han sido los principales defensores de la paz en Colombia.